Opinion | 10 Nov El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) ubica a Uruguay entre los diez países con mayor consumo de cocaína en 1,4% junto a Canadá, de una lista que encabezan Argentina y España con el 2,6% en personas entre 15 y 64 años, que reconoció su consumo al menos una vez en el último año.
Por otro lado, de acuerdo al mismo informe, Colombia lidera las incautaciones, con el 35% de la totalidad del decomiso a nivel mundial, seguido por Estados Unidos y en sexto lugar, se ubica Bolivia. Estos datos señalan que América Latina y el Caribe tiene más del 70% de los decomisos y así se permite revelar los niveles de producción y tráfico, que no son tan fáciles de determinar.
Y en el caso uruguayo, los guarismos de consumo no han mejorado y se mantiene en ese porcentaje ubicado detrás de Argentina y Chile en América del Sur. En Uruguay se encuentra abierto un frente de debate con la regulación del mercado del cannabis como forma de combatir el narcotráfico y la escasa visibilización que ostentan otras adicciones como el alcohol o psicofármacos. Lo cierto es que, de acuerdo a datos manejados en el último año, más del 60% de los usuarios que se encuentran en tratamiento en los dispositivos especializados, han consumido pasta base con un aumento en el tratamiento de los consumidores de cocaína, según el Observatorio de Drogas que analiza las tendencias y patrones de uso.
Si bien es real que la prevalencia de la pasta base es más baja que otras adicciones en la población en general, concentra los mayores porcentajes de tratamiento en poblaciones con alta vulnerabilidad social, además de registrarse un pasaje hacia el consumo de cocaína ante una mejora económica, pero además existe una percepción del riesgo.
La estrategia para el abordaje del consumo problemático de drogas para el período 2011-2015 está en construcción y se nota que les cuesta apuntalar ladrillo sobre ladrillo a los referentes que salieron a combatir este flagelo con una cuchara de albañil. Escasez de recursos económicos y humanos es –tal vez-- el primer problema que revela un camino de buenas intenciones para instalar un “sistema de evaluación continua que permita el establecimiento de parámetros de calidad del conjunto de intervenciones de la políticas de drogas”. De hecho, cuando en los próximos días continúen con la inauguración de los denominados dispositivos Ciudadela o Centros de Información, asesoramiento, diagnóstico y derivación en drogas, Paysandú tendrá un lanzamiento “simbólico” con un llamado a las organizaciones sociales que trabajan en la materia.
Sin asignaciones presupuestarias para ejecutar un proyecto de trabajo que aterrice en su población objetivo, demostrará lo que resta por hacer y que solo con voluntad no alcanza.