Opinion | 30 Nov Cinco semanas después de que en clima de respeto y tolerancia, el pueblo uruguayo concurriera masivamente a las urnas el domingo 26 de octubre y fuera protagonista de una ejemplar jornada cívica, nuevamente el cuerpo electoral ha sido convocado a elegir con su voto el gobierno que regirá los destinos del país a partir del 1º de marzo de 2015, en este caso para pronunciarse --como establece la Constitución-- respecto a dos fórmulas presidenciales que han reivindicado que aspiran a contar con el sufragio mayoritario del pueblo uruguayo, por encima de partidos.
Los resultados del 26 de octubre, naturalmente, son un antecedente clave de cara a la convocatoria de esta jornada, y a grandes rasgos, en lo previo, surge que el Uruguay sigue dividido en mitades entre la izquierda y el resto del electorado, y que en definitiva la voluntad ciudadana se pronunciará respecto a quien el ciudadano quiere y a quien no en el cargo de titular del Poder Ejecutivo.
La expresión del soberano en estas cuasi mitades de hace un mes, conlleva aspectos que deben evaluarse en su trascendencia, como corresponde a todo régimen democrático, donde no hay falsas unanimidades propias de regímenes autoritarios y con farsas electorales. Por un lado reafirma que hay una diversidad de opiniones intrínseca a una democracia, y paralelamente implica la necesidad de que desde el partido de gobierno, ya sea desde el Poder Ejecutivo como el Parlamento, por encima de que tenga o no mayorías parlamentarias, hay disposición a negociar y deponer extremos de verdades absolutas, para ir por el camino correcto, contemplando a las minorías.
Por lo tanto, no debería haber una mitad o poco más, de representantes de la soberanía popular, que pretenda imponerse sobre la otra, y por lo tanto deben ser bienvenidos los aportes que se generen con sentido constructivo desde otras tiendas políticas, en el entendido de que todos aspiramos a que nuestros gobernantes se sientan respaldados por la mayor base de apoyo posible, tanto de los que los votaron como los que no se volcaron por el gobierno que resulte electo este domingo.
Un aspecto que no debe dejarse de lado refiere a que el escenario internacional ya no es tan favorable como hasta hace unos años, y como nunca debe decidirse en base a prioridades, más allá de las buenas intenciones que se dan por descontado, y por ende utilizar los recursos disponibles en forma criteriosa, con retorno socioeconómico y sobre todo sustentabilidad para no recaer en situaciones de pobreza y desempleo que generan profunda frustración social. El próximo gobierno se encontrará por lo tanto ante grandes desafíos, con o sin viento de cola (ojalá que se dé esto último, de nuevo) para atender necesidades populares que no tienen color partidario, pero a la vez requerimientos en inversiones e infraestructura, que deben dilucidarse en un marco de prioridades cuidando lo que se pueda haber logrado pero a la vez en procura de logros y reducir vulnerabilidades.
Así, tenemos por delante decisiones trascendentes en materia de educación, de seguridad, de salud, en aspectos claves para el interés general y el presente y el futuro del país, que requieren para su solución más de un punto de vista, de forma de coincidir en respuestas con amplio consenso y sin visiones hemipléjicas de la realidad.
Estamos pues ante una responsabilidad insoslayable, más allá de banderas partidarias y concepciones ideológicas, de algún descreimiento en el sistema político, que por supuesto es imperfecto y está integrado por seres humanos, con sus virtudes y defectos.
Estos elementos dan la pauta de que es una jornada cívica de gran trascendencia, intransferible en su significación para cada ciudadano, que tendrá la oportunidad de elegir a sus gobernantes por los próximos cinco años, en una instancia en la que el voto de cada ciudadano tiene el mismo valor, cualquiera sea su ocupación, situación social, cultura o modo de pensar.
El balotaje permite que quien sea ungido presidente represente a la mayoría y no a la minoría menor, porque a partir de 1999 se ha instituido esta instancia, como en muchos regímenes democráticos en todo el mundo, en que se habilita una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato alcance el 50 por ciento más uno de los votos, como ocurriera el último domingo de octubre.
Este es un aspecto inherente a la propia concepción democrática, porque habilita que el ciudadano se pronuncie expresamente eligiendo entre las dos opciones mayoritarias, y por lo tanto habilitando que todos los ciudadanos se expresen tras la primera convocatoria en la que se ha elegido el Parlamento, para que decidan sobre quien a su juicio debería ocupar el sillón presidencial o en su defecto a quien no quieren.
En todos los casos, estamos ante una instancia en la que se consolida la democracia, el estado de derecho, con vigencia de la Constitución y la ley, de las libertades, de derechos y obligaciones, y la reafirmación de que el poder reside en el ciudadano, ni más ni menos.