Nacionales | 24 Dic La instalación de la Policía Nacional de Tránsito permitirá dar cumplimiento de modo uniforme a la normativa nacional en la materia y acelerar el descenso de la siniestralidad, que hasta el momento lo hace paulatinamente, señaló el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, tras participar en el lanzamiento del programa de prevención en drogas para la temporada estival “Cuidate y Disfrutá”. “Estamos en la tasa de mortalidad más baja de los últimos siete años y, tomando en cuenta el aumento del parque automotor, en la tasa histórica más baja en cantidad de lesionados y fallecidos”, aseguró el funcionario al término del lanzamiento del programa de prevención en drogas “Cuidate y Disfrutá”, acto organizado por la Junta Nacional de Drogas en Torre Ejecutiva.
“Los datos son muy positivos, pero podríamos mejorar si actuáramos uniformemente en todo Uruguay. Todavía seguimos viendo ciudades enteras en las que el casco es un adorno, el cinturón no se usa y 70 % de los niños siguen viajando sin ningún sistema de retención infantil”, advirtió. Subrayó que se siguen reforzando los controles de alcohol y se han iniciado los de marihuana, en un proceso que se extenderá rápidamente a todo el país, ya que son varios los gobiernos departamentales que están formados, capacitados y tienen el equipamiento necesario para hacerlo. Hay un elemento central en todo esta temática y es el hecho de que hoy no debe quedar uruguayo en el país que no sepa que si toma alcohol no tiene que conducir vehículos, consideró Barrios. Sin embargo, alertó que 400 conductores por mes son inhabilitados por manejar bajo efecto del alcohol, lo que catalogó de inadmisible. “Quien toma alcohol y conduce vehículos sabe que se expone a un riesgo de lesionar a alguien gravemente; entonces hay que insistir”, apuntó, al tiempo que insistió en que en todo el país hay unos 5.000 conductores por año que son inhabilitados por conducir tras haber ingerido alcohol en exceso.
El jerarca hizo referencia en este tema al trabajo de la Unasev con los directores de tránsito de las intendencias, quienes han manifestado dificultades para realizar los controles adecuadamente. “Por eso es tan necesaria la Policía Nacional de Tránsito”, subrayó. “El apoyo policial que se ha dado hasta ahora no ha sido ordenado, no ha sido en base a un organismo central y eso es lo que vendrá con la creación de este cuerpo policial especializado, que actuará en forma coordinada con la Unasev y los grupos de inspección de las intendencias”, insistió. En este sentido, el presidente de la Unasev manifestó que los intendentes son los líderes departamentales y están abocados a la aplicación a la ley de tránsito, pero advirtió que actualmente los controles y la fiscalización aún son muy irregulares.
En este aspecto, puso como ejemplo la decisión del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien el año pasado dispuso la obligatoriedad del uso del casco y eso transformó la siniestralidad local, que permitió bajar 40 % la cantidad de lesionados graves y fallecidos por esta causa. “Esa es la actitud que queremos para que se pueda actuar en forma uniforme en todo el país”, destacó. En ese marco, Barrios puntualizó que se hizo “un proceso de convencimiento” con las intendencias para que la ley sea uniformemente cumplida, lo que será posible, a través de la Policía Nacional de Tránsito.

PARO Y OCUPACIÓN EN DISCO, DEVOTO Y GÉANT
Los trabajadores agremiados del Grupo Casino, que abarca a los supermercados Disco, Devoto y Geant, están de paro desde la tarde de ayer, en reclamo, entre otras cosas, de no perder el presentismo en caso de no concurrir a trabajar en los feriados laborables. Esta situación se desarrolla en la previa de los festejos por Navidad que mantiene los supermercados repletos y con una gran demanda.
El presidente de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Ismael Fuentes, dijo a Subrayado que “Grupo Casino es la única cadena que no lo está pagando”. También reclaman por dos situaciones de persecución sindical a delegados de locales de Devoto Pando, Devoto Shangrilá y Disco Canelones. Las negociaciones quedaron truncadas en la mañana de la víspera. “La empresa dijo que no lo iba a pagar y se retiró de la negociación”, aseguró, y agregó que el sindicato había anunciado previamente que si no había solución realizarían un paro por 24 horas.
La empresa en tanto emitió ayer un comunicado en el que informa que realizará “en forma unilateral” el pago del presentismo en caso de ausencia del trabajador los días 18 de julio y 25 de agosto. De todas maneras se realizará el paro y las ocupaciones, señaló Fuentes, quien criticó el comunicado y dijo que aunque “es una buena cosa que paguen, esto tenía que formar parte de un acuerdo y no hacerse de forma unilateral. Si lo quieren pagar que lo paguen, cuando lo hagan efectivo veremos”, afirmó.
El comunicado de Grupo Disco a los trabajadores establece que “con la finalidad de superar las diferentes interpretaciones respecto a la aplicación de la prima por presentismo los días 18 de julio y 25 de agosto, la empresa mantuvo hasta la fecha diversas reuniones con representantes del Sindicato y con participación de dirigentes de Fuecys a fin de encontrar una solución. Sin embargo, cuando los términos de dicho entendimiento se consideraron satisfactorios para las partes, el sindicato planteó nuevas reivindicaciones adicionales y particulares que no tienen ninguna vinculación con la prima por presentismo. Esto tuvo como lamentable consecuencia la de frustrar el acuerdo alcanzado”, agregó. “No obstante ello y para no dilatar la situación innecesariamente, la empresa ha resuelto en forma unilateral y definitiva, y así lo comunica a todo su personal, que la Prima por Presentismo establecida en la cláusula décimo del convenio colectivo vigente no se perderá en caso de ausencia del trabajador los días 18 de julio y 25 de agosto”, sentenció el texto.

JUDICIALES COMIENZAN A PREPARAR RECURSOS
Tras haber sido aprobado el incremento del 8% para judiciales y registrales en Diputados, aunque deberá ser votado nuevamente en el Senado para convertirse en ley, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se reunió en asamblea para analizar la marcha del conflicto que mantiene con el Poder Ejecutivo por el pago de los ajustes salariales resultados del “enganche” de salarios.
En declaraciones a Montevideo Portal, el dirigente de la AFJU Raúl Vázquez dijo que los funcionarios decidieron en la asamblea “mantener el conflicto” tras la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados y continuar con el paro hasta hoy, tal como habían definido semanas atrás. Añadió que levantarán la medida hasta el 2 de febrero, fecha en que volverán a reunirse en asamblea para analizar posibles nuevas medidas. El sindicato ya comenzó a “preparar” los recursos de inconstitucionalidad que presentará ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que la norma que se aprobará en el Parlamento viola la Constitución, señaló Vázquez, quien explicó además que la preparación de los recursos se realizará en el ámbito de la “intergremial”, que incluye también a la Asociación de Magistrados del Uruguay y a los sindicatos de actuarios y defensores públicos. La AFJU había anunciado también que las demandas contarían con el asesoramiento del catedrático grado 5 Carlos Delpiazzo. Los recursos se presentarán “en forma conjunta y a través de poderes”, de la misma forma en que los funcionarios iniciaron el juicio de cobro de pesos a través del cual pretenden cobrar el total de lo adeudado por el Poder Ejecutivo desde 2011, subrayó el dirigente.

TRANSPORTISTAS DE CARGA REALIZARÁN PARO INDETERMINADO
La Asamblea de trabajadores del Transporte de Cargas decidió realizar un paro general el viernes por tiempo indeterminado. Por esta medida se verán afectados todos los servicios de transporte de cargas, puertos, sector forestal, la distribución y suministro de combustibles, empresas logísticas y polos logísticos, entre otros, informó El Espectador.
Sutcra, sindicato que nuclea a estos trabajadores, realizará algunas concentraciones en diferentes puntos estratégicos del país. La medida responde al “desconocimiento e incumplimiento general de la normativa laboral por las empresas transportistas contratadas por la pastera UPM”, informaron los trabajadores en un comunicado, quienes pretenden que las autoridades exijan a UPM y las empresas de transporte contratadas, que cumplan con la normativa laboral y que “de una vez por todas, se ponga freno a la informalidad en el sector”.