Locales | 16 Dic El gobierno envió ayer al Parlamento un proyecto de ley con el que se propone dar por terminado el conflicto en el Poder Judicial, estableciendo un porcentaje de ajuste y un saldo por retroactividad muy inferior a lo que se reclama desde los sindicatos en conflicto, así como el “desenganche” de los ajustes salariales a futuro.
Los trabajadores del Poder Judicial fueron los primeros en resolver medidas, ya que iniciaron ayer un paro que se va a extender hasta mañana miércoles, sin guardia sindical. Ese día, dijo a EL TELEGRAFO el delegado sindical por Paysandú Oscar López, “va a haber una asamblea y se van a resolver los pasos a seguir de acuerdo al tenor del proyecto de ley que nos presentó el ejecutivo. Nos llamó poderosamente la atención, ya que no imaginábamos en los términos que los iban a presentar, pero bueno, lo presentaron en esos términos y habrá que ver con qué pasos continuamos”, dijo.
López no dudó en considerar esta realidad como un retroceso, “porque cuando hicimos el juicio reclamábamos el 26%, ahora en la ley nos ofrecen un 8%, más tres salarios para solucionar el conflicto, con dos agravantes: que nos desenganchan, algo histórico que logramos nosotros en el 2005, con lo cual estamos enganchados del sueldo del subdirector, éste a su vez de los sueldos de los ministros del Tribunal y los ministros del Tribunal a los de los sueldos de los ministros de la Corte, y los ministros de la Corte tienen el mismo sueldo que un ministro de Estado”.
El otro agravante, explicó el funcionario, es que se incluye un artículo “que dice que si le hacemos un reclamo al Poder Judicial no lo vamos a cobrar, porque el Estado no le va a dar los rubros necesarios, lo cual ya comienza a ser peligroso, porque nadie le podría reclamar al Poder Judicial un eventual daño. Puede ser repetitivo para otros ministerios del Estado, y después un día para una empresa privada, porque, como inicio tienen las cosas, siempre pienso para adelante lo que se viene haciendo ahora”.
IMPREVISIBLE
El delegado dijo que hasta el momento de la reunión en que se informó sobre el proyecto de ley “la peor de las hipótesis era que empezaban a pagar a partir del primero de enero” y agregó que más que una ley lo que se quiere hacer “es un acto institucional de la época del período militar: es así, agarralo, es lo que hay, si no te sirve mala suerte. Lamentablemente es así, hay que decirlo claramente”.
López también se mostró poco optimista sobre las posibilidades de lograr modificaciones mediante conversaciones con los parlamentarios. “Se podrá negociar en la Cámara de Senadores, pero no sé qué tanto más, cuando vienen estas leyes del Ejecutivo muchas veces se aprueban a tapas cerradas. No sé qué margen de negociación tendrán los senadores, que el gobierno es el que tiene la mayoría, pero en la asamblea el miércoles veremos qué pasos vamos a seguir”. Para llevar una postura a la instancia de mañana los judiciales sindicalizados de Paysandú van a mantener hoy una reunión. “Después la asamblea decidirá, si hay paro o huelga total hasta el 24; el tema es que ahí ya comienza la feria y el Poder Judicial ya no existe en la feria”. La asamblea el miércoles es a las 10:00 y se estima que sobre las 15:00 se conocerá una resolución. De todos modos ayer mismo hubo expresiones de reprobación con una manifestación convocada a través de las redes sociales hasta la sede de Presidencia de la República y después hasta el Palacio de los Tribunales. “Fue algo espontáneo que surgió entre varios compañeros y que lo hicieron”, indicó López.
Hoy se reúne la Asociación de Magistrados en asamblea y también lo hacen los actuarios, mientras que la directiva del sindicato de los defensores públicos se reunía anoche.
“El juzgado funciona con los funcionarios que queden. En la oficina puede haber 20 funcionarios, de repente queda un trabajador solo y hará lo que pueda dentro de sus posibilidades. Claro que cuando hay paro muchos profesionales no asisten, las audiencias se suspenden, porque no alcanza el número de funcionarios, como es sin guardia gremial tampoco se atiende la parte de violencia doméstica ni de penal. Pero ahí ya lo tomarán los jueces o los actuarios, si no están con medidas. Los jueces están facultados por la asamblea de ellos, en casos especiales, a hacer las audiencias”, indicó López.