NO ATENDERÁN AL PÚBLICO
ENTRE LUNES Y MÍERCOLES

Locales | 22 Nov La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, Adepu, se reunió en asamblea ayer en Montevideo para analizar la situación que los comprende, al igual que a jueces y a funcionarios judiciales y registrales, en un reclamo por los aumentos pendientes desde la equiparación salarial de ministros y senadores en la ley de presupuesto. La asamblea emitió al cabo de su reunión una resolución de cinco puntos, el primero de los cuales es la declaración del conflicto con el Poder Ejecutivo y el segundo dar difusión a la opinión pública.
Además declararon la Asamblea Extraordinaria en sesión permanente, autorizando a la Comisión Directiva a que la convoque nuevamente cuando lo estime pertinente. En el punto cuarto expresan que no van a “atender público desde el próximo lunes 24 hasta el día 26 de noviembre de 2014”.
Finalmente facultan a la Comisión Directiva a adoptar “las medidas gremiales que estime conveniente, en forma progresiva, no descartando ninguna de ellas, inclusive la huelga, y coordine con los otros gremios del Poder Judicial la adopción de medidas en forma conjunta”.
En su comunicado Adepu expresa que la legitimidad del reclamo del pago del aumento establecido por el artículo 64 de la Ley 18.719, fue reconocida, tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal de Cuentas. También aludió a las declaraciones de inconstitucionalidad que dictó la Suprema Corte sobre las dos leyes que votó el Parlamento que pretendieron “dejar sin efecto ese aumento para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y todos los integrantes del Poder Judicial cuyos sueldos se encuentran enganchados a los mismos, Ley 18.738 del 8 de abril de 2011 y Ley 18.996 del 7 de noviembre de 2012”, por razones de forma y de fondo.
Los defensores sostienen que el sindicato, “al igual que los demás gremios del Poder Judicial, ha sido más que cauteloso al momento de reclamar el derecho de sus afiliados” y expresaron que si “Adepu no ha realizado ni un minuto de huelga en reclamo de dicho aumento, no lo ha sido por temor a las anunciadas declaraciones de esencialidad del servicio, sino por ser un gremio consciente de que el servicio de Defensorías Públicas es la real garantía de acceso igualitario a la justicia de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y por lo tanto del Estado de Derecho, y que un conflicto perjudicaría particularmente a esos sectores de la población ya castigados, pese a lo cual, también reivindicamos nuestro derecho a exigir el pago de lo que nos corresponde”.
Asimismo sostienen que siguen confiando que “en un Estado de Derecho se respeten las decisiones judiciales y se cumpla con lo que las mismas han decidido. Así el Poder Ejecutivo ha expresado a través de varios de sus voceros que es su voluntad proceder al pago de lo adeudado y ha reconocido la existencia de la deuda, pero hasta el momento, sigue sin cumplir y sin dar una fecha cierta de cumplimiento”.