Nacionales | 11 Dic Cinco de los seis exreclusos de Guantánamo recibieron el alta médica del Hospital Militar y se espera que los refugiados firmen el documento que les otorga ese estatus, informó a El País desde Estados Unido, Buz Eisenberg, el abogado de Mohammed Abdullah Taha Mattan, el exprisionero palestino. El sexto permanecerá unos días más en observación, pues al haber realizado una huelga de hambre su estado físico es más delicado aunque fuentes consultadas aseguran que evoluciona rápido y bien. Los seis expresos se cortaron el pelo y redujeron el volumen de su barba.
Los abogados de los exreclusos que no vinieron a Uruguay hablarán en una teleconferencia para discutir sobre el mejor modo de asesorar a los expresos. “Esperamos que uno de nuestros colegas pueda unirse a la conversación, aunque esa es la hora exacta en que estarán firmando esos papeles y lo estarán haciendo con sus abogados”, dijo Einsberg. “Van a tener todos los derechos que tiene cualquier uruguayo con la excepción de que no pueden votar”, añadió. Se están realizando los arreglos de vivienda temporal para ellos hasta que se puedan instalar en una situación más permanente, “entonces estamos tratando de definir cómo sería”, dijo.
Respecto al documento que firmarán los exreclusos Eseinber dijo que “no he visto el documento, los Estados Unidos deberían estar fuera del tema ahora y es el gobierno de Uruguay que va a estar realizando esos arreglos. Recibirán el estatus de refugiados. Nuestros colegas sin embargo han visto el documento”, explicó en referencia a los abogados que están en nuestro país.

LORENZO RENUNCIÓ A BANCA EN DIPUTADOS
El exministro de Economía Fernando Lorenzo, procesado por el caso Pluna, anunció su renuncia a la banca de diputado por el Frente Líber Seregni (FLS).
“El pasado 26 de octubre fui elegido diputado nacional. No tengo palabras para agradecer el apoyo y el gesto que esto representa en el plano humano y político. Paralelamente, durante estos dos últimos años me he visto inmerso en un largo y penoso proceso judicial ampliamente conocido. Fui procesado por el artículo 162 del Código Penal vigente que, bajo el título de ‘abuso genérico de funciones’, condena una conducta que no describe ni especifica”, comenzó el exjerarca en su carta que fue leída en radio Sarandí. “Hace muchos años que diversas fuerzas políticas y la inmensa mayoría de la academia proponían cambiar la redacción de ese artículo porque en materia penal las imprecisiones y generalidades afectan el indispensable rigor y las garantías con las que debe ser aplicada la ley penal. La tutela de la libertad de los ciudadanos, exige necesariamente seguridad y una aplicación rigurosa y precisa de las normas penales. Ahora el Parlamento Nacional con el voto de legisladores de los dos principales partidos políticos se apresta a modificar el Código Penal. Específicamente -y recogiendo los postulados de la academia- se propone reformar la redacción del artículo 162”, prosiguió. “En otras circunstancias, como lo he manifestado, este cambio sería un avance importante en una materia que es siempre extremadamente delicada, tanto para el contralor de la función pública como para el contenido del derecho penal. Ahora bien, en este momento, desde el punto de vista estrictamente personal, y dadas las previsibles consecuencias que el cambio en la normativa implicaría en mi situación procesal, me opongo a ese cambio. No quiero de ninguna manera recibir beneficio alguno derivado de esas circunstancias”, señaló. “La aprobación de este ajuste normativo podría impedir que la Justicia se expidiera y con ello dejaría un manto de sospecha acerca de la forma en que he procedido”, consideró. “No sólo he sido sometido a un proceso que considero injusto sino que con la aprobación del nuevo Código Penal podría verme impedido como ciudadano del derecho a escuchar el dictamen de la Justicia en la que siempre he expresado mi confianza”, sostuvo. “En estas circunstancias, he tomado la resolución de no acceder a mi banca. No se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre mi persona y mi accionar. No me siento en absoluto culpable de haber cometido ningún acto en mi condición de ministro que merezca una condena, pero cuando se acepta y se lucha por vivir en una república democrática hay que asumir todas sus reglas, sus enormes ventajas y valores y también sus riesgos. Lo hice cuando renuncié a mi cargo para poder ser juzgado sin privilegios, y luego del pronunciamiento de la jueza, al decidir no presentar un recurso de apelación. Y lo hago en este momento, con la misma convicción. A mis compañeros y a los electores de la lista 99738 de Montevideo del Frente Liber Seregni quiero pedirles comprensión. Sin su apoyo y su impulso nada hubiera sido posible. Me comprometo a seguir trabajando y poniendo lo mejor de mí, junto a ustedes, para que este país siga avanzando con prosperidad y equidad. La ética es una actitud irrenunciable”, concluyó.

UNA PSIQUIATRA PARA MÁS DE 300 JÓVENES
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) visitaron entre julio y setiembre los hogares de internación de menores infractores dependientes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), órgano desconcentrado del INAU que administra esos centros. Luego se elaboró un informe que constata las condiciones de reclusión en los hogares.
“A criterio de la Corte se ha apreciado un proceso de mejoras, con inversiones en infraestructura importantes, pero se entiende necesario aumentar los esfuerzos en el diseño de medidas de consolidación de los procesos de responsabilización y asunción por los adolescentes de sus deberes frente a la sociedad”, señaló el documento al que accedió El País. También manifestó algunas dificultades y carencias en la atención psiquiátricas en algunos centros. “Las dificultades edilicias con centros totalmente inadecuados como en los establecimientos Ser y Ariel (ambos ubicados en la Colonia Berro) y otro como Desafío en que estando privados de libertad adolescentes de hasta 15 años, las oportunidades de actividades al aire libre son prácticamente inexistentes”, prosiguió el informe, firmado por el presidente de la SCJ, Jorge Larrieux, y los ministros Jorge Chediak, Jorge Ruibal y Ricardo Pérez Manrique.
Respecto a la atención psiquiátrica de los internos, señaló que existe una “insuficiencia”. “En Berro hay una sola psiquiatra para una población de más de 300 adolescentes”, afirmó. Además “llama la atención la cantidad de adolescentes mujeres con medicación psiquiátrica” en el hogar CIAF (Centro de Internación Femenino) de Montevideo, subrayó. Si bien “se reconocen mejoras, es evidente la falta de espacios y la inconveniencia de tener un centro único con todas las adolescentes privadas de libertad, lo que impide un trabajo diferenciado”, apuntó el documento.
Asimismo el informe de la SCJ destacó la situación del hogar Ituzaingó de la Colonia Berro. “Se destaca la gestión y orientación en el establecimiento Ituzaingó, con una fuerte impronta de su director en que los problemas edilicios se superan con esfuerzo y dedicación. Se aprecia a los jóvenes integrados a un proceso educativo claro y motivados más allá del fin de custodia”, sostuvo. También enfatizó la “colaboración” de las autoridades del Sirpa en la “preparación y concreción” de las visitas a los hogares de internación de menores infractores, “así como la atención respecto de los comentarios y sugerencias realizadas en el terreno”, subrayó el informe del máximo órgano judicial.

VIANA RETOMÓ SU PUESTO DE FISCAL
Tras ser separado de su cargo por seis meses, Enrique Viana ejercerá nuevamente como fiscal civil y retomará los casos que mantenía pendientes, entre ellos una medida cautelar contra la firma del contrato entre el Poder Ejecutivo y la empresa Aratirí. Había sido separado de su cargo el 10 de junio pasado mediante una resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que argumentaba que Viana no cumplía “con el deber de asistencia a las audiencias”. La decisión fue una forma de sancionar al fiscal, quien había presentado recursos contra emprendimientos como Aratirí, Montes del Plata o la ex Botnia.
En declaraciones a Montevideo Portal, el fiscal explicó que regresó a su puesto “porque se cumplió el plazo de seis meses, que es el tiempo máximo que un funcionario público puede estar separado de su cargo” y que no hubo un pronunciamiento del MEC sobre el motivo de su sanción.
“Uno esperaría que cuando hay una separación de cargo haya luego una resolución sobre el caso”, agregó, y dijo que “si no se expidieron debe ser porque los argumentos que expusimos están en lo cierto”. La forma en que se registró el proceso confirma que “se trató de una sanción encubierta”, consideró, y agradeció también las muestras de apoyo que recibió luego de la separación del cargo, especialmente por el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, Plenaria Memoria y Justicia, que incluso organizó una marcha en su apoyo, y el abogado Gustavo Salle.