Paysandú, Miércoles 17 de Diciembre de 2014

Nuevo Código Penal regirá desde 2017

Nacionales | 12 Dic La Cámara de Diputados sancionó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que regirá desde 2017, con juicios orales y públicos. Según la iniciativa, el fiscal será el acusador y se le garantizará una total independencia técnica para cumplir con su trabajo.
El proyecto resultó sancionado por acuerdo de todos los partidos, tras la redacción a cargo de una comisión de expertos encabezada por el magistrado Dardo Preza, recientemente fallecido. Para su implementación se necesitan unos U$S 25 millones, la reorganización del sistema y capacitación de funcionarios administrativos, jueces y fiscales. Por eso, el nuevo CPP comenzará a regir a comienzos de 2017.
La Cámara de Representantes votó por unanimidad y en bloque los 383 artículos del Código, luego de escuchar exposiciones de Jorge Orrico (Frente Amplio), Gustavo Cersósimo (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente), elogiando los contenidos de la nueva normativa.
El nuevo CPP establece un sistema que se conoce como “acusatorio” donde los juicios penales pasarán a ser orales, públicos y serán los fiscales quienes tendrán la responsabilidad de coordinar y dirigir las indagatorias. Luego, el juez resolverá el caso en base a la opinión del fiscal y el defensor. En la actualidad el juez dirige la investigación y además resuelve en el caso, lo que constituye, según los actores judiciales, una paradoja. Otra novedad es que el procesado permanecerá en libertad hasta el momento de la sentencia, por lo cual solo a excepción de delitos graves, quedará en desuso la figura de la prisión preventiva. Plantea la creación de cargos de jueces que tendrán bajo su responsabilidad los expedientes hasta el procesamiento y otros que asumirán competencia para el dictado de la condena.
Hoy el mismo juez dicta sentencia y hace el seguimiento de la ejecución de la condena.
Al acelerarse los procesos, se tenderá a solucionar uno de los grandes problemas de la Justicia: hoy más del 60% de las personas que están privadas de libertad no tiene sentencia.


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