Opinion | 21 Nov A propósito de la nueva integración del Parlamento que asumirá el 15 de febrero de 2015, surgido de las elecciones nacionales del 26 de octubre, el presidente José Mujica reflexionó que era una “buena cosa” que hubiera menos profesionales ocupando bancas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y argumentó además que “los bachilleres creen que se las saben todas”, aludiendo a lo que considera manifestación de soberbia por quienes avanzan en sus estudios y formación profesional.
Sin dudas que si esta expresión inaudita hubiera partido de otro dirigente político, --en este caso nada menos que del presidente-- se hubiera armado un escándalo en las academias, en las organizaciones de profesionales, en las facultades, en las autoridades de la enseñanza, en gremios docentes y en el propio sistema político, pero se lo ha tomado como viniendo de Mujica, es decir del mandatario que como te dice una cosa te dice la otra, y que puede desdecirse a las pocas horas de lo que dijo en un sentido, expresando abiertamente lo contrario, sin que se le pase factura. Ello no quita que como reflexión de puro sentido común, quede abiertamente en evidencia que no se puede andar por la vida, mucho menos en el caso de un presidente de la República, manifestándose públicamente como si se estuviera en la barra de un boliche.
Pero en fin, esta liviandad con que se evalúan las manifestaciones según de quien provengan, hablan de que lamentablemente estamos en un país donde en estos tiempos la mediocridad parece ser un valor a preservar, hasta positivo, y es así que por ejemplo tenemos al jefe de Estado cuestionando a quienes estudian y se esfuerzan por hacerse una profesión, cuando al comienzo de su gobierno manifestara que se necesita “educación, educación, educación”, pero sale a cuestionar a quienes se forman en la academia, porque no son valores con los que comulga.
Es decir que considera que en el Parlamento no aportan nada (¿?) y no importa que sean o no profesionales, porque en su razonamiento de que lo político está por encima de lo jurídico, como ha reafirmado una y otra vez, pueden tomarse decisiones políticas llevándose por delante lo que está establecido en la ley y en la propia Constitución, en tanto siempre habrá tiempo para corregir las cosas a través de mayorías parlamentarias de mano de yeso que responden al gobierno.
Hay entonces un peligroso culto al todo vale, a que todo se puede arreglar, si no es dentro de la ley, orillándola o simplemente dejándola al margen por el tiempo que sea necesario, porque el objetivo es más importante que los medios que se utilicen y la propia ley, lo que habla de que lejos del “país de primera” nos estamos embarcando en una gestión parlamentaria propia de una república bananera, muy distante de los valores democrático republicanos que debemos preservar a ultranza.
No puede extrañar que en la aplicación de esta tesitura, estemos donde estamos, con una educación en picada --desde hace varios años-- pero lo que es peor, relativizando su importancia nada menos que a través del titular del Poder Ejecutivo, por lo menos en sus últimas declaraciones, porque nunca se sabe cómo luego este concepto va a ser relativizado a través de sus propias expresiones en otra oportunidad.
Y entre una infinidad de situaciones generadas por la mala redacción de leyes desde el gobierno, aprobadas por su mayoría parlamentaria regimentada sin mayores cuestionamientos, tenemos como consecuencia el conflicto en marcha en el Poder Judicial, porque la mayoría del Frente Amplio, en una nueva actitud desprolija a nivel parlamentario, donde se menosprecia a los abogados que entienden de leyes para dar la redacción apropiada, clara y concisa a una norma y sobre todo teniendo en cuenta una normativa existente, cometió un grave error que no ha sabido o decidido enmendar, pese al paso de los años, más precisamente desde 2011. Ocurre que el aumento dispuesto por el Poder Ejecutivo para los ministros de su gabinete, tiene “enganche” con los sueldos de los dependientes del Poder Judicial, es decir jueces, ministros, funcionarios, abogados de oficio, y comprendiendo al fin de cuentas un universo de cinco mil funcionarios, que reciben por ley incrementos salariales tan pronto se aumente hasta un solo peso a los ministros.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, al mejor estilo de los estados totalitarios, no quiso tener en cuenta la legislación, y siguió adelante, con nuevas leyes inconstitucionales, que solo reafirmaron el error inicial, mientras se fue acumulando deuda con todos los funcionarios a los que corresponde este incremento en sus remuneraciones porque así lo establecería la ley, que ahora están reclamando su cumplimiento ante tanto tiempo que ha transcurrido y no se les ha pagado el reajuste.
Es decir, estamos ante una deuda estimada en estos años en unos 100 millones de dólares, que se materializó porque en el partido de gobierno hubo quienes pusieron lo político por encima de lo jurídico, porque era un “deber” mejorar las remuneraciones de los ministros y asimilarlas a las de los senadores --lo que no está mal-- pero ex profeso se dejó de lado que para poder hacerlo había que aumentar salarios de miles de funcionarios, por lo que todos estos elementos había que tenerlos en cuenta y asumir cual iba a ser el costo total.
Sin embargo, se siguió adelante y no se buscaron otros mecanismos, por lo que no puede extrañar que ahora se haya desatado un conflicto por la falta de definiciones, porque no se sabe cómo ni cuándo se va a pagar la deuda.