Opinion | 21 Dic El último informe publicado por el Barómetro de las Américas de Lapop denominado “La cultura política de la democracia en las Américas, 2014” ubica a Uruguay en el tercer lugar con 50%, entre los países cuyos ciudadanos están más preocupados por la violencia e inseguridad en comparación con una década atrás.
Si bien se reitera el argumento de que al mejorar la economía, los uruguayos ya no se preocupan por la desocupación o bajos niveles salariales, es posible analizar que solo por encima de nuestro país se ubican Trinidad y Tobago (67,7%) y El Salvador (65,2) e inmediatamente le siguen Jamaica (49,8%) y Honduras (47,9), cuyas economías no cuentan con un hilo conductor que sustente un aparato productivo, sino que en su mayoría dependen de remesas provenientes del exterior.
Según el informe, el reporte de criminalidad y violencia a través de experiencias personales o barriales, incrementa la percepción en la comunidad en general y esto parece obvio, en todo caso por tratarse de sociedades pequeñas donde la cercanía de los casos ocurridos opera bajo un efecto contagio. Incluso agrega que ocurre algo similar entre “quienes prestan más atención a los medios”.
El documento arroja evaluaciones negativas en la respuesta policial, en tanto uno de cada dos individuos expresó su inconformidad con el desempeño policial y más de uno de cada tres se queja por las demoras. En Latinoamérica se incrementa la preocupación por la impunidad y paralelamente crece la preferencia por una alternativa punitiva o “mano dura”.
Mientras esto ocurre en el continente, el presidente electo Tabaré Vázquez se comprometió a bajar 30% los hurtos y rapiñas en el próximo período, reforzará la tarea de la Dirección General de Información e Inteligencia en la investigación de homicidios y delitos violentos --hasta ahora estaba fuera de su competencia-- y Presidencia de la República se encargará “directamente” de un plan de seguridad. Durante el próximo período, el Ministerio del Interior se abocará al combate del narcomenudeo y las bocas de venta de pasta base, razón por la cual el ministro Eduardo Bonomi solicitó dos nuevos cargos de jueces especializados en Crimen Organizado, anunció una mayor coordinación entre la Guardia Republicana y Policía Caminera para controlar las rutas y combatir el delito, además de una reestructura en las escuelas de formación policial.
Parecen demasiados cambios orientados a dar respuesta a una percepción de inseguridad que proviene de “quienes prestan más atención a los medios”. O tal vez, los problemas existían y las diversas formas de amplificar --Internet y redes sociales incluidas-- ayudaron a cambiar el chip de la “sensación térmica”.