Opinion | 28 Nov En las últimas horas se supo que tras casi cinco meses de negociación se cerró la venta de los siete aviones Bombardier CRJ-900 que pertenecieron a Pluna, por un monto total de 70,7 millones de dólares, y es así que el sábado 22 la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) que ejerce la sindicatura en el concurso judicial de Pluna S.A. firmó el acuerdo con la empresa estadounidense Strategic Air Finance (SAF).
SAF llegó a un acuerdo con la compañía danesa Nordic Aviation Capital (NAC), a la que cedió sus derechos sobre los siete aparatos, pero manteniéndose como garante de la operación final, dijeron a El País fuentes vinculadas a la negociación, por lo que la empresa con sede en Dinamarca, Irlanda, Estados Unidos y Singapur, ahora negociará el destino de los siete aviones Bombardier CRJ-900 que pertenecieron a Pluna.
Para cerrar el negocio con la sindicatura, la empresa compradora ofreció una garantía de U$S 4 millones que se sumaron al millón de dólares que en principio había establecido SAF como respaldo del negocio, en tanto una vez que culmine la etapa de elaboración de la documentación relativa al acuerdo y se levante la hipoteca de los aviones en favor de Pluna Ente Autónomo, el primer avión podría partir al exterior en un plazo de 15 o 20 días. Debe tenerse presente que Pluna, en 2008 y bajo la gestión de su gerente general Matías Campiani (quien se encuentra en prisión desde diciembre de 2013) adquirió los siete aviones a un precio total de U$S 203 millones (U$S 29 millones por cada uno). Esta operación fue financiada por el Scotia Bank de Canadá, con garantía del Estado uruguayo y desde 2008 se vienen pagando cuotas semestrales a esa entidad bancaria. Desde que el gobierno cerró Pluna en julio de 2012, las cuotas son abonadas por Pluna Ente Autónomo con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Pero este proceso conlleva un arrastre que por ejemplo determina que los U$S 70,7 millones generados una vez que culmine el proceso de venta de los aviones (ya que el comprador irá pagando por cada aeronave que se lleve) se destinarán a la masa concursal de Pluna S.A, que de acurdo a la sindicatura asciende a casi 170 millones de dólares de deuda con los acreedores. Así, a pesar de la venta de los aviones, en el concurso quedarían unos 100 millones de la moneda norteamericana sin cubrir, es decir una deuda que debe afrontar el Estado en la modalidad que corresponda o se acuerde. Esto da la pauta del nefasto negocio de Pluna que nos sigue dejando un agujero negro por una cifra aún indefinida --que vamos a pagar todos los uruguayos-- y encima con el legado de una nueva empresa conformada por exfuncionarios, que implica compromisos adicionales todavía imprevisibles en cuanto a subsidios encubiertos y costos para el Estado.
No debemos dejar de lado que el ruinoso negocio de Pluna, en el que por cierto quedaban pocas alternativas ante la magnitud de la distorsión financiera --por cuanto las génesis que se determinó durante la Administración Vázquez ató las manos al Estado uruguayo como garante para que se generara esta deuda--, ha arrojado que la justicia procesara entre otros al exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo y al expresidente del Banco de la República, Fernando Calloia, con proceso este último en suspenso pero con apelación del fiscal, como derivación del controvertido “remate” con el “caballero de la derecha” incluido como estrella central, y una soberbia marcada para tratar de pasar gato por liebre a todos los uruguayos.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, será convocado al Parlamento para que explique los motivos del gobierno y los costos de la nueva prórroga por seis meses del seguro de paro especial para los exfuncionarios de la aerolínea Pluna, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que será considerada y votada en la Cámara de Representantes el martes 9. Se trata de la segunda prórroga del seguro de paro para unos 250 extrabajadores de la aerolínea de bandera, cerrada por el Poder Ejecutivo en julio de 2012. El primer pedido de subsidio fue en mayo de 2014, con un régimen especial previsto por la ley 18.399 por el que se les asigna un seguro de paro por hasta un año, según establece el artículo 10 de esa ley. El monto mensual es de hasta el 80% del promedio de las remuneraciones.
Como han señalado parlamentarios de la oposición, este régimen especial representa una discriminación contra el resto de los trabajadores, que en situaciones similares y muy comprometidas acerca de su futuro han quedado a la deriva tras cumplirse el período previsto por la ley, librados a su suerte.
Esta prórroga, más allá de consideraciones, significa costos adicionales para el Estado, para los uruguayos, como derivación del cierre de Pluna, para cuya situación --es cierto-- no había soluciones buenas. Pero sin dudas que la impericia e improvisación del gobierno hizo que las pérdidas se potenciaran, mientras se llevaba adelante un proceso de cierre sin transparencia ninguna al tiempo que se evitó por la vía parlamentaría cualquier tipo de investigación de los procedimientos llevados a cabo. Lamentablemente la cosa no termina ahí, y quedará un “hijo” de Pluna, Alas U, para seguir dilapidando recursos de todos los uruguayos en algo que no beneficia a nadie más que a los propios interesados, con la excusa cada vez menos creíble y probadamente irreal de la “conectividad aérea” que se viera afectada por el cierre de la aerolínea de bandera. Una vez más, los montevideanos se miran el ombligo y se creen que en el puente aéreo con Buenos Aires y el estatus que nos da tener una aerolínea “uruguaya”, nos va la vida de todo un país.