Rurales | 22 Nov La sanducera Karina Blanc Durán, integrante del grupo de mujeres rurales de pueblo Zeballos, representó a Uruguay en la primera Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) de América Latina y el Caribe, realizada en Brasilia, en el marco del año internacional de esta temática. La joven productora rural participó junto a dos salteñas, una representando a la Comisión Nacional de Fomento Rural y otra como integrante del Comité Nacional de la Agricultura Familiar.
Blanc Durán explicó a EL TELEGRAFO que se realizaban paralelamente tres actividades: la reunión de todos los comités nacionales de América Latina e invitados de otros países; la primera conferencia de mujeres rurales de América Latina y el Caribe; y la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Destacó que la actividad fue “muy interesante, desarrollándose varios seminarios, todos en relación a la implementación de las políticas públicas con enfoque de género, en donde se conoció lo que se ha venido realizando desde el sector oficial. En tanto que nosotros, como sociedad civil, dimos nuestro parecer y nuestras inquietudes de cómo deben elaborarse e implementarse las políticas públicas, y cómo se deben monitorear, siempre con la presencia de la sociedad civil, para que sea más efectiva”.
Consideró que la evaluación fue “muy buena”, explicando que “esto ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, a raíz de seminarios efectuados en Costa Rica y Santiago de Chile, en donde se elaboraba el documento final”. Sostuvo que “no es fácil que más de 20 países estén de acuerdo en un mismo documento”, pero en Brasilia “fue el puntillazo final”.
A todo esto, “los representantes de la sociedad civil se reunieron aparte, y en base al borrador que ya teníamos de un documento que se aprobaría, les hicimos las modificaciones que entendíamos importante”, dijo Blanc, quien participó de la redacción de esas modificaciones y las negociaciones efectuadas mientras se desarrollaba la conferencia, “viendo hasta dónde se puede llegar, incluyendo en el documento temas importantes como la seguridad de la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra, a las semillas, a la cultura, a la no violencia, a la no persecución de las mujeres que defienden los derechos de otras”. Manifestó que los países “somos tan distintos en diversidad de cosas, como la política partidaria, las realidades y sus necesidades. En general, observé que Uruguay no está tan mal y que hay países que están mejor y más adelantados”. Citó el caso de Brasil, que tiene un Ministerio de Desarrollo Agrario y una Secretaría de Políticas para las Mujeres. Destacó el trabajo efectuado “en pos de los derechos de la mujer, la lucha contra la violencia, además del acceso al crédito”. “Los que participamos de la REAF tenemos un plus importante ya que hemos llegado a hacer escuchar nuestra voz, en tanto que los países del Caribe vienen algo más retrasados”, agregó.
Consideró además que las mujeres tienen realidades distintas: “No es lo mismo la situación de las mujeres rurales uruguayas que, por ejemplo, la realidad de las quebraderas de coco en el norte de Brasil, donde están debajo de dos hojas de palmera quebrando cocos, con las manos desechas, por un poco de comida”.
Mencionó en Brasil la Marcha de las Margaritas: “Nosotras participamos del lanzamiento de la quinta marcha, cuya culminación será el 14 y 15 de agosto de 2015 en Brasilia. Las mujeres marchan y caminan muchos kilómetros durante días y meses. Están tan mal que entienden que vale la pena hacer el sacrificio y si mueren en la marcha, vale la pena morir por ello, porque entienden que están en el subsuelo”.

DOCUMENTO
En el documento elaborado tras la conferencia, se instó a que los estados promuevan estrategias eficaces para el empoderamiento y promoción de la autonomía de las mujeres rurales y el cumplimiento de sus derechos a través de la legislación, así como medidas administrativas y presupuesto que garanticen su ejercicio pleno.
Además, que las políticas públicas para la agricultura familiar, campesina e indígena reconozcan tanto el trabajo productivo como reproductivo, desarrollando acciones que promuevan la autonomía, los derechos económicos, la seguridad social, junto a otros derechos de las mujeres rurales, destacándose la importancia de las inversiones de los estados que faciliten las labores de cuidado, así como promuevan acciones de co-responsabilidad entre hombres y mujeres y entre ciudadanía y Estado.
Solicitan que las legislaciones y las políticas públicas garanticen: el acceso a la tierra y a los territorios (reconocimiento de derechos ancestrales, legalización y redistribución) y a los recursos naturales, en especial al recurso agua, reconociendo a las mujeres independientemente de su estado conyugal, priorizando a aquellas que son jefas de familia, garantizando su titularidad y facilitando incentivos para la conservación de estos.
También el acceso a capital de trabajo y a los servicios financieros, en especial al crédito (con balance social y económico), junto a seguros de desgravamen y agrícolas, fondos de garantías, incentivos productivos y educación financiera básica. La creación, fortalecimiento y recuperación de los mercados rurales locales, regionales y nacionales, con énfasis en la producción agro-ecológica y la economía solidaria y asociativa con vista a la seguridad alimentaria, asegurando incentivos y mecanismos de inclusión de las mujeres rurales, incluyendo los mecanismos de facilitación para acceder a los programas de contratación pública y alimentación escolar y normas de sanidad adecuadas a la producción doméstica familiar y asociativa.
A adoptar e implementar medidas para que los servicios de extensión agropecuaria y asistencia técnica se adecuen a las necesidades específicas de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, considerando adecuadamente los aspectos de su desarrollo personal y social. A asegurar estrategias de vinculación intersectorial entre las instituciones estatales para el apoyo del desarrollo rural y los mecanismos para el adelanto de la mujer, con la participación de las mujeres organizadas.
A que las políticas públicas promuevan el trabajo decente y reconozcan la importancia de la organización social y sindical en la agricultura. Asimismo, que promuevan mejores condiciones de trabajo para todas aquellas mujeres rurales que se desempeñan en empleos no agrícolas. A desarrollar acciones para garantizar una vida libre de violencia, las cuales deben ser cada vez más amplias, integradas y eficaces para la prevención, atención, sanción y lucha contra todas las formas de discriminación.
También a institucionalizar políticas públicas con enfoque de igualdad de género, fortaleciendo los mecanismos para el avance de las mujeres, y las unidades de género en los ministerios de agricultura, ganadería y desarrollo agrario y/o rural de los países, con recursos humanos y presupuestos para el desarrollo de su gestión.