Opinion | 17 Nov El acceso a la vivienda propia es todavía un desafío muy difícil de asumir para decenas de miles de familias, porque en muchos casos hay grupos familiares para los que pasan los años y las décadas, y sigue inalcanzable el objetivo del techo seguro ante la brecha entre sus ingresos y el costo de la compra o la construcción de la unidad habitacional de interés social.
No debe perderse de vista igualmente que se están instrumentando programas y líneas de crédito con un componente estatal de subsidios que atienden situaciones más complicadas desde la problemática social. Hay una gama de posibilidades, con diferentes grados de subsidios y el adicional del trabajo de los propios interesados por el sistema de ayuda mutua y de autoconstrucción, que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) desarrolla por convenios con las intendencias departamentales, como es el caso de la de Paysandú. Paralelamente existe la posibilidad de integrarse a cooperativas de vivienda para encarar en forma colectiva y con apoyo en fuertes subsidios, la construcción de la casa propia, como es el caso de miles de familias en nuestro departamento que desde la década de 1970 fundamentalmente han logrado el acceso por esta vía, a lo que debe agregarse la gran obra que ha encarado por más de medio siglo el Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir). Es decir, que hay elementos positivos en esta materia, pero que siguen siendo insuficientes, y subsiste un déficit aproximado en vivienda estimado en el orden de las 100.000 unidades habitacionales en todo el país, lo que da una idea de la real dimensión del problema.
En un razonamiento simple y muy valedero, naturalmente, puede entenderse que se trata de una falencia que solo se arregla con más viviendas, lo que es cierto, pero a la vez también hay alternativas complementarias o sustitutivas que refieren a la recuperación o reciclaje de casas que por su estado están desaprovechadas o semiabandonadas,
Es en este último aspecto que también corresponde promover respuestas adecuadas, desde que en una u otra medida esta problemática comprende a miles de familias que residen en viviendas cuya calidad de construcción eventualmente no ha sido la mejor ni mucho menos, pero a la vez por falta de recursos para mantenimiento o el crecimiento del núcleo familiar, hace que se requiera reparación, remodelación o ampliación.
Y por lo tanto, se está ante una demanda de dinero para solventar estas necesidades que si bien no llega a la magnitud de los requerimientos del acceso a la vivienda nueva, conllevan sí compra de materiales y contratación de mano de obra, acompañado de determinado proyecto, si la obra es de mayor envergadura.
Ante esta perspectiva, una necesidad que se advierte es el instrumentar créditos accesibles o planes especiales para refacción y recuperación, a plazos y tasas de interés razonables para atender requerimientos de sectores que no tienen otras posibilidades y a veces necesidades acuciantes por tener alternativas a mano, aunque sin herramientas de crédito disponibles.
Parte de estas necesidades están siendo atendidas por ejemplo a través de los préstamos que otorga el Mvotma en coordinación con la Intendencia Departamental de Paysandú, como en otros departamentos, y ello ha llevado a que unas 400 familias tuvieran acceso a créditos para rehabilitación de vivienda urbana y suburbana, con determinados requisitos de ingresos y necesidades del núcleo familiar y a la vez de la situación legal de la vivienda, entre otros aspectos.
Y este no es un elemento menor ni cosa que se le parezca, porque en el caso de las líneas de autoconstrucción y ampliación, entre otras posibilidades, uno de los mayores obstáculos con que tropiezan los interesados son los requisitos de regularización de la propiedad, por cuanto un gran porcentaje de las viviendas se encuentra por uno u otro motivo en situación irregular, y el enmendar estos problemas no solo insume una cantidad considerable de dinero, sino demoras en trabajo de profesionales y trámites que muchas veces resultan ser disuasivos para los interesados.
Igualmente, estamos ante una respuesta parcial, que requiere de fuentes de crédito de mayor plazo y alcance, en lo posible con algún grado también de subsidio del Estado, y no por una concesión graciosa a costo del bolsillo de todos los uruguayos, sino porque el reciclaje de viviendas implica sustanciales ahorros, en el mediano y largo plazo, al evitar que se tenga que construir unidades habitacionales en zonas más alejadas de la ciudad, que requieren extensión de servicios y accesos que afectan la calidad de vida de los beneficiarios, y que requieren recursos sustanciales para llevarlos adelante.
Lamentablemente, también es elevado el costo de las refacciones, porque han subido los precios de los materiales, pero sobre todo la mano de obra, debiéndose tener en cuenta por ejemplo que el reajuste salarial en la industria de la construcción más que duplicó la inflación y el promedio de los aumentos de salarios en todos los sectores.
Ello da la pauta de que si bien en algunos casos el propietario del bien inmueble apela a su propia mano de obra o contrata a lo sumo alguna persona para que lo asista o lleve a cabo los trabajos más delicados, por regla general se trata de un costo adicional que limita las posibilidades no solo de reciclaje de viviendas, sino también de mantener las unidades habitacionales ya existentes y con problemas de mantenimiento, como es el caso de revoques, humedades, filtraciones de techos, aberturas, etcétera, y ni que decir cuando se trata de una remodelación o ampliación.
Por lo tanto, se debería evaluar y poner al día una reformulación de las políticas de vivienda, en lo posible ampliándolas y complementándolas con otras opciones que atiendan una realidad muy diversa, para contemplar estas situaciones y contribuir a que desde estas alternativas se puedan solucionar o por lo menos paliar las carencias en esta materia.