Opinion | 13 Dic El gobierno mexicano ha resuelto dejar atrás la política de nacionalización de su producción petrolera, que fue eje y bandera de sucesivas administraciones de gobierno, y que dio lugar a la creación de Pemex (Petróleos Mexicanos) hace más de 70 años, para iniciar un proceso de traspaso de esta explotación a empresas internacionales, en una vuelta de tuerca fundamental en aras de sanear su economía.
Es así que el gobierno del presidente Peña Nieto anunció su primera licitación para compañías nacionales y extranjeras de 14 bloques en aguas poco profundas del Golfo de México, en el marco de un proceso gradual cuya culminación ha sido prevista para julio de 2015 y pone en marcha una reforma energética histórica.
El origen de esta marcha atrás es revelador acerca de la gestión del sector por el propio Estado, que ha tenido como característica que es una de las escasas empresas petroleras en todo el mundo que da pérdidas, y que va perdiendo producción, insólitamente.
El proyecto de Peña Nieto revela que la actual administración ha resuelto asir el toro por las guampas, al abrirse a la inversión tras la nacionalización petrolera en 1938, y que fue celebrada como una conquista para la soberanía de ese país.
Pero la petrolera estatal Pemex, empresa monopólica vital para la economía mexicana, viene registrando fuertes pérdidas desde 2013 y a la vez sigue sistemáticamente perdiendo producción de crudo, al punto de que de los 3,4 millones de barriles diarios promedio de 2004 ha pasado a producir 2,4 millones en la actualidad.
Si bien uno de los factores que ha influido en esta pérdida son los robos de combustible por las bandas de crimen organizado, no es menos cierto que el gran problema está en la gestión estatal de la compañía, que suma burocracia y corrupción a la falta de inversión, así como la ineficiencia característica en el Estado, que solo puede sostenerse en régimen monopólico y transfiriendo sobrecostos a los clientes.
No es por supuesto solo un problema mexicano, sino que en este caso ha salido a luz luego de varias décadas en que los problemas se podían sobrellevar en base a los elevados precios de los carburantes, pero los tiempos han cambiado y resulta ahora en una caída sistemática de la producción, como ocurriera precisamente en su momento con la estatal YPF en la Argentina, con vicios similares.
A esta problemática se agrega en esta coyuntura una caída persistente en los precios del petróleo, que genera un entorno especial para este llamado a licitación internacional, cuando además está de por medio la perspectiva de que se concreten inversiones en esquistos superficiales de petróleo y gas, que generan un manto de incertidumbre sobre el rumbo del sector petrolero en el futuro próximo, ante los avatares de la economía internacional.