Opinion | 24 Nov A pesar de las diferencias de criterios para medir la cantidad de casos de mujeres muertas por violencia de género y violencia doméstica estrictamente, Uruguay realiza esfuerzos para posicionar este flagelo en la opinión pública. El año 2013 cerró con 30 mujeres asesinadas, lo que representó el 17% de los homicidios. En 2012, hubo 25 y en 2011, 26 víctimas fatales. El año pasado batió récord en denuncias por este delito con 26.000 registros en dependencias policiales. En 2014, las cifras oficiales del Ministerio del Interior indican que 16 mujeres murieron por violencia doméstica e intrafamiliar, en tanto en un principio algunas organizaciones se referían a un total de 29 casos de fallecimientos por violencia basada en género. Como sea, permanece en cuarto lugar, después de ajustes de cuentas, altercados y rapiñas.
El último informe elaborado por el Centro de Consenso de Copenhague, instó a las Naciones Unidas a prestar más atención a esta problemática, que resulta más ignorada que cualquier conflicto armado. Y los cálculos no resultan sorpresivos. El reporte asegura que por cada muerte civil en un campo de batalla, hay nueve que pierden la vida en disputas intrafamiliares, que cuestan U$S 9,5 billones al año o el equivalente al 11,2 del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Paralelamente hay 290 millones de niños que sufren violencia en sus hogares, pero resulta frecuentemente ignorada.
Uruguay no escapa al contexto internacional y de acuerdo a un trabajo presentado por la Facultad de Medicina, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud Pública, una de cada cuatro mujeres experimentó situaciones de violencia doméstica. Cuando la fatalidad golpea en los hogares, también lo hace en su economía y en algunos casos las mujeres muertas han sido el único sostén para sus hijos. En la actualidad hay 209 víctimas de violencia doméstica o de delitos violentos que cobran pensiones. El Banco de Previsión Social debe destinar más de U$S 1.500.000 para cubrir estas prestaciones.
Hasta agosto pasado, las actas del organismo indicaron que recibió unas 200 solicitudes de pensiones por violencia doméstica, de las cuales se aprobaron 125 y 329 por delitos violentos, de las cuales se han estudiado 299. De ese total, 157 recibieron un fallo favorable y hasta el momento se pagan 84. Por eso, para enfrentar la violencia de género e impulsar prácticas adecuadas contra el feminicidio se ha creado un “Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.
La iniciativa parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras entidades, con el objetivo de investigar los asesinatos de mujeres desde una perspectiva de género. En la actualidad, hay diez países que tipifican este delito como feminicidio, pero no ocurre en Uruguay. En Montevideo se han instrumentado las tobilleras electrónicas para alejar a los agresores de las víctimas, en el marco de una medida que no es de alcance nacional y que protege a un número muy limitado de mujeres.
Como vemos, más allá de los vacíos legales que aún puedan subsistir, permanecen vacíos culturales y de definiciones acerca de una perspectiva de género que falta imponer en los diversos colectivos.