Opinion | 15 Nov Recientemente el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sorprendió a propios y extraños cuando dijo, horas después de registrarse un robo en la residencia del jefe de Policía de Montevideo, que este episodio le parecía “sospechoso” y que podía haber sido perpetrado con móviles políticos, ante el “resultado electoral” del 26 de octubre, es decir relacionando en alguna medida su autoría a la oposición.
Horas después, acosado por la requisitoria periodística, ante tamaña insinuación, reconoció que no tenía elementos para acusar a nadie, pero que esa era su impresión respecto a lo que sucedió, en tanto desde fuentes policiales se dejó establecido que la línea de investigación era la de un robo común y que no había elementos para retomar en otro sentido el hilo de las acciones para desentrañar el episodio.
Por cierto que esta postura es indicativa de que prima todavía en algunos jerarcas de gobierno la idea de que la inseguridad reinante en el país tiene un alto componente de invención de los medios periodísticos o de mala intención de grupos políticos interesados en alentar la delincuencia para pasar factura al gobierno, desde que de otra forma no puede “explicarse” tamaño dislate nada menos que en el ministro del Interior, el principal responsable por garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Es al fin de cuentas un elemento que encaja en la dirección de la teoría conspirativa que ha caracterizado desde siempre a determinados sectores de la izquierda, que ven en cada episodio un trasfondo político u oscuro procedente de las “fuerzas de la derecha” para desestabilizar o dejar mal parado en este caso al gobierno.
Es por supuesto un intento poco feliz y en el que nadie en su sano juicio puede llegar a creer, porque estamos ante el extremo de la retorsión para tratar de disimular una situación de inseguridad que todo el mundo vive o conoce, porque el ciudadano no necesita que nadie le cuente lo que sufre a cada momento en la calle, en su propia casa, en los escenarios deportivos o el lugar al que le toque estar.
Y el sentido común indica que esta vez simplemente le tocó al jefe de policía capitalino, como le ha tocado a tantos ciudadanos en todo el país, del estrato social que sea, aún de las localidades más aisladas, a las que ha llegado también la delincuencia ensoberbecida, sobre todo protagonizada por menores de edad que se manejan con absoluta impunidad.
Más allá de teorías conspirativas, entonces, de la búsqueda de supuestos móviles políticos, el ministro del Interior, que ha tenido mejor desempeño que sus recientes antecesores del partido de gobierno, debería hacer una autocrítica sobre su responsabilidad, poca o mucha, respecto a la inseguridad que sigue condicionando la vida de los uruguayos, y de la que nadie está a salvo, mal que nos pese.