Opinion | 06 Nov Todavía está en marcha el proceso eleccionario en nuestro país, con el balotaje del 30 de noviembre pendiente, y sin dudas en esta instancia hay temas que apenas se rozan, con eslóganes o salidas de ocasión, con imprecisiones debido a que involucran aspectos socioeconómicos tan importantes como controvertidos, porque a priori no hay salidas simpáticas y que por el contrario, toda decisión que se tome tendrá su costo.
También lo tendría, naturalmente, en cuanto a votos, porque requiere asumir realidades y diseñar correctivos que en todos los casos, de no contarse con un mar de recursos que por supuesto no se tienen siquiera ocasionalmente, afectarán de una manera u otra la calidad de vida de amplios sectores de la población.
Es que Uruguay no escapa a una realidad mundial de sistemático envejecimiento poblacional, que se da marcadamente sobre todo en los países desarrollados pero que también comprende a naciones como la nuestra, algo que tiene sus aspectos positivos y negativos.
Si bien es indudable que el ser humano vive más tiempo y a la vez goza de mejor calidad de vida que en décadas no muy lejanas, se plantean a la vez desafíos cada vez más cercanos, porque hay que afectar crecientes recursos a los organismos previsionales y asistenciales para atender requerimientos inherentes a la edad avanzada.
En los últimos años se ha instrumentado un conjunto de normas que mejoraron la cobertura formal, así como la reforma de la salud que estimuló la formalización y la mejora en los mecanismos de recaudación del Banco de Previsión Social (BPS) y del conjunto del sistema impositivo, con fuerte impacto en mejorar la ecuación de equilibrio del sistema de jubilaciones y pensiones.
El esquema previsional, en toda su complejidad y sobre todo en lo que refiere a su salud financiera, está directamente vinculado a la realidad socioeconómica, como es el aumento de salarios, producto del crecimiento económico que generó una mejora significativa de las jubilaciones y pensiones. Adicionalmente, mecanismos como las primas por edad y las revaluaciones diferenciales que favorecían a los jubilados y pensionistas de más bajos ingresos mejoraron la suficiencia de jubilaciones y pensiones. Igualmente, más tarde o más temprano, asoman los problemas, y ello deriva de que no estamos ante una situación rígida, sino muy cambiante, porque inciden factores coyunturales que en pocos años replantean realidades y con ellas parámetros diferentes, aunque igualmente se sostienen determinada tendencias.
El envejecimiento de la población continúa siendo un desafío para la estabilidad financiera del sistema. Precisamente la tendencia indica que la relación de dependencia irá en aumento en los próximos años y de no aumentar fuertemente la productividad habrá que apelar al menos a reformas en paramétricas, que entre otras podría involucrar el modificar la edad de retiro y/o los años de trabajo exigidos para poder jubilarse.
En este contexto, la favorable coyuntura económica ya ha permitido en los últimos años la flexibilización del acceso a jubilaciones y pensiones que ha involucrado desde el año 2007 aumentar los niveles de cobertura con una edad de retiro de 60 años y 30 años de actividad.
Pero, con todo lo positivo y simpático que resulte para los sectores favorecidos, estamos ante un ingrediente que contribuye a alimentar las dudas sobre si la ecuación financiera será sostenible en el mediano y largo plazo sin volver a alterar algunos de los parámetros jubilatorios. Precisamente, el ajuste de pasividades según evolución del Índice Medio de Salarios no puede ser modificado a no ser que se reforme la Constitución, y los parámetros disponibles para modificar son la edad de retiro, los años de aportes y las tasas de reemplazo, lo que no resulta para nada atractivo para el sector de activos que aspiran a una mejor jubilación, naturalmente.
A este escenario incluso se ha referido en más de una oportunidad el presidente José Mujica, quien ha mencionado el “fardo” que se legará a las próximas generaciones para sostener este esquema, a no ser que se introduzcan reformas que por cierto no serán simpáticas.
Las alternativas que podrían intentarse aisladamente o combinadas no son positivas para los directamente afectados, y afectaría a las próximas generaciones, teniendo en cuenta además que el actual sistema, a pesar de ser mixto, en su componente de reparto encubre muy fuertes transferencias de rentas generales ya sea vía impuestos afectados o mediante recursos para cubrir el déficit (combinadas representan el 40% del gasto).
Y aunque se ha mejorado en los últimos años, no es verdad que el sistema sea autosostenible, puesto que para que los números apenas cierren necesita de buena parte de lo que se recauda por el Impuesto al Valor Agregado que se recauda en todo el país, y en cierta medida este es uno de los motivos por el cual el Uruguay tiene un IVA tan alto, que castiga mayormente a los sectores más vulnerables. Aun así, se seguirá tirando sin mayores sobresaltos mientras tengamos un escenario favorable por el aumento de la actividad interna ante la favorable coyuntura internacional.
Se infiere que este sistema provisional e infraestructura de apoyo a la tercera edad es muy dependiente de la coyuntura, y que requiere correctivos cercanos en el tiempo para su instrumentación, de forma de intentar hacer las cosas con tiempo y tener algún margen de maniobra, previa concientización de los actores involucrados, con la búsqueda de consenso en el sistema político, lo que no ocurre cuando las cosas se nos vienen encima y hay que salir desesperadamente a apagar incendios.