Opinion | 19 Nov A principios del siglo XX, apareció por primera vez lo que se llamó “la cuestión obrera”, un movimiento de los trabajadores ante las inhumanas condiciones de trabajo, patentes --por ejemplo-- entre los tranviarios que trabajaban entre 15 y 16 horas por día. Hacia 1911, la mitad de la fuerza laboral montevideana (unos 20.000 obreros) fueron a la huelga, en reclamo por la reducción de la jornada laboral, mejoras en las condiciones de trabajo y aumento de salarios.
El 17 de noviembre de 1915, por impulso del presidente José Batlle y Ordóñez (en su segundo período), se aprobó la ley de 8 horas, una verdadera revolución en la relación entre empleadores y empleados.
Dos años antes de la revolución bolchevique de Lenin, Uruguay aprobó la ley 5.350, denominada Trabajo Obrero, que en su artículo 1º estableció que “el trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de construcción de tierra o en los puertos (...) no durará más de ocho horas”.
La ley estableció un máximo de 48 horas semanales de trabajo y un día de descanso cada 6 días trabajados. Además, no solo promovió una mejor calidad laboral y de vida para los obreros, sino que amplió la demanda de trabajadores, que comenzaron a incorporarse a la industria, el comercio y otras áreas.
Desde entonces, se continuó avanzando en la legislación laboral, que incluye ahora una jornada de 8 horas como máximo para los trabajadores rurales (ley 18.441), y si trabajan más horas, estas deben ser abonadas como “extras”.
No todos los trabajadores están comprendidos, de todas maneras, en el régimen de 8 horas, y entre ellos son excepciones, los tripulantes pesqueros, los viajantes y corredores y el personal superior de establecimientos comerciales, industriales y de comercio.
Ahora, el PIT-CNT ha comenzado a promover reducir la jornada laboral a 6 horas por día, sin reducción salarial. Algunos sectores de la economía uruguaya ya recorren ese camino. La construcción, la bebida, algunas empresas del plástico, auxilio mecánico, metalúrgicas y algunas empresas del Estado, establecieron acuerdos para trabajar 40 horas semanales y cobrar por 48 horas.
Entre otras consecuencias, quienes lo impulsan sostienen que esto permitiría aumentar la cantidad de empleos, para continuar reduciendo el porcentual de desempleo. Sin embargo, los pocos países en donde la jornada de 6 horas ya está en práctica, han visto comprometida su competitividad y eficiencia, y hoy no saben cómo volver atrás sin desatar la ira de los sindicatos ni perder el respaldo popular.
En casi un siglo, desde aquella ley que colocó al país a la vanguardia en materia de derecho laboral, mucho se ha logrado, mucho se ha planificado y mucho se ha negociado. El mundo sigue cambiando y, del mismo modo, las relaciones laborales. Pero lo que no debe cambiar, es el respeto entre los unos y los otros.