Opinion | 14 Dic La mayor cantidad de accidentes laborales en Uruguay se presentan en el sector rural y pese a que no tienen una alta representatividad sindical ni presencia mediática, su problemática permanece invisibilizada. La siniestralidad en el manejo de la maquinaria agrícola, la aplicación de agroquímicos en la agricultura o las condiciones climáticas severas se transforman en caldo de cultivo de situaciones que ocurren con asiduidad, mientras otras agremiaciones presentan sus reivindicaciones y estadísticas ante la ciudadanía.
Uruguay ratificó en 2010 el convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece las pautas para la seguridad laboral en el ámbito agropecuario, que a nivel nacional contó con la aprobación de los sindicatos, gremiales agropecuarias y el gobierno.
No obstante, en este caso comprende a un colectivo específico que sostiene un fuerte vínculo cultural hacia la tarea que realiza y --en algunos casos-- hacia sus empleadores. Más allá de la difusión de la normativa existente, la problemática de la seguridad laboral no se resolverá con la aplicación estricta de un decreto, sino en la necesaria modificación de hábitos y costumbres que deberán comenzar con un proceso de educación.
El decreto detalla que algunas maquinarias deberán contar con elementos de seguridad apropiados, tales como tractores con barras antivuelco y cinturón de seguridad, indumentaria adecuada para el uso de agroquímicos, entre otras formas de protección.
En tal sentido, varias preguntas surgen a partir de este entramado de disposiciones y la principal es la necesidad de conocer el grado de aceptación existente en el colectivo de trabajadores de los cuidados que requiere la piel ante la intensa exposición al sol y productos químicos, mantenimiento y limpieza de herramientas o recintos, manipulación de desechos y posterior higiene personal. En estos casos, las comparaciones con comportamientos desplegados por generaciones anteriores no debería resistir el menor análisis, en tanto las estadísticas han indicado que se trata de una población con determinadas vulnerabilidades sanitarias, que en tiempos modernos son evitables. El otro aspecto resulta de la disponibilidad de recursos y cuidados por parte de las empresas, al tiempo que un capítulo aparte merece la prohibición de la participación de menores de 18 años en actividades agrícolas consideradas peligrosas y de 16 años, bajo determinadas reservas.
Sin estadísticas a la vista ni mayores datos inspectivos, solo resta imaginar si se verifica un adelanto, conforme avanza la legislación vigente.