Opinion | 14 Nov Cuando estamos a quince días de la segunda vuelta electoral o balotaje, es decir todavía en pleno período electoral para decidir quien habrá de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo y completar la integración de la Cámara de Senadores, han surgido voces desde el sistema político –que han incluido a dirigentes de todos los partidos-- señalando la necesidad de introducir modificaciones al esquema electoral que rige desde su reforma, aunque los planteos no necesariamente coinciden.
Esto es --posiblemente a partir del resultado de las elecciones del 26 de octubre-- porque hay sectores que tienen mirada distinta sobre la forma en que se desarrolla este proceso, y cuestionan por ejemplo el largo camino que deben recorrer los partidos que se presentan a las elecciones nacionales y departamentales, en una larga maratón que comienza un año antes en los comicios internos y culmina con las elecciones departamentales, en una seguidilla que demanda ingentes esfuerzos tanto por los dirigentes que intervienen en la campaña como desde el punto de vista económico por el despliegue inherente a cada convocatoria electoral. Este es un aspecto que posiblemente no se haya tenido en cuenta cuando se propuso la reforma electoral, porque refiere a aspectos prácticos que se plantean cuando se han sucedido ya varias elecciones, pero igualmente no puede soslayarse que, entre los pro y los contra, la incorporación del balotaje y de las elecciones internas, de la misma forma que la separación de las elecciones nacionales de las departamentales, han sido aspectos que han fortalecido las estructuras locales ante el centralismo del sistema político y el histórico arrastre de las elecciones nacionales sobre las departamentales.
Es decir que estamos ante un sistema electoral que dista de ser perfecto, por supuesto, pero quiérase o no tiende a fortalecer la democracia y sobre todo a ofrecer a la ciudadanía alternativas de pronunciarse con una libertad que antes no se tenía y por lo menos definir adónde va a ir a dar su voto.
Así, recientemente el candidato presidencial de la coalición de izquierdas, Tabaré Vázquez, el postulante del balotaje con más chance de ser ungido presidente de la República, evidentemente, al dar a conocer su posición al respecto, consideró que debe plantearse una reforma electoral y dijo dudar de la necesidad de celebrar un balotaje cuando un candidato saca 10 puntos de ventaja sobre el que le sigue en la primera vuelta. Evaluó que si se tiene menos de un 50 por ciento, “pero un candidato saca más de diez puntos respecto al que va segundo, para qué se va a ir un balotaje. O bien se puede eliminar el balotaje o bien se puede buscar algún elemento sustitutivo”.
Claro, es muy difícil que desde los respectivos partidos, cualquiera sea el vocero, se pueda tener una visión objetiva de lo que sirve o no realmente a la ciudadanía para que se exprese de la forma más democrática posible y de que ello se refleje en la forma de elegir sus gobernantes, porque tradicionalmente cada uno opina según como le va en la feria, según el viejo dicho. Pero hay elementos que deberían ser más o menos coincidentes y no debería ser demasiado difícil conciliar los puntos de vista sobre aspectos básicos a tener en cuenta respecto a eventuales modificaciones, en procura de simplificar el esquema electoral sin perder de vista la idea de darle a la ciudadanía la mayor libertad de elección posible y de traducir ello en la representación de esa voluntad en los cargos electivos.
Por lo pronto, la separación de las elecciones nacionales de las departamentales es un aspecto netamente positivo que ha permitido revalorizar los protagonismos de la comunidad local, y de la elección por los ciudadanos del mejor vecino para ejercer los cargos de gobierno departamentales, por encima de la presión o la digitación que solía darse desde las cúpulas por acompañar tal o cual candidato en lo nacional. Esta prescindencia no puede lograrse íntegramente si se promueve el voto cruzado, es decir con una lista en lo nacional y en lo departamental en una elección simultánea, porque siempre hay algún factor de arrastre o de confusión hacia el ciudadano por la gran cantidad de listas.
Por lo pronto, si lo que no se quiere es seguir en una especie de maratón electoral, podría separarse más la elección departamental de la nacional, y así interrumpir el largo proceso electoral, haciéndolo por ejemplo a medio mandato, es decir dos daños después de la elección nacional, a modo de ejemplo.
En cuanto al balotaje, sin dudas esta segunda vuelta es un hecho trascendental en el terreno electoral, por cuanto permite que quien sea ungido presidente de la República cuente con el respaldo de la mayoría del electorado, en lugar de corresponder a la minoría menor, como ocurría en el régimen anterior a la reforma, lo que permitió que por ejemplo en 1971 Juan María Bordaberry resultara presidente de la República con el 20 por ciento de los votos, y con las tres cuartas partes del país discrepando con su visión, pero siendo víctima de un sistema tramposo hacia la real voluntad del elector, que ya no tenía alternativas posibles, como se tiene ahora para votar por quien prefiere en el balotaje o hacerlo contra quien no quiere sea electo presidente.
Es atendible sí lo que hace a los límites o topes para no acceder a una segunda vuelta, aunque no es de recibo objetivamente que sea cuando un candidato saque más de diez puntos a quien le siga en la primera vuelta, porque el alineamento de fuerzas dependerá del número de partidos y de los porcentajes de respaldo que se den, porque en este caso podría bien llegar a la presidencia en primera vuelta alguien con un treinta o o poco más por ciento, sin necesidad de una segunda vuelta.
Tal vez un límite lógico, teniendo en cuenta el régimen presidencialista que tiene el Uruguay, sería que pueda obviarse la segunda vuelta cuando uno de los partidos obtenga la mayoría absoluta en el Parlamento, como ha sido precisamente el caso de la reciente elección, de forma de que cuente ello como una forma de expresión ya mayoritaria de la ciudadanía, pero este y otros aspectos que eventualmente puedan ser sujetos a modificaciones deben partir de un amplio consenso del sistema político, y este es el punto a discutir cuando las aguas se tranquilicen tras la contienda electoral.