Opinion | 16 Dic El formidable instrumento que constituye Internet, una verdadera revolución comunicacional, educativa y social, pero sobre todo cultural, tiene sus luces y sus sombras, y con el paso de los años se han sumado detractores, aunque son muchos más sus defensores y entusiastas. Sobre todo, los usuarios son quienes han adoptado la decisión de darle el espaldarazo del que somos hoy testigos en todo el mundo.
Y entre sus luces y sombras, porque todo depende de cómo se utilice el instrumento, más allá de su naturaleza intrínseca, se pone a disposición del internauta una interrelación global que trasciende la comunicación personal para pasar a sustituir con modalidad virtual una serie de actividades que antes demandaban presencia física u otros medios universales de contacto.
Desde hace unos años se ha establecido todo tipo de negocios por esta vía, incluyendo la incorporación del teletrabajo, pero también de operaciones como la venta masiva de artículos desde otros países. Objetos que son entregados por correo, cuyo país de origen no solo ofrece una amplia variedad de productos, que suelen no estar disponibles en el área de residencia del comprador, sino que a la vez permiten saltear intermediaciones que encarecen tremendamente el artículo.
En este sentido, Uruguay no ha escapado a esta tendencia mundial. Desde hace años y en forma creciente, miles de uruguayos han accedido a compras de artículos por Internet, en su mayoría de procedencia china o norteamericana, lo que generó una corriente comercial por esta vía --sin olvidar los negocios que se realizan a través de las empresas que se dedican a la venta de artículos usados y nuevos por los mercados on line-- aleccionados por una diferencia de precios sustancial y por el hecho de que se ha ido aceitando el circuito y las entregas se han reducido considerablemente en tiempo.
Ante esta realidad y por consideraciones de los comerciantes, quienes se sienten afectados por factores que tienen que ver con el interés del propio gobierno, el Poder Ejecutivo decidió poner en marcha un decreto que tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2015, por el cual las compras en el exterior a través de Internet serán abonadas exclusivamente con tarjeta de crédito o débito internacional a nombre de la misma persona que compró, entre otros requisitos. Los operadores postales serán obligados a aportar nuevos datos a la Dirección Nacional de Aduanas, por cuanto entre otros aspectos también incorpora y contabiliza dentro del límite de cinco compras al año tanto los envíos de regalos o compras menores a 50 dólares como las de hasta 200 dólares, considerando así cualquier encomienda recibida del exterior por cada persona a cualquier tipo de paquete provenientes del exterior, incluso por valores ínfimos, que hasta ahora tenían acceso libre, al tiempo que también se exige más información a las firmas en cada operación concretada.
Se trata de una respuesta a determinadas maniobras que se venían registrando, que permitían armar eventualmente comercios con mercadería recibida en estas condiciones desde el exterior, que incluso en algunos casos --aunque no todos-- tenían una subdeclaración en valores o en el contenido del paquete, tasado por debajo del valor comercial final.
Ahora bien, no cuesta mucho inferir que ha existido una presión creciente desde organizaciones de comerciantes e importadores, que han sufrido la mella que estas compras directas por Internet generan a sus negocios, además de la supuesta competencia desleal de estos pequeños o medianos comercios que restan compras al comercio establecido.
No puede obviarse que quienes compran por esta vía se encuentran con una enorme diferencia de precios respecto a la misma o similar mercadería que se ofrece en países de origen, desde que por regla general el precio de lo que se adquiere es la cuarta parte o menos, de la misma unidad en plaza.
Pero como nada es porque sí, tampoco cuesta mucho inferir que hay una intermediación que se queda con un equivalente de más del cien por ciento de lo que vale en origen la mercadería, que tiene que ver con las ganancias del importador, mayorista, distribuidor y del vendedor final, lo que hace que incluso se triplique o cuadriplique el costo final del artículo.
Pero cada integrante de la cadena tiene sus costos y su margen de ganancia en un nivel, digamos, razonable y sin dudas son los grandes perjudicados por estas compras directas, al fin de cuentas, pero sería una simpleza y hasta un despiste considerar que el gobierno ha adoptado esta medida solo para contemplar a estos sectores. Al fin y al cabo, las “importaciones” por correo alcanzaron apenas unos 30 millones de dólares en el año, que comparado con el Producto Bruto Interno del país de 55.000 millones de dólares, es nada.
El punto es que en toda esta cadena el Estado “muerde” a través de la aplicación de los correspondientes tributos y cargas fiscales y lo que los integrantes de la cadena dejan de percibir está relacionado con lo que pierde de recaudar el Estado. No es extraño entonces que esta vez el Estado se haya aliado nada menos que con los importadores para perjudicar al ciudadano de a pie, ese que siempre termina de rehén de la voracidad de los empresarios que viven de pasar de manos mercadería, sin aportar nada productivo al país.
Es que ciertamente estas exigencias apuntan a no perder los ingresos por tributación que percibe de las empresas de la cadena comercial, aunque el consumidor resulte perjudicado y se afecte la imagen internacional del país en cuanto a la libertad de comercio y acuerdos internacionales suscriptos. Pero si hay algo que los uruguayos aprendieron en esta “primavera” de las compras por Internet, a la que se le pretende poner fin, es que el aparato Estado-burocracia-importador, es la causa por la que un producto que puesto en Montevideo cuesta no más de 20 dólares, termine costándole más de 100 en el mostrador de un comercio.