Opinion | 16 Nov La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria anuncia un paro de 24 horas a nivel nacional, tras las agresiones a dos profesoras en un liceo de Barros Blancos por dos alumnas y sus familiares.
Este es el segundo paro en dos meses y medio, desde que el pasado 2 de setiembre denunciaron las presiones del cuerpo inspectivo con el fin de lograr una mejor calidad educativa, además de hechos de violencia a raíz de los cuales resultaron procesadas siete personas hasta ese momento. Y así lo señalan en un comunicado de la Fenapes: “Ha sido reiterado en los últimos tiempos la agresión a docentes por parte de personas ajenas a las instituciones educativas. Esto no puede desmarcarse de la violencia imperante en la sociedad, así como tampoco de la forma en que desde los medios masivos de comunicación y desde el sistema político se desprestigia a los trabajadores de la educación. Situaciones como éstas generan que pocos quieran ingresar o permanecer como trabajadores de la educación”.
Desde hace decenas de años se habla de una justicia paralela que habita en las comunidades y también funciona en las cárceles, en tanto hasta el momento no aparece un estudio serio que explique si se deben a falsos moralistas o a fenómenos sociales de inusitada profundidad.
El asunto es que “estos mismos agresores ya tenían antecedentes de amenazas de grave tenor a los alumnos y al cuerpo docente y directivo de la institución. Pese a las denuncias realizadas no se han tomado medidas cautelares y preventivas”, dijeron los funcionarios del liceo de Barrios Blancos. También las autoridades omisas generan violencia.
Ni que hablar de las campañas políticas desplegadas a lo largo del año electoral, que no hablaron una sola palabra de la violencia basada en género, ni la que se observa en una diversidad de ámbitos donde debe promediar la tolerancia y el respeto mutuo.
Todo lo contrario. Esas mismas campañas se apoyaron en datos estadísticos, comparaciones de resultados de programas sociales y apego al Estado de Derecho y –por supuesto-- a vapulear a las empresas encuestadoras por errarle en los resultados. Todo eso con una indescriptible dosis de violencia verbal y barricada “facebookera” que sacó a la luz las peores adjetivaciones posibles. Y partió de la misma comunidad que vota, trabaja, paga impuestos y lleva a sus hijos a la escuela.
Todavía quedan etapas pendientes, algunas de las cuales pasan por madurar las reacciones antes de endilgarle la responsabilidad a los medios de comunicación en el tratamiento de una noticia trágica, como es el caso de la joven de 15 años en Maldonado.
Por eso es atendible el exhorto de los docentes, al reclamar una reflexión “de la sociedad toda” para “superar situaciones como ésta y potenciar el respeto por todos y cada uno de los individuos sin distinción”.