Nacionales | 06 Dic El sistema penal está casi paralizado debido a las medidas gremiales que desde hace prácticamente un mes afectan el funcionamiento del Poder Judicial.
Como todavía el Poder Ejecutivo no ha fijado una fecha de pago de los incrementos salariales adeudados, la próxima semana los jueces suspenderán las audiencias agendadas, pero ya se están sintiendo los efectos de distintas medidas distorsivas.
Según El País, la operativa se altera porque los actuarios, que son los responsables administrativos de los juzgados, no firman oficios ni citaciones. A esto se suma que el sindicato de funcionarios de fiscalías afectó el traslado de los expedientes y por más que a los fiscales les lleguen las causas, posteriormente sus dictámenes no vuelven a los juzgados.
Las sedes penales padecen mayores dificultades debido a que por el funcionamiento del sistema son las que más dependen del envío y devolución de expedientes entre juzgados y fiscalías. Una jueza penal de Montevideo, quien pidió que no se divulgara su nombre, dijo a El País: “En mi despacho tengo montañas de expedientes esperando para ir a la fiscalía para acusación o para diligenciar pruebas”.