Presentarán denuncia penal

Policiales | 09 Nov El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) denunció la situación de más de veinte policías sanduceros que se encuentran bajo juntas médicas, sin seguimiento de su evolución sanitaria y desde hace al menos cinco años perciben un subsidio transitorio que ronda el 65% de su salario. El abogado del gremio estudia la posibilidad de iniciar acciones legales y que los profesionales del Hospital Policial brinden sus explicaciones ante la Justicia.
El vicepresidente a nivel nacional del SUPU, Alejandro Álvarez, aseguró a EL TELEGRAFO que tales hechos configuran una irregularidad. “Encontramos que están violando la Ley 18.405 que estipula un seguimiento de su situación sanitaria por el Hospital Policial que no se hizo, así como tampoco han sido reincorporados a sus funciones, ni recibieron capacitación para un nuevo servicio, porque si no pueden desempeñar tareas ejecutivas, que al menos sean administrativas. El policía afectado se encuentra cobrando el 65% de su salario y queda excluido del sistema y en esta situación tenemos a unos 25 efectivos en Paysandú y más de 500 en Uruguay”, informó.
Según el dirigente, la situación se reitera desde hace años “por problemas administrativos en la Jefatura y que hemos planteado al jefe, además de elevar las denuncias correspondientes a las autoridades ministeriales”.
Álvarez resaltó que los funcionarios afectados atraviesan por afecciones provocadas por estrés. “La Policía no tiene reconocido al estrés como una enfermedad laboral y a causa de eso no hay un seguimiento. En la actualidad un efectivo cumple ocho horas de trabajo pero anteriormente la jornada era más extensa, al igual que el 222. Al presentarse con un certificado médico por estrés, era visto por un psiquiatra en vez de un psicólogo, porque también se carece de este especialista. Entonces, el psiquiatra lo medicaba y eso provocaba un problema porque le sacaban el arma, iba a una junta médica, permanecía en tratamiento psiquiátrico y finalmente lo desvinculaban. Sin embargo, ese policía debió ser reincorporado a la función después del tratamiento y no lo hicieron”, aclaró.
En Paysandú hay efectivos que permanecen sin concurrir a trabajar desde hace cinco años. “La ley establece que durante tres años deben cobrar el subsidio, pero bajo un seguimiento de su patología cada tres meses y eso tampoco se hace. Eso provocó que un policía durante dos años no haya concurrido al Hospital Policial ni fuera visto por un especialista, por lo tanto, no pueden pasarlo a retiro. No obstante, tenemos casos que quieren cesarlos sin una evaluación sanitaria”, relató.
El dirigente reconoció que el actual jefe de Policía, Milton Rodríguez, “está tomando conocimiento del tema porque Paysandú es uno de los departamentos con mayor cantidad de policías en esta situación a raíz de diversos problemas internos ocurridos en la Jefatura durante los años 2008-2009”.
Álvarez adelantó que estudian “la posibilidad de enviar una protesta a la Caja Policial por violación de esta ley que rige desde 2009 y en su artículo 10 estipula la rescisión laboral y una nueva capacitación del funcionario. Hemos tenido casos de compañeros con problemas de salud en cumplimiento del servicio que han configurado otras patologías y eso se transforma en un problema salarial, familiar y sanitario”, reiteró.
Sostuvo que “en vez de ingresar a nuevos policías, ya contamos con efectivos de varios años que conocen su función y podemos capacitarlos. El grupo afectado tiene un promedio por encima de 30 años de edad, con más de 10 años de servicio, incluso se les ha cortado la carrera a agentes de segunda y agentes de primera que no lograron asistir a cursos y eso también lo establece la ley al señalar que no deben ser excluidos del pasaje de grado”. Según el directivo, “esos problemas emocionales han obligado a algunos a salir a buscar otros trabajos, cuando el Ministerio del Interior por intermedio de la Caja Policial tiene que insertarlos laboralmente” y adelantó que “el sindicato presentará una denuncia penal por la violación de la ley, donde los médicos de sanidad policial deberán comprobar si realmente hicieron un seguimiento a los funcionarios que cuentan con las altas médicas a cargo de psiquiatras a nivel departamental y que aún no han sido avalados por los profesionales del Hospital Policial”.