Hoy podría haber una solución

Locales | 21 Nov No se entregan documentos sobre los registros del Estado Civil en Paysandú por falta de los timbres que deben acompañar las partidas de nacimiento, defunción y casamiento, por lo que en las oficinas ubicadas en el Palacio de Justicia de 18 de Julio y Zorrilla de San Martín no puede documentarse sobre los recién nacidos, los fallecidos y para quienes quieran casarse (aunque en este caso están dando fecha recién para abril de 2015, según un cartel instalado en la puerta del edificio).
Una alta fuente judicial dijo a EL TELEGRAFO que ante la constatación de denuncias sobre la falta de los timbres que obligatoriamente deben llevar esas partidas, ayer se envió una nota a la oficina nacional del Registro Civil en Montevideo con solicitud de urgente respuesta para saber qué debe hacerse ante esta situación, que no tiene antecedentes.
Otro de los consultados especuló con la posibilidad que el Registro Civil autorice a los jueces a exonerar el pago de la tasa para estas certificaciones, de manera que no se compliquen los trámites, alguno de los cuales pueden afectar la calidad de vida de las personas, como puede ser el caso de las viudas o hijos menores de edad.

NO QUEDAN TIMBRES
Un relevamiento de EL TELEGRAFO permitió establecer que ni la Asociación de Escribanos ni el Colegio de Abogados cuentan con los sellos de la “Tasa registro estado civil”, que desde hace más de 45 días no se consigue por el paro de los funcionarios del Registro Civil en Montevideo. En diferentes fechas de esta semana y la anterior se terminó la existencia que tenían las organizaciones gremiales profesionales, que son las únicas que los venden. Por otra parte, en las empresas de servicios fúnebres tampoco hay timbres en stock, por lo que en el Registro Civil ingresan los certificados de fallecimiento pero no se pueden expedir las partidas, lo que “tranca todas las gestiones, como en el Banco de Previsión Social, para los trámites que se hagan por las viudas o los hijos menores de edad”, comentó una fuente, agregando que “en la parte empresarial, también se complica el pago que hace el BPS del servicio fúnebre cuando corresponde”. En la órbita privada esta situación también complica trámites, como por ejemplo el acceso a los bienes o la cuenta bancaria de un fallecido, ya que no se puede probar --por falta de partidas de defunción con timbres-- que la persona efectivamente falleció.

EN TODO DOCUMENTO
Los timbres de Registro de Estado Civil se utilizan para casi todos los trámites que deben realizarse en esa oficina, básicamente los tres mencionados. Por ejemplo para registrar un casamiento en la oficina, deben ponerse timbres por valor de $ 410, y si quiere casarse en su propio domicilio deberá abonar $ 12.545 en timbres registrales, mientras que para otras partidas se pagan $ 55. Los timbres son como sellos de correo, por valor de $ 1, 5, 10, 50, 100, 1.000 y 5.000, que se combinan para llegar al valor establecido para cada trámite.
Como en el Interior del país no hay dependencias del Registro Civil, por un viejo acuerdo con el Poder Judicial, los jueces de Paz departamentales ofician de agentes del Registro Civil, y los funcionarios que desempeñan esa tarea --que son cuatro en la oficina de los juzgados-- pertenecen al Poder Judicial, de manera que no están afectados por el paro de los funcionarios registrales de Montevideo, aunque sí por el coincidente paro de los funcionarios judiciales, que también están en conflicto.

UN CONFLICTO DOBLE
El conflicto, que abarca al Poder Judicial y a los registros públicos, tiene su origen en un artículo de la ley de Presupuesto del actual gobierno que igualó los sueldos de los ministros del Poder Ejecutivo a los de los senadores, pero eso también beneficiaba a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, los registros y las fiscalías en función de las normas de “enganche” salarial, por lo que ahora los jueces y funcionarios reclaman el aumento que implicaría al gobierno disponer de al menos 60 millones de dólares anuales, lo que en principio se sugirió hacer desde el presupuesto quinquenal del próximo gobierno. El aumento salarial que se reclama es del 26% retroactivo a 2011.
Los funcionarios del Registro Civil decidieron el miércoles en asamblea dar plazo al Poder Ejecutivo hasta el próximo lunes para que brinde una respuesta a sus reclamos salariales y, en caso de no haber avances, los trabajadores tienen previsto movilizarse hacia el Ministerio de Economía el lunes. En tanto, no descartan realizar un casamiento en la puerta del Ministerio. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado decidió apoyar a estos sindicatos integrando la marcha que se prevé para el miércoles 26.