Opinion | 10 Nov Legítimamente, tras la intensa campaña desarrollada por la Comisión del No a la Baja de la edad de imputabilidad, que contó con el apoyo abierto de determinadas organizaciones sociales, e incluso ministerios como el Mides y la propia Universidad de la República --que debieron haber sido neutrales en tanto organismos del Estado en una convocatoria electoral en la que la ciudadanía debía decidir sin influencia de organismos que pagamos todos, por encima de ideologías-- cabe preguntarse cuál es la propuesta que queda pendiente a través de quienes se unieron para desestimar una iniciativa que, aún huérfana de un apoyo institucional de estas características, contó con más de un millón de votos de ciudadanos de todos los partidos.
Una pista sobre esta ausencia de alternativas ha sido más o menos reconocida en una entrevista que concedió al programa En Perspectiva de radio El Espectador la vocera de la comisión, la escribana Fabiana Goyeneche, --quien es además profesional funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas— al analizar que no se esperaba una votación por el SI de esta magnitud y que por lo tanto hay un mensaje que debe ser valorado.
La vocera de la Comisión No a la Baja dejó en claro que la discusión acerca de bajar la edad de imputabilidad penal “se tendría que dar por zanjada” luego de esta instancia. “Creo que estamos lejos de que el país haya quedado dividido por el plebiscito. Más bien todo lo contrario, se descartó esta propuesta como opción, la preocupación la tenemos todos”, dijo.
Se refirió así a que el domingo 26 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se plebiscitaba la reforma constitucional que, entre otras cosas, incluía la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos graves. La propuesta fracasó porque no llegó al 50% de los votos emitidos ese día.
Goyeneche dijo que “en buena medida esta iniciativa surge por una cierta visión que hay sobre la juventud en el Uruguay, o que había en su momento. Si bien no reducimos el tema –nunca lo hicimos– de la baja de la edad de imputabilidad a criminalizar la juventud o algo por el estilo, sí lo vemos muy entrelazado con cierta visión tal vez un poco estigmatizadora de la juventud. Por ejemplo, en muchas ocasiones vimos editoriales en la prensa que hablaban de la juventud, hablaban de los ni-ni y automáticamente se los relacionaba con el delito y con los menores infractores, cuando no hay una relación necesaria en absoluto”.
Nos permitimos discrepar con la profesional, dejando en claro que si bien para la aplicación de medidas de esta índole ya hay un cuerpo normativo que las contempla sin necesidad de una reforma constitucional, lo cierto es que la inseguridad que afecta a la población no ha surgido por generación espontánea, como así tampoco el hecho de que hay núcleos duros de menores que se saben impunes, que muchas veces se han tornado crueles delincuentes, y que no existen medidas efectivas de contención ni de rehabilitación, como preveía la norma constitucional a través de organismos especializados fuera del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
Es realmente un simplismo atribuir a quienes promovían la reforma el señalar que se “estigmatizaba” a los jóvenes, cuando de lo que se trata es de proteger a la población de los que sí son realmente peligrosos y que por sus correrías impunes son los que promueven por vía indirecta la “estigmatización” a que se refiere.
Y ya en cuanto a los resultados del plebiscito, sin dudas que con casi el 50 por ciento de los votantes colocando la papeleta por el Si a la Baja, pese a que varios sectores de los partidos tradicionales y el Frente Amplio no ensobraron la papeleta, la votación por la reforma atravesó linealmente a todos los partidos e incluso los integrantes de la comisión se sorprendieron por la gran cantidad de papeletas que los ciudadanos introdujeron por su cuenta, pese a votar a partidos del Frente Amplio.
Lo indicó Goyeneche en el reportaje al manifestar que “la votación fue muy importante. De hecho, nosotros esperábamos una votación significativa. No pusimos un número específico, tal vez superó un poco lo que esperábamos, pero sí creíamos que iba a haber una votación significativa y así fue. Creo que es parte del mensaje de que la gente está preocupada por la seguridad. En todo el proceso de trabajo mucha gente nos decía que no estaba de acuerdo con la baja o no veía en la reforma constitucional una solución, ni siquiera una herramienta eficaz, pero que quería dar una señal, `algo hay que hacer’. Creo que una de las frases más repetidas en todo el proceso fue ‘algo hay que hacer’”.
De eso se trata, precisamente, de que la ciudadanía se ha expresado a través de un mensaje claro, contundente, por encima incluso de partidos, y lo señaló la profesional cuando reconoció que “seguramente esta fue una forma de muchos uruguayos de enviar una señal de que quieren respuestas”.
Y por lo tanto, la discusión sobre el tema seguridad está lejos de estar terminada, y la discusión sobre minoridad infractora también. “Particularmente la discusión del plebiscito dejó sobre la mesa un montón de cuestiones que todavía tienen que ser resueltas”, dijo, lo que es una reflexión muy razonable, pero también queda pendiente el “mientras tanto”, porque la ciudadanía reclama con razón respuestas ya a la medida de este grave problema, y no seguir dándole largas con mensajes de ocasión de voceros del gobierno.
No es porque sí que la inseguridad representa uno de los fracasos más notorios de los dos últimos gobiernos, y tema de creciente insatisfacción y preocupación ciudadana, porque han sobrado las declaraciones, aclaraciones y evaluaciones del oficialismo pero faltado las respuestas, y hoy, tras el plebiscito, tampoco hay un camino claro y manifestación de voluntad de hacer algo contundente ante la preocupación ciudadana.