Opinion | 24 Nov Tratar de imaginar como se presentará el escenario interno y externo para el gobierno que asuma el 1º de marzo de 2015 tendría mucho de futurología y un componente muy menor de certezas, por cuanto más allá de lo que se haya hecho o dejado de hacer en estos años --sobre todo en el marco de la bonanza de la última década-- existe siempre la posibilidad de avatares que condicionan a cualquier gobierno. Sobre todo en el caso de que no hayan sido previsores para contar con recursos que permitan determinado margen de maniobra sin tener que tomar medidas apresuradas ante ciertas urgencias y pretender que no avance el fuego cuando ya está instalado.
Por lo pronto, en el aspecto netamente coyuntural, y atisbando el escenario internacional, surge claramente un aspecto negativo al observarse cierto retroceso en los valores de los commodities que exporta el país, responsables de gran parte de la ola de recursos adicionales que hemos gozado en la década, pero paralelamente el precio del barril de petróleo ha descendido a valores muy por debajo de los últimos años, situándose en el orden de los 80 dólares. Esta es una mala noticia para los exportadores netos como Venezuela, pero buena para Uruguay, que importa el cien por ciento del petróleo que consume y que tradicionalmente ha sido una fuerte sangría de divisas para el pago de la factura petrolera.
Y como queremos que a Uruguay le vaya lo mejor posible, porque todos vivimos dentro de sus fronteras y nadie escapa en mayor o menor medida a los avatares negativos, es un deber advertir donde están las flaquezas y las fortalezas, para tratar de reducir las primeras y potenciar las otras. Ello quiere decir que no siempre se coincida con quienes tienen o tengan la responsabilidad de gobernar, porque sin duda muchos caminos conducen a Roma y cada visión implica generar aportes para que haya correctivos donde se necesiten y a la vez perseverar en las acciones que se juzguen positivas.
En este contexto, también hay decisiones prioritarias que deben evaluarse en función del interés general, por encima del sectorial o particular, midiendo los pro y los contra en estos parámetros, aunque todavía estamos en tiempos electorales, y eso lleva --por tradición-- a que los actores políticos introduzcan en la ecuación eventuales costos políticos en el corto plazo, lo que es in dudas una distorsión en cuanto a las prioridades y las decisiones que se deben tomar en determinado plazo.
En este contexto debe evaluarse por ejemplo la situación de Ancap, cuyo balance ha arrojado fuertes números en rojo, producto de algunas inversiones a través de sus empresas satélite que funcionan en el derecho privado, como es el caso de ALUR, por ejemplo, y que ha arrojado un déficit superior a los 150 millones de dólares, cubriendo de sombras la gestión de la empresa estatal durante la Administración Mujica.
Es que, como en todo tema en el que entran en conflicto intereses político-electorales, nada menos, las interpretaciones o reflexiones dan para todos los gustos. El gobierno relativizó el impacto de tal déficit; en tanto el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, consideró que se trata de una situación entendible.
La oposición, en tanto, no dudó en salir al cruce del gobierno al valorar como muy negativo el resultado de Ancap,y cuestionó la forma en la cual el Frente Amplio ha dirigido las empresas públicas en sus dos gobiernos, sin olvidar la perla mayor en cuanto a volumen de dinero involucrado, que es el caso Pluna, y la frustración sobre la anunciada reactivación de AFE, que es una de las principales banderas electorales de José Mujica.
En el caso de Ancap, al estar el precio de referencia del organismo por encima de los cien dólares, y comprar a ochenta, sin dudas que hay de por medio un colchón de dinero que ingresa a sus arcas, de un monto que dependerá de cuanto tiempo se mantenga esta caída del crudo, que le significa ingresos adicionales por unos 30 millones de dólares mensuales al actual precio de venta de los combustibles al consumo, al que no se ha trasladado esta rebaja.
La evaluación que surge es si estamos ante una decisión correcta, en este escenario, teniendo en cuenta que por un lado es preciso enjugar la deuda, como empresa pública, pero a la vez los combustibles al precio actual son un factor inflacionario y su rebaja sería de interés general, por cierto.
Al ser un ente monopólico, el organismo puede fijar los precios a su antojo, y hasta ahora ha priorizado su situación económico-financiera por encima del interés de los consumidores, en una decisión que es polémica y controvertida a esta altura.
En cuanto a la gestión, es indudable que la bonanza económica de la última década ha repercutido favorablemente en la recaudación de las empresas del Estado y los organismos estatales en general, pero a la vez esta mejora no se ha correspondido linealmente con mejores servicios y gestión, porque en gran medida han estado de por medio posturas ideológicas o de objetivos políticos que han sido factores de distorsión.
El próximo gobierno tendrá desafíos significativos, teniendo en cuenta que se percibe una desaceleración de la actividad económica interna y en la región, con vecinos complicados y nosotros con una inflación sistemáticamente por encima de las metas del Banco Central y déficit estructural alto de las cuentas fiscales. Además hay costos fijos, sobre todo en el caso de salarios públicos, que se agregan a grandes costos de producción para las empresas privadas, y con fuerte déficit en materia de educación, de seguridad y de gestión de servicios en salud.
Es decir que, superada una década que generó recursos que no fueron bien aprovechados, el escenario más probable es que se tenga que administrar una situación menos favorable por menos recursos disponibles, y en este aspecto la gestión, la fijación de prioridades y cómo llevarlas adelante, será un aspecto que incidirá sustancialmente en cómo nos vaya en el próximo quinquenio.