Opinion | 22 Dic En el año 2004 a instancias del excomisario Robert Parrado se creó en el Ministerio del Interior el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, que actualmente funciona en la División de Crimen Organizado. Desde entonces ha registrado los datos personales de más de 5.000 personas desaparecidas en todo el país.
Con la llegada de las nuevas tecnologías, se habilitó una nueva sección del sitio web del ministerio que publica la información de los ausentes para colaborar con su ubicación. En Uruguay hay unas 200 personas de las cuales no se conoce su paradero desde la creación del registro.
Sin dudas el mito ciudadano de esperar 24 horas desde que la persona fue vista por última vez conspira para comenzar la búsqueda. El director general de lucha contra el crimen organizado e Interpol, José Pedro Izquierdo, destacó que los familiares pueden realizar la denuncia de inmediato, tras comprobar indicios fehacientes de su desaparición. Según cifras oficiales, la Policía aclara el 96% de los casos.
Es interesante destacar que en Uruguay, a diferencia de otros países del mundo, se utiliza la palabra “ausente” en vez de “desaparecido”. Las connotaciones políticas que lleva implícitas ese vocablo, generan y continuarán generando --a menos que comience el cambio desde el nivel institucional-- una cierta reserva al momento de definirlo como tal.
En la víspera, Maldonado se movilizó para recordar que hace 20 años desapareció Silvia Fregueiro Yacobazzo, madre de un hijo y empleada doméstica, cuya ausencia se mantiene bajo un profundo misterio. Durante varios años, su madre se movilizó portando la fotografía de su hija en la plaza de San Fernando, hasta el agotamiento y la resignación.
Con el paso de los años se fueron sumando otros casos y también el silencio. Es que los desaparecidos en democracia se mantienen en un limbo de difícil definición. Transitan entre la creencia del retiro voluntario por disputas familiares, la depresión o el involucramiento de terceros con protagonismo diverso, entre los que se encuentran organizaciones de trata de personas. Pero algunas de esas situaciones son especulaciones transformadas en corrillos que tampoco aportan a una investigación ante la obvia falta de pruebas.
Sin embargo, Parrado ha reiterado en diversas entrevistas que “los ausentes en Uruguay son desaparecidos de segunda categoría”, en tanto esos casos “no se investigan con la misma intensidad”, y “el Estado no se compromete de la misma manera”. Los desaparecidos en democracia requieren también un reconocimiento y aunque sus familiares no obtendrán resarcimiento alguno, sí al menos la tranquilidad de que se lleva adelante una investigación diferente a lo convencional.