Opinion | 22 Nov Uno de los aspectos en que se ha insistido por voceros del gobierno, sobre todo en campaña electoral, refiere a que en la última década se ha logrado abatir sustancialmente el índice de desempleo en el país, lo que se desprende precisamente de los relevamientos que periódicamente da a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que incluye además índices respecto al abatimiento de la pobreza.
Sin dudas que una mejora en el empleo, como regla general, conlleva tener en cuenta una serie de consideraciones y evaluaciones que nunca pueden ser absolutas y por lo tanto deben contextualizarse en el marco en que se viene desarrollando el estudio, y sobre todo, los pisos de los cuales se parte.
Por ejemplo, todo estudio que se encare en la última década parte de un piso muy bajo, que fue el escenario a partir de 2002, cuando el Uruguay vivió la crisis más grave de su historia, y por lo tanto con una abrupta caída en todos los índices, incluyendo un alto desempleo, --solo en la actividad privada, naturalmente-- una gran caída en los ingresos, como consecuencia de la reducción sustancial de la actividad económica, y una degradación similar en todos los parámetros conexos.
No puede extrañar por lo tanto que una gradual mejora en la actividad económica, al amparo fundamentalmente de un alza sostenida en el entorno internacional de los precios de nuestros commodities, se tradujera a la vez en una mayor demanda de empleo y recuperación de empresas, así como de la recaudación del Estado, que con algunos altibajos felizmente se ha mantenido hasta hoy.
Este fenómeno de arrastre en el tramado socioeconómico explica, junto con determinadas políticas llevadas a cabo desde el gobierno, que hayan repuntado algunos índices que se utilizan para medir el estado de bienestar y calidad de vida de la población en general, porque indudablemente un mayor nivel de empleo y de ingresos del núcleo familiar permite un mejor acceso a bienes y servicios que repercute positivamente en el ámbito familiar.
Así, en las últimas horas se dio a conocer un estudio elaborado por el Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que indica que Uruguay registró en los últimos diez años un fuerte dinamismo de su actividad económica, provocando una caída constante de la tasa de desempleo.
Sin embargo, precisa el documento recogido por El País que no hay evidencia clara y fácilmente medible sobre sus efectos en la calidad de los puestos de trabajo creados a partir de la expansión económica.
En ese sentido, agregó, pese a las mejoras ocurridas, la mitad de los trabajadores dependientes del sector privado cuenta con un empleo de mala calidad.
“Esto demuestra que aún resta mucho camino por recorrer para que todos los trabajadores uruguayos puedan contar con un empleo productivo, con un ingreso digno, seguridad en el trabajo y protección social”, expresa el Iecon.
Para realizar el estudio, el Iecon identificó cuatro dimensiones básicas y explicó que uno de los aspectos a considerar para evaluar la calidad de las ocupaciones tiene que ver con el ingreso que perciben los trabajadores por su participación en el mercado de trabajo.
En ese sentido, la variable a considerar es el ingreso por hora trabajada de la persona ocupada, el cual incluye las remuneraciones monetarias y en especie percibidas en la ocupación principal. Otro de los aspectos considerados fue la precariedad. Sobre este punto indicó que se considera que una ocupación es precaria cuando la persona desempeña su actividad laboral en relación de dependencia y no cuenta con cobertura de seguridad social, o tiene una ocupación inestable o no recibe remuneración a cambio de su trabajo.
Un tercer aspecto tenido en cuenta fue la informalidad. El Iecon dijo que la calidad del empleo se vincula también a la productividad del trabajo y ésta a la informalidad. “Un empleo informal se asocia a una ocupación de baja productividad y en consecuencia de baja calidad”, sostuvo el instituto.
Pero, aun teniendo en cuenta la evolución respecto al escenario deprimido hace una década, siempre es pertinente traer a colación la relatividad de las estadísticas, y las dificultades en cuanto a medir parámetros sociales que no tienen posible cuantificación numérica, por no tratarse de una ciencia exacta, aunque sí corresponde evaluar que esta mejora merece reparos en cuanto a la sustentabilidad. Primero, por la baja calidad promedio de los puestos de trabajo que se han generado, y que indica que hay fallas estructurales que no pueden superarse solo por una coyuntura favorable, porque la mejora desaparece tan pronto cambia la ecuación económica, y los únicos empleos seguros son los que proporciona el Estado.
Por lo demás, las mediciones de desempleo tienen en cuenta como empleada también a una persona que la semana anterior protagonizó alguna tarea remunerada durante algunas horas, lo que toma por lo tanto “changas” como empleo, lo que dista un abismo de la realidad que apreciamos todos los días.
Paralelamente, hay numerosas familias que han superado la línea de pobreza solo por las canastas y transferencias de dinero que reciben de los programas del Ministerio de Desarrollo social (Mides), por lo que estamos ante una asistencia y no ante ingresos genuinos con alguna sustentabilidad.
Ello indica que el escenario socioeconómico y sobre todo laboral ha tenido una mejora significativa en la última década en nuestro país, por factores como los apuntados, entre otros, pero sin dudas existe una precariedad y alta dependencia de las coyunturas económicas en cuanto a ingresos, calidad y sustentabilidad de los empleos.