Solo con los votos del oficialismo

Nacionales | 23 Dic La Cámara de Diputados aprobó el aumento del 8% para los judiciales y los registrales, además de la Ley de Medios y la reforma de la ley orgánica policial, informó el diario El País.
Con los votos del oficialismo (50 en 79), la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que establece un incremento de 8% para los funcionarios judiciales y registrales, por lo que ahora regresará al Senado. La iniciativa, votada por senadores a puertas cerradas, deberá volver a la primera Cámara para que se acepten las modificaciones que por orden del presidente José Mujica se le realizaron en la comisión de Hacienda de Diputados, como la eliminación del artículo que rompía el “enganche” que establece que el sueldo de esos funcionarios será equivalente a un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte, con excepción de jueces y fiscales. En tanto, los funcionarios judiciales, que reclaman un incremento del 26% y están de paro general sin guardia gremial hasta el 24, anunciaron que comenzarían acciones de inconstitucionalidad si se aprobaba el proyecto de ley remitido por el gobierno. ​Asimismo, la asamblea de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) rechazó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y si bien descartó la implementación de medidas gremiales resolvieron comenzar “a la brevedad” una acción de inconstitucionalidad.
Por otra parte, los Diputados aprobaron, también solo con los votos del oficialismo, la creación de un sistema de comunicación audiovisual, conocido como la Ley de Medios. Son 186 artículos que regularán los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, pero deja por fuera Internet y las redes sociales.
La iniciativa fue votada en el Senado mientras el presidente electo Tabaré Vázquez anunció la reglamentará ni bien comience su mandato el próximo 1° de marzo. Sin embargo, la oposición rechaza este proyecto porque considera que puede llegar a “afectar la libertad de expresión”, porque tiene disposiciones “inconstitucionales, discrimina y afecta a los privados en beneficio del Estado”, según argumentaron sus legisladores.
La reforma de la ley orgánica policial, elaborada con un criterio de semejanza al Ejército, también fue aprobada por Diputados con los votos del Frente Amplio y enviada al Senado para su sanción. Luego de dos años en el Parlamento, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, solicitó la rápida sanción de la norma, según denunció la oposición. Fue estudiada por la comisión de Constitución y Códigos, y derivada a sala.
El diputado nacionalista Pablo Abdala consideró que no hubo tiempo suficiente para el análisis y debate de las normas del proyecto. “Es un proyecto que ingresó al Parlamento en 2012 y estamos reformando esta ley orgánica de buenas a primeras. El proyecto se encajonó dos años. Esto es un despropósito, un atentado a la buena legislación”, manifestó. La reforma tiene “un claro objetivo de politizar la policía”, agregó.
El legislador dijo que se crean nueve cargos de confianza política y se establecen dos estructuras paralelas: “una dependerá directamente del ministro como Bomberos o Inteligencia policial. Todos los jerarcas que ocupen esos cargos serán de confianza política; y la otra estructura paralela dependerá de la Dirección Nacional de Policía”, explicó. Recordó que el proyecto establece el derecho a la sindicalización e insistió en que eso debió ser discutido en la comisión. “Además se le prohíbe al funcionario hacer críticas o comentarios sobre la institución. ¿Y entonces la sindicalización de qué sirve?”, se preguntó. Por su parte, el Partido Independiente (PI) anunció que no votaría el proyecto. El diputado Iván Posada dijo que el proyecto “apareció” al final de las sesiones aunque reconoció que es necesaria una reforma de la ley orgánica policial “para mejorar la calidad de la seguridad pública”, y “profesionalizar” al cuerpo.
En tanto, los colorados también rechazaron el proyecto. “A las apuradas nos quieren hacer votar este proyecto, que no vamos a acompañar” porque tiene “incongruencias, politización y autoritarismo”, sentenció el diputado Juan Manuel Guarino.

RECLAMAN REMOCIÓN DE MINISTRO HUIDOBRO
Organizaciones sociales e incluso algunos sectores del Frente Amplio (FA) reclaman la remoción del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por su declaraciones en el marco del enfrentamiento que mantuvo con integrantes del Serpaj, que lo acusó de “frenar” las investigaciones sobre detenidos-desaparecidos. Días atrás el jerarca dijo que si la Serpaj lo autoriza a torturar, tal vez consigue información sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. En tanto, ayer reavivó la polémica al responder a las críticas del Partido Socialista (PS) al respecto de sus dichos.
En declaraciones a El Espectador, el secretario general del PS, Yerú Pardiñas, dijo que la declaración de ese sector pretendió generar un ámbito para avanzar en el esclarecimiento de los aspectos vinculados a la verdad y la justicia, considerando que las declaraciones de Huidobro, como representante del Gobierno era inaceptables para la organización y no se adaptan a esa voluntad. “Todos debemos ayudar a seguir avanzando en materia de DDHH, entre lo que está el esclarecimiento de las acciones del pasado y la voluntad en el presente. En ese sentido el ministro sabe que nosotros trabajamos junto al Gobierno y a él y haremos el máximo esfuerzo para defender la integridad del Gobierno para plantear las acciones que nos permitan hacer avanzar el tema”, señaló y añadió que esclarecer estos temas es responsabilidad tanto de Gobierno como de organizaciones sociales. “Queda claro que no hay avances si no hay un articulación y un accionar conjunto entre la voluntad del Gobierno y la acción de las organizaciones sociales que pugnan por el esclarecimiento de estos hechos. Se trata de acciones complementarias”, indicó.
Asimismo, el grupo Magnolia entendió que son inaceptables las declaraciones del ministro y las rechaza por completo. Dijo anhelar que “tanto el Gobierno nacional como el electo muestren con claridad el rumbo y las referencias éticas y políticas que exige la temática de los derechos humanos, asunto harto sensible para el conjunto de la sociedad uruguaya”. Las declaraciones son “altisonantes y disparatadas, en nada contribuyen a la solución del tema de fondo y por tanto no deben ser admitidas, razón por la cual debe renunciar en forma inmediata”. Además un enfrentamiento entre sectores del propio Frente Amplio. La Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad, liderada por el propio ministro, salió hoy en su respaldo.
Organizaciones sociales también reaccionaron contra la actitud del jerarca y lo califican como una “ofensa a la memoria de nuestros compañeros” y están solicitando su remoción a través de las redes sociales. En tal sentido existe una fuerte campaña en Facebook a través de la cuenta “renunciá Huidobro” y también en Twitter, con el hashtag “Fuera Huidobro”. En tanto, se espera en breve que Serpaj emita una declaración respecto a estos últimos dichos del ministro de Defensa.

ARZOBISPO PIDIÓ
UNA REUNIÓN CON TABARÉ VÁZQUEZ
En un encuentro con los medios, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, envió su mensaje de Navidad y aprovechó la oportunidad para anunciar que solicitó una reunión con el presidente electo Tabaré Vázquez para desearle éxito en su gestión y también para dialogar sobre temas de actualidad, informó El Espectador.
“Yo he pedido una entrevista para saludarlo y para manifestar el deseo de que le vaya bien en el gobierno”, expresó. “Siempre que uno saluda aprovecha para plantear algún tema. Sin duda el tema que en este momento tengo para dialogar con él es el de esta Guía de Diversidad (Sexual) y me gustaría explorar sobre lo que es la educación entre la Iglesia y el Estado”, agregó. El documento había comenzado a circular por los centros educativos pero luego el Consejo Directivo Central canceló su distribución por diferencias con los contenidos.