Opinion | 01 Dic El titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Jorge Rucks, dijo que en Uruguay hoy existen “bases suficientes para tomar acciones sobre temas que son críticos para el país”, en tanto el desafío está planteado a partir de la “atención a la calidad del agua frente a la intensificación productiva y desarrollo”.
Para lograr un equilibrio necesario y resultados satisfactorios, Rucks propone la incorporación del usuario que consume productos agrícolas y empresarios y productores que utilizan agroquímicos.
Rucks, un arquitecto especializado en el ordenamiento de áreas metropolitanas, sabe que en los últimos años, se modificó el uso del suelo con fines agropecuarios, al igual que la gestión del agua o la instrumentación de productos químicos que decantan en los cauces de arroyos y ríos. Como el Santa Lucía, donde a fines del año pasado --y durante tres meses-- se limitó la actividad agraria y el gobierno suspendió la habilitación de nuevos establecimientos. Las autoridades estaban alertas por el “preocupante grado” de contaminación en la zona. Después comenzó un año electoral y poco y nada se habló del tema.
No obstante, los técnicos mantienen su preocupación y sostienen que la calidad del agua sigue siendo un tema pendiente que el próximo gobierno deberá continuar trabajando.
Además de las denominadas “bases suficientes”, la Dinama también cuenta con tecnología necesaria para avanzar en estudios científicos. Desde el año pasado se encuentra en un área especialmente acondicionada del Laboratorio Tecnológicos del Uruguay (LATU) con tecnología de punta y mayor cantidad de personal.
De hecho, el equipo que lidera Rucks se ha transformado en referencia, a pesar de las presiones políticas que reclamaban con apuro, algunas resoluciones técnicas que requieren un tiempo científico que los colores partidarios no pueden esperar.
Así ocurrió con la regasificadora de Puntas de Sayago, donde se previeron plazos muy cortos para la evaluación ambiental “responsable”; con el puente sobre la Laguna Garzón, que tras una audiencia pública para que la ciudadanía y otros actores sociales expongan sus opiniones, se aprobó dos semanas después.
Con Aratirí, el gobierno se detuvo gracias a los cuestionamientos ambientales y a las diversas movilizaciones realizadas en el país. Y porque además, según los expertos, el proyecto presentado no cuenta con los contenidos técnicos que deben sostener una evaluación de impacto ambiental. Tal como lo ha mencionado Rucks, su tarea es un continuo equilibrio: está en medio de los conflictos entre la conservación y su uso. Pero también es un cargo político y más allá de la buena imagen junto al firme respaldo de todo el personal de la Dinama, no debe olvidar a esa tercera pata que presiona.