Nacionales | 17 Nov UTE, Antel, OSE y Ancap tienen 22 sociedades anónimas que emplean a más de 2.300 trabajadores y manejan cientos de millones de dólares. Según El País, Aguas de la Costa S.A. se creó en 1993 y su objetivo es proveer agua potable y saneamiento en varias zonas de Maldonado. El 60% es propiedad de OSE y el 40% restante de STA Ingenieros SRL. Es la más antigua de un total de 22 sociedades anónimas que hoy son propiedad de las cuatro principales empresas públicas del país. De ellas, en la década del 90 se crearon siete y entre 2000 y 2004 otras cinco.
Desde 2005 a la fecha las cuatro empresas públicas han constituido diez sociedades anónimas, cuatro de ellas aún en fase preparatoria y la mayoría de gran tamaño. De esa decena de sociedades anónimas creada en los últimos diez años, tres pertenecen a Ancap, otras tres a UTE, dos a Antel y dos a OSE.
Las fronteras del Estado son cada vez más difíciles de divisar, dado que esas sociedades anónimas ya han ingresado en otra fase con la creación de sus propias “hijas” o, dicho de otra forma, “nietas” de los entes madre, como en el caso de Alur S.A. que en 2009 formó Agroalur S.A.; o Ducsa que es accionista de Asistencia Técnica y Servicios S.A., cuenta con seis empleados y en 2013 perdió $ 564.929.
Los balances de todas las empresas son controlados por auditores privados y en la mayoría de los casos se puede acceder a ellos en Internet. No obstante, el hecho de regirse por derecho privado deja sus procedimientos de compra, contratación, inversiones, etcétera, al margen del control del Tribunal de Cuentas o la Auditoría Interna de la Nación.
Esa constelación de sociedades anónimas, su interacción mediante la compra de productos o servicios, las continuas capitalizaciones o préstamos que reciben de las empresas madre y una ingeniería financiera que en muchos casos se diseña para que los balances cierren, han llevado a que buena parte del sistema político coincida en la necesidad de crear instrumentos que mejoren los controles. El Tribunal de Cuentas ha insistido en la necesidad de tener herramientas legales y recursos humanos y económicos para controlar a tales empresas.
De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública realizado por El País a las cuatro empresas públicas mencionadas, esas 22 sociedades anónimas emplean a más de 2.300 trabajadores y 11 de ellas han generado pérdidas en el ejercicio 2013; tres son de UTE y el resto de Ancap.
Los salarios del cuerpo gerencial oscilan entre los $ 106.000 y los $ 278.000 mensuales. En ese mundo de recursos públicos circulando en el derecho privado conviven empresas como Manantial Dorado SA, propiedad de OSE y con solo tres empleados (un gerente, un asistente y un dibujante) junto a Accesa SA, de Antel, que emplea a 947 trabajadores y presta servicios de call center. Una empresa como Ducsa (Ancap), encargada de la distribución de combustibles, en 2013 generó ganancias por US$ 22,3 millones. Tiene 188 trabajadores y cinco gerentes. La contracara podría ser Cementos del Plata, también de Ancap y destinada a la compra, distribución y comercialización de cementos, que en 2013 perdió casi US$ 6 millones. Tiene 83 empleados, incluido un gerente, a los que pagó US$ 2,5 millones en salarios el año pasado. Cementos del Plata también es dueña del 1% de Pamacor S.A. (el 99% restante es de Ancap), cuyo giro es la exploración y explotación de recursos minerales, solo cuenta con un administrador que es funcionario de Ancap y en 2013 perdió $ 373.130. En cuanto a tamaño, Alur SA es prácticamente una empresa pública en sí misma. Cuenta con diez gerentes y 742 empleados a los que en 2013 pagó más de US$ 10 millones en remuneraciones, al tiempo que invirtió casi US$ 100 millones.
En 2010 se constituyó Antel USA Inc., que se rige por la normativa del estado de Florida (EE.UU.) y se dedica a proveer servicios de interconexión de datos IP desde Estados Unidos a compañías de telecomunicaciones en América Latina. Su director percibió en 2013 un total de US$ 56.559 y en salarios la empresa pagó US$ 325.499.

JUECES AL PARO
Y MOVILIZACIÓN
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) inauguró oficialmente su nueva sede social y el local --ubicado en el primer piso de la Galería Cristal, en el Centro de Montevideo-- y fue escenario de una asamblea histórica que puede derivar en pocos días en el primer paro de jueces como consecuencia del dilatado conflicto salarial que mantienen con el Poder Ejecutivo desde 2011.
La asamblea, que se extendió durante más de cinco horas en la que participaron 270 magistrados entre jueces presentes y los que intervinieron mediante poder entregado a otros colegas, habilitó a la Comisión Directiva de la AMU a adoptar las “medidas gremiales que correspondan, incluyendo las más extremas” en caso de que en un plazo de diez días no surjan novedades en las reuniones que mantendrán las autoridades del Poder Ejecutivo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Según el “principio de gradualidad” establecido en la asamblea, antes de concretar un paro de actividades los jueces podrán realizar dos medidas previas: la suspensión de audiencias y la interrupción del dictado de decretos en procesos en trámite y la emisión de sentencias. La gremial, a la que están afiliados 480 de los 500 jueces de todo el país, también definió que si el Poder Ejecutivo no ofrece “un compromiso de pago concreto y razonable” antes del lunes 24, el miércoles 26 realizará una “concentración y marcha masiva de magistrados de todo el país en la ciudad de Montevideo” a la hora 11. La asamblea exceptuó de asistir a esta manifestación a los jueces penales y de violencia doméstica que se encuentren de turno, informó El País.
La comisión departamental de jueces de Salto presentó en la asamblea de la AMU una moción para que el gremio se declarara en huelga a partir de hoy lunes. Por su parte, un magistrado de Cerro Largo propuso dejar de tramitar los juicios en los que el reclamante sea el Estado. Si bien un informe elaborado por una comisión designada por la gremial entendió que los jueces pueden realizar acciones gremiales, incluso la huelga, la asamblea por amplia mayoría rechazó ambas propuestas.

UNOS 10.000 URUGUAYOS RETORNARON
Desde el año 2011, 9.722 uruguayos decidieron retornar al país, según el último informe cuatrimestral de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería. Esta cifra incluye solamente a los uruguayos que volvieron al país y, por voluntad propia, pasaron por la Oficina de Retorno y Bienvenida para acogerse a alguno de los beneficios que se ofrece a quienes regresan.
En lo que va del año, 1.408 uruguayos volvieron en calidad de retornados. Sin embargo, el pico máximo lo mantiene el año 2012, cuando se registraron 3.358. Durante el periodo mayo-agosto regresaron 605 uruguayos, un 27% más en comparación a las 475 que se presentaron en el segundo cuatrimestre de 2013 y un 33% menos en relación a las 803 que se presentaron en el primer cuatrimestre de 2014.
El promedio mensual de retorno del segundo cuatrimestre de 2014 es de 176 personas. En 2011, el promedio mensual en agosto era de 151.
La procedencia, en tanto, se mantiene. España (262 personas) continuó siendo el principal país de origen de los retornos, representando el 44%. Le sigue Estados Unidos (80), Argentina (63), Brasil (32), Italia (25) y Venezuela (21). Respecto al sexo, se registró un retorno levemente superior de los hombres, con un 62% del total. En este segundo cuatrimestre, el rango principal de retornados ronda entre los 31 y los 40 años de edad, seguidos por los que se ubican entre 1 y 13 años. Estos últimos figuran en los registros como hijos de los uruguayos que retornan.
Al igual que en los informes anteriores, los motivos principales de retorno son el económico y los familiares (30% cada uno). Un 22% de quienes volvieron manifestaron motivos de identidad, como la añoranza del país.
La mitad ingresó al país sin enseres ni vehículo, 26% trajo ambas cosas, 20% solo enseres y 3% solo vehículos. Por otro lado, la principal demanda de los retornantes fueron aspectos relacionados a la salud (35%), trabajo (27%) y vivienda (12%). Según el informe de la Cancillería, 44% de los retornados tiene educación secundaria completa; 19%, terciaria y 2%, posgrados. El 63% de estos retornados había dejado el país entre 2001 y 2010, cuando muchos uruguayos se exiliaron por la crisis económica. La mayoría, 67%, de quienes regresaron tendrán como lugar de residencia Montevideo.

PARO NACIONAL
DE SECUNDARIA
La Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) resolvió un paro de 24 horas hoy en todo el país debido a las agresiones que dos profesoras del liceo de Barros Blancos sufrieron cuando intentaban parar una pelea entre dos alumnos. Fenapes indicó que las docentes fueron agredidas “física y verbalmente con amenazas posteriores” lo que llevó a la adopción de la medida.”Ha sido reiterado en los últimos tiempos la agresión a docentes por parte de personas ajenas a las instituciones educativas. Situaciones como éstas generan que pocos quieran ingresar o permanecer como trabajadores de la educación”, indicó el comunicado.