Opinion | 01 Nov Pese a obtener poco más de un millón de votos en las elecciones del domingo, no alcanzó el 50 por ciento más uno de los sufragios la papeleta por la reforma constitucional de rebaja de la edad de imputabilidad, lo que indica que no se tradujo en papeletas por el SI, como ya se vaticinaba, la opinión de la mayoría de la población uruguaya que de acuerdo a las encuestas apoyaba las modificaciones a la Carta Magna bajo la premisa de abatir los índices de criminalidad en el país protagonizados por menores de edad.
Hay una serie de aspectos a considerar en cuanto a esta propuesta de reforma, por cuanto sería en extremo simplista y desencajado de la realidad el trazar una línea y considerar que lo que se dio fue un rechazo tajante de la ciudadanía a la propuesta de someter a los menores a partir de 16 años a un régimen más severo y habilitar establecimientos especiales, fuera del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para la contención y rehabilitación de los menores infractores que cometan delitos graves, incluyendo homicidios rapiñas y violaciones, entre otros.
A juicio de la mayoría de los especialistas en derecho, una reforma constitucional de estas características podría juzgarse como innecesaria, por cuanto a lo que se apuntaba era a incluir normas de rango constitucional que podían perfectamente plasmarse a través de una ley y en suma, subrayaban que muchos elementos planteados en la reforma ya estaban contemplados en la legislación, por lo que de lo que se trataría lisa y llanamente es de efectivamente aplicar las normas vigentes.
Pero más allá de los aportes de los técnicos, hay una realidad que no puede soslayarse, y es que con o sin ley la impunidad es el común denominador para un escenario que vivimos y sufrimos en mayor o menor medida todos los uruguayos, que se traduce en que se borran por ejemplo los antecedentes penales al cumplir la mayoría de edad a menores que son verdaderos asesinos y que son devueltos a la sociedad sin rehabilitar y peor aún, cuando se han “perfeccionado” en la senda del delito.
Igualmente, hay serias dificultades de la Policía para prevenir y mucho más aún para reprimir a los menores “infractores”, que son liberados por los jueces aún antes de que la Policía abandone los juzgados, porque el llamado a responsabilidad a los padres es una excepción, como así también las tareas comunitarias para quienes roban o cometen actos vandálicos, arrojan piedras a vehículos y destrozan bienes de la comunidad. Y pese a lo que diga la ley, la impunidad se ha extendido, al punto además de que hay barrios enteros a los que la Policía no puede entrar porque es apedreada y/o insultada, y sin embargo no hay norma que se aplique a quienes son parte de esta vida al margen de la ley y el orden.
Y si bien la reforma constitucional iba a agregar poco a lo que está establecido en la ley y no se cumple –porque muchas veces también se viola la Constitución impunemente-- siempre dijimos que se trataba más bien de un mensaje directo al sistema político, y sobre todo al gobierno del Frente Amplio. Y el mensaje fue contundente, porque casi la mitad de la ciudadanía se manifestó a favor del cambio; un 47% de los votantes, más que la suma de toda la oposición.
El gobierno debió darse un baño de realidad, precisamente, y el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con luces y sombras en su gestión, igualmente le dio un giro distinto a la visión oficial sobre las causas y respuestas ante la delincuencia. Es así que ha apuntado a reforzar el equipamiento y logística de la policía, porque asumió que hay un núcleo duro de delincuencia que poco y nada tiene que ver con situación social y necesidades insatisfechas, y que no hay políticas sociales que puedan con grupos que son un verdadero azote para la tranquilidad pública en cualquier situación y estado de cosas. Lo importante es que por más que tanto el Frente Amplio como sectores de la oposición adversos a la reforma constitucional no ensobraron con las hojas de votación las papeletas por el SI, igualmente muchísimos uruguayos tuvieron la disposición de hacerse de la papeleta en el cuarto de votación, alcanzando un 47 por ciento de voluntades por la reforma.
Este es precisamente el objetivo principal, el mensaje, más allá del instrumento que se utilice para responder a los genuinos reclamos de la población agredida, y un ejemplo de reconocimiento a este clamor lo ha manifestado en las últimas horas la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira, cuando consideró que “tenemos una mirada preocupada sobre la cantidad de votos que la reforma constitucional obtuvo. Fueron muchos y dicen algo”. Por supuesto que dicen algo: que los uruguayos estamos hartos de que nos roben, nos agredan, nos maten y nadie haga algo valedero al respecto desde el Estado; que queremos respuestas antes que excusas, cuando todos sabemos que lo irreparable no espera y que para muchas familias el mundo se les ha derrumbado ante la pérdida de seres queridos a manos de los antisociales con los que se tiene una y mil contemplaciones.