Edila Patricia Vásquez Varela

Locales | 07 Dic La edila nacionalista Patricia Vásquez Varela dijo en el plenario de la JDP que “se ha tratado de sembrar dudas sobre los procedimientos de adquisiciones de la Intendencia de Paysandú” y se sostuvo por un edil de la oposición que “se realizaba una práctica continua en relación a los llamados a licitación, logrando que quedaran desiertas y luego pasándolas a contrato directo”. Sostuvo al respecto que “hay que clarificar las cosas porque si no, se confunde a la gente y dejan a la administración nacionalista como omisa o, peor aún, con falta de trabajo serio y responsable”.
Aclaró que “la Intendencia ha realizado en los tres últimos años un total de 239 operaciones --licitaciones públicas y abreviadas-- de las cuales solamente 19 han resultados desiertas o anuladas. Por consiguiente el 92 por ciento o sea 220 llamados se han adjudicado siguiendo el procedimiento previsto de tratamiento igualitario de proponentes y de participación competitiva de oferentes autorizados en los objetos licitados”. También está prevista la contratación directa, “en tanto no supere el límite dispuesto por el Tocaf”. Respecto de la “adjudicación de venta del monte en pie del balneario municipal, se realizaron dos llamados sin que se presentaran oferentes, por lo que la adjudicación se efectuó dentro de los mecanismos previstos. Hubo un nuevo llamado sobre el balneario que incluía al parque municipal, al que se presentaron tres propuestas, pero ninguna cumplía con el pliego de condiciones”.
De acuerdo al tocaf
La edila explicó que “las contrataciones del Estado están reguladas por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) aprobado por ley, normativa que prevé que las contrataciones se hagan mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto. Se establecen como mecanismos de contratación, la licitación abreviada y la compra directa, procedimientos de aplicación en función de determinados montos máximos. Pero también el Tocaf habilita a que el ordenador determine por razones de ‘buena administración’. La IDP no utiliza procedimientos de excepción como forma normal de contratación, sino que se ajusta a la normativa vigente; aquellos casos que pudieran adjudicarse por vía de excepción, se hacen con la habilitación de los previos controles que corresponden”. Vásquez Varela añadió que la normativa “establece la intervención preventiva de gastos a cargo del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), lo que en Paysandú se realiza a través del contador delegado de ese organismo de contralor y del contador auditor externo del TCR. Por lo tanto, todos los procedimientos cuentan con auditoría externa”.