Opinion | 09 Nov El próximo 25 de noviembre, enmarcado en el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, el gobierno presentará el primer censo de prevalencia de violencia de género.
El estudio a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mides y del Instituto Nacional de Estadísticas es el primer trabajo específico que detallará el panorama nacional y sumará documentación a la existente. El último informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (Cepal), da cuenta de 25 mujeres muertas a manos de sus parejas y exparejas, de un total de 27 homicidios de mujeres. En relación a la cantidad de habitantes y en el contexto suramericano, Uruguay lidera el ranking si se miden esos asesinatos cada cien mil personas. Incluso el 45,4% de las mujeres uruguayas sufrió algún tipo de agresión de sus parejas y una de cada cinco sufre violencia económica.
Las estadísticas confirman que el fenómeno se aceleró notoriamente en los últimos años y a pesar del castigo a los agresores, continúan sin atenderse --a nivel continental-- la desigualdad en sus diversos aspectos y en este caso, se suele hacer referencia a los índices económicos sin trascender otras etapas como la distribución de tareas en los ámbitos de decisión o legislación. En Uruguay, por ejemplo, donde la representación femenina en el Parlamento disminuye se observa que mujeres encabezan posiciones en las listas de legisladores sin la total certeza de que asumirán su función, o logran ese lugar por importantes aportes económico a una campaña, antes que el reconocimiento por haberse ganado un lugar.
Las activistas han reiterado hasta el cansancio la necesidad de establecer un plan nacional que enfrente este flagelo, con metas y objetivos pero fundamentalmente con un presupuesto que le permita actuar con libertad, antes que transformarse en un organismo de tercer orden con dependencia estricta de un ministerio. De hecho, es el delito más denunciado en Uruguay después del hurto y la cuarta causa de muerte, detrás de los ajustes de cuenta, altercados espontáneos y rapiñas. Sin embargo, no se contempla en las 15 medidas de seguridad denominadas “Estrategia por la vida y la convivencia” anunciada por el gabinete social en el año 2012.
El propio ministro Olesker dijo que para una mejor atención de los casos se requerirá de “un nivel presupuestal que hoy no tenemos”, en tanto observamos el generoso destino de recursos a iniciativas y proyectos que dan en rojo desde hace varios años. Esperemos que el 25 de noviembre no sea un día de anuncios sobre cifras y realidades que ya conocemos, sino que la verdadera noticia sea la instrumentación de políticas y la definición presupuestal que otorgue la independencia de los organismos rectores en la materia.