Opinion | 11 Nov A esta altura no puede ponerse en duda que una de las áreas en que Uruguay ha puesto de relieve una mejora sustancial en los últimos años, con un ritmo muy significativo en los últimos dos, refiere a la instrumentación de una política energética que le ha permitido impulsar inversiones en energías renovables, como la eólica y la fotovoltaica, al punto de situarlo en la vanguardia continental en cuanto al porcentaje de energías no fósiles en su matriz.
De acuerdo al informe Climascopio 2014, que elabora el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que evalúa la realidad del sector en América Latina y el Caribe, Uruguay --con 22.000 millones de dólares recibidos desde 2006-- es el tercer país de América Latina y el primero en proporción a su población como destino de inversiones para energías renovables y a nivel mundial es el sexto país más propicio para explotar ese rubro.
En los últimos años el país que ha recibido más inversiones en el sector energético es Brasil, con 96.000 millones de dólares, pero naturalmente, si tomamos en cuenta la equivalencia entre dólares y población, Uruguay fue el que ha captado mayor cantidad de recursos en relación con su población, lo que indica que proporcionalmente nos encontramos en mejor situación que el gigante norteño en esta materia.
Según el mismo informe, nuestro país ha llevado a cabo en forma satisfactoria una serie de licitaciones para contratos de suministro eléctrico a través de proyectos de energía limpia, en tanto Uruguay lideró el año pasado la recepción de inversiones para nuevos proyectos. Estos indicadores confirman en números que la transformación energética presenta un saldo positivo especialmente a partir de 2007, lo que fue refrendado a partir de un acuerdo interpartidario en 2010. Incluso actualmente están en curso varias iniciativas referidas a energías renovables no convencionales, así como la introducción del gas natural, la construcción de una central térmica de ciclo combinado, la planta de desulfurización de destilados y la interconexión con Brasil, a lo que se agrega la prospección de hidrocarburos en territorio nacional.
Estamos ante alternativas que incluyen tanto energías convencionales como renovables, con el común denominador de la búsqueda de la diversificación y la reducción de vulnerabilidades, lo que es positivo teniendo en cuenta el déficit de inversiones que habíamos tenido en las últimas décadas en esta materia.
La apuesta del Uruguay se ha centrado fundamentalmente en aumentar el porcentaje de energía eólica y en menor medida de la fotovoltaica, con algún problema en la disponibilidad de biomasa en emprendimientos de esta área, porque se debe transportar la materia prima desde largas distancias, a lo que se agregará la instalación de la planta gasífera de Sayago, como inversiones de mayor magnitud.
Es un esquema diversificado y por lo tanto conlleva ventajas, pero a la vez incluye desafíos adicionales en cuanto a la gestión, por cuanto el alto porcentaje de fuentes variables representará una mayor complejidad del sistema eléctrico.
De acuerdo a las previsiones gubernamentales, en 2016 Uruguay se colocará como líder mundial en la producción de energía eólica, teniendo en cuenta las previsiones de que ese año el 33% de la generación eléctrica total provenga del viento.
Un informe realizado por la consultora energética SEG Ingeniería señaló que de concretarse esa aspiración, Uruguay se convertirá en líder mundial en energía eólica, en términos del porcentaje de energía de este origen respecto al total de la energía eléctrica generada en el sistema. La consultora calculó que en 2016 se producirán unos 3,7 TWh/año (teravatios-hora al año) provenientes del viento, es decir con nuestro país por encima de Dinamarca, que cuenta con un 28 ciento.
Ello surge de la previsión de que en 2016 Uruguay contempla contar con 1.200 megavatios ese año, tomando en cuenta todos los parques que ya están adjudicados a privados o los de UTE que se encuentran en distintas etapas.
Debe tenerse presente, para no generar confusiones, que la disponibilidad de generación eólica, contrariamente a lo que ocurre con la hidráulica y la biomasa, por ejemplo, es significativamente inferior a la instalada, debido a las características del impulsor, es decir el viento, que es variable y no es aprovechable en cualquier condición.
Pero la proyección de UTE es que habiendo vientos se utilice el recurso eólico y se ahorre agua y cuando falte el viento se use esa agua disponible por el ahorro realizado.
Y ante la escasez de agua y viento se podrán utilizar las centrales térmicas que tendrán como fuente principal el gas natural (que se producirá en la planta regasificadora ubicada en Puntas de Sayago), como partes fundamentales del esquema energético interconectado y diversificado.
Precisamente según el informe del ente, cuando el sistema esté completamente desarrollado, con 1.200 megavatios de energía eólica conectados a la red, durante la madrugada, que es el período de menor consumo y habiendo buenos vientos, toda la demanda podrá ser abastecida por medio de los aerogeneradores.
Ocurre que en medio de visiones optimistas en cuanto a origen de generación y reducción de dependencia y menor vulnerabilidad ante el suministro de países vecinos, habrá un menor peso relativo de la generación más barata, que es la hidráulica, y lo que se mejore en potencia como contrapartida tendrá también un mayor costo de generación, posiblemente.
La captación de capitales en el sector en los últimos años indica que hay de por medio un margen promisorio de rentabilidad para los inversores, pero naturalmente esta ganancia solo puede partir de la tarifa que abonen los consumidores, porque si bien el país requiere energía más barata, los proyectos nuevos a financiar requieren fondos privados, y el sistema debe funcionar con eficiencia de recursos y muy coordinadamente.
Estamos por lo tanto en un escenario en el que es preciso conciliar objetivos con medios y posibilidades, y considerar que los avances, que han sido muy valiosos, van a tener al fin de cuentas su costo, y que es un precio a pagar que en la evaluación extrema vale la pena, ante la importancia estratégica del sector energético.