Nacionales | 02 Nov El Sindicato Policial manifestó que el Ministerio del Interior (MI) incurrió en un “abuso de poder y tráfico de influencias” al evitar la detención de los dos custodios del presidente José Mujica que se enfrentaron con un policía. La investigación abierta no ofrece “ningún tipo de garantías” sobre el uniformado, que actuó en cumplimiento de la ley, aunque para las autoridades pasara a ser el “violador del orden público”, sostuvo el sindicato. En tanto, el MI anunció la apertura de una investigación administrativa sobre lo que ocurrió el pasado 19 de octubre, mientras de desarrollaba el acto final del Movimiento de Participación Popular (MPP) en la Plaza Mártires. Dos personas que se identificaron como custodias del mandatario interrumpieron el avance de un ómnibus e insultaron a un policía que viajaba en él, que los llevó detenidos luego de intervenir para que transporte pudiera avanzar, según trascendió. Los custodias se comunicaron con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera y éste al jefe de Policía, Mario Layera, que le ordenó al policía dejar en libertad a los detenidos.
Según informó El Espectador, un comunicado de la DNP identificó como “civiles” a estas dos personas, y ordenó la investigación “con la finalidad de dirimir las eventuales responsabilidades de todos los participantes en los hechos de mención”, que abarca a personal policial en actividad y retirado “por expresiones vertidas en redes sociales que afectan el honor del Jefe de Policía de Montevideo”. El MI respaldó a Layera al entender que “su actuar fue acertado, correcto y en cumplimiento a las normas señaladas en la Ley de Procedimiento Policial”. Se cumplió con el artículo 30, que señala que “en toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que se pretende inferir”.

LÍDER DEL PARTIDO URUGUAYO A PRISIÓN
El juez Homero Da costa hizo lugar al pedido de la fiscal Cristina González de enviar a la cárcel a Marcelo Fuentes, ex-candidato presidencial en las elecciones internas del partido Unión por el Cambio (ex Partido Uruguayo) por tenencia irregular de armas, informó El País.
La fiscal había solicitado a la Justicia el procesamiento con prisión de Fuentes, quien en la elección interna de junio se postuló a la presidencia por el partido Unión por el Cambio (UPC), colectividad política creada en 2012 inicialmente bajo el nombre de Partido Uruguayo. En la interna, el UPC obtuvo 320 votos, por lo que no pudo formar su convención ni presentarse en la elección nacional del pasado domingo 26 de octubre.
La Corte Electoral le había negado el permiso a presentarse en las elecciones por utilizar el nombre Partido Uruguayo y por considerar a la última dictadura (1973-1985) “como una opción necesaria o inevitable”.
Fuentes fue detenido el viernes junto a otro hombre acusado de tener un arsenal en su casa. En el marco de un allanamiento, ordenado por el juez penal Homero Da Costa, la Policía incautó más de 60 armas. En tanto, la fiscal González pidió el procesamiento con prisión de Fuentes por el delito de tenencia y porte irregular de armas, informó a su abogado defensor, Víctor Della Valle.

SEGÚN EQUIPOS,
SU ENCUESTA FALLÓ
EN EL INTERIOR
El director de la consultora Equipos, Ignacio Zuasnábar, señaló que la diferencia entre los números que su encuestadora le otorgó al Frente Amplio (FA) y los que finalmente obtuvo en las elecciones estuvo signada por una equivocada proyección de los votos que la coalición finalmente obtuvo en el Interior. La proyección realizada por Equipos de la votación del FA en Montevideo fue de 51,9% y el escrutinio primario mostró que tuvo el 53,5% de los sufragios (una diferencia de 1,6 puntos porcentuales). En tanto, en el Interior la proyección tuvo un margen de error de 6,2 puntos, ya que pronosticó 38% y el FA votó 44,2%, informó El Observador.
“El problema estuvo en el interior del país. Puede ser que en algunos lugares en los que hubo un predominio de los partidos tradicionales, ahora el voto frenteamplista sea un voto vergonzante”, sostuvo Zuasnábar. “En realidad no sabemos mucho lo que pasó. Lo que pasó es que la foto resultante de la elección del domingo, cuando se terminó el escrutinio, era bastante distinta o distinta a lo que nuestras proyecciones previas indicaban y eso generó una sorpresa”, agregó. “Estamos en estos días intentando saber qué pasó, buscando pistas, explicaciones. Nuestra responsabilidad es contar bien la realidad, y ahora la contamos con unos problemitas mayores que en otras oportunidades”, sostuvo. Las encuestas han demostrado que son herramientas valiosas para reflejar la opinión pública, pero que no tienen una precisión quirúrgica, consideró. En la proyección que realizó Equipos para las nacionales, el FA tenía 43,6% de los votos, el Partido Nacional 33,4% y el Partido Colorado 15,1%. Los números finales fueron 47,9% (FA), 30,8% (PN) y 12,9% (PC). “Una hipótesis que no se puede descartar, pero que no es la que estamos trabajando porque sería la más autocomplaciente, es que haya habido algún tipo de movimiento en el último minuto”, sentenció.

PI NO APOYARÁ A NINGÚN CANDIDATO PARA EL BALOTAJE
El Partido Independiente (PI) se reunió ayer en la Torre de los Profesionales para definir su postura en el balotaje del próximo 30 de noviembre, informó El País. En declaraciones a radio Monte Carlo, el electo senador para representar a su Partido en el Parlamento, Pablo Mieres, dijo que dejarán a los votantes en libertad de acción. Desde el PI “hay una mayoría muy clara” que sostiene que el Partido no aconseje el voto ni al Partido Nacional ni al Frente Amplio. Anunció además que en el balotaje votará en blanco. El PI pretende negociar con el próximo gobierno una plataforma que establece una regla fiscal en el Presupuesto, promover reformas de las empresas públicas, profesionalizar la gestión pública, diseñar una política exterior de apertura al mundo, recuperar la situación de la infraestructura, promover una reforma de la educación y mejorar el sistema de salud, profesionalizar la Policía, crear un sistema nacional de cuidados y un sistema de información accesible al ciudadano para el seguimiento de la gestión pública.