Policiales | 29 Dic La reforma de la Ley Orgánica Policial, que la Cámara de Diputados aprobó únicamente con los votos de los legisladores del Frente Amplio el pasado lunes, fue enviada al Senado para su consideración en la sesión de hoy. El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) concurrirá al Parlamento, tras entregar a legisladores colorados, blancos y oficialistas las críticas hacia la iniciativa que contiene algunos artículos que “van contra los derechos de los trabajadores, como es el caso de la articulación de las sanciones o la especificidad de sus derechos”, dijo a EL TELEGRAFO el dirigente Alejandro Álvarez.
Según la iniciativa, “se mantiene el derecho a la sindicalización, pero no a los fueros sindicales y se limita la opinión acerca de la gestión del ministerio. Sabemos que no podemos brindar información del trabajo que lleva adelante la Dirección de Investigaciones, pero esto va más allá. El policía no puede cuestionar la forma de trabajo ni sus condiciones de salubridad, por ejemplo”, señaló el vicepresidente del SUPU a nivel nacional.
El citado gremio ha denunciado las condiciones de seguridad y ambientales que “no han mejorado nada, entonces creemos que tampoco mejorarán en un año, más allá de que esta ley se aplicará a partir de 2016. Incluso el personal retirado está impedido de hablar por cuatro años acerca del trabajo que realizaba en la Policía y eso significa atentar contra la libertad de expresión. Estos aspectos están en conocimiento de los legisladores que tratarán la Carta Orgánica”, señaló. En la sesión de la Cámara de Representantes, el proyecto se aprobó con los votos del oficialismo, no obstante el SUPU manifestó la necesidad de revisar esa ley que “estuvo dos años en un cajón y sin consultar a los trabajadores”. Según Álvarez, “en pocos días se aprobará una ley negligente, por eso reclamamos un tratamiento en profundidad”.
El dirigente reconoció que tras los planteos, “ningún legislador respondió”, al tiempo que en 2013, “cuando fuimos invitados a la Comisión de Constitución y Código, presentamos nuestro proyecto de ley y las críticas hacia algunos artículos de la ley presentada por el Ministerio del Interior. Esa ley salió ahora a pedido del ministro Eduardo Bonomi, quien solicitó su tratamiento con urgencia”, subrayó.

CONDICIONES LABORALES
De acuerdo con el dirigente, “hay trabajadores obligados a desempeñarse en determinados lugares, como es el caso del basurero de Montevideo, en situaciones absolutamente inhumanas. Hay comisarías que no cuentan con baños en condiciones ni las mínimas normas de higiene que existen para cualquier persona en otra oficina”. Sin embargo, reconoció que “en el Interior la situación no es tan crítica”.
Explicó que “para el trabajador policial no se establecen ciertos aspectos referidos a la salud laboral y que rigen en otras reparticiones ministeriales. El policía debe aceptar su lugar de destino y en las condiciones en que se presenten. Creemos que estos planteos deben efectuarse de otra forma y, por ejemplo, confirmar si hay luz en un destacamento, un baño o instalaciones eléctricas adecuadas o un vehículo”. En tal sentido, estimó que un 40% de la totalidad de las comisarías del país “no cumplen con las mínimas disposiciones”.

SEGURIDAD PERSONAL
En aspectos vinculados a la seguridad personal de los efectivos, Álvarez reconoció que faltan elementos. En Paysandú, “el 80% de la policía cuenta con las mínimas protecciones, pero no pueden continuamente pedir prestado un chaleco para realizar el Servicio 222. Incluso debe realizarse una distribución masiva de las armas durante el recambio de armamento que no debe detenerse, porque esto se hace por un tiempo y después se para. Últimamente no hubo una distribución, salvo para los grupos especiales de choque, pero debe extenderse a toda la Policía, al igual que los cursos de capacitación”, precisó.
El dirigente reclamó una mejor actualización y que “no trascienda únicamente sobre las normas de seguridad, sino en leyes y normas que han sido reglamentadas en los últimos tiempos y sobre las cuales el policía no tiene conocimiento. En la última asamblea, la comisión directiva nacional junto a delegados departamentales resolvió comenzar a recoger firmas para solicitar la nulidad de esa ley, en caso de aprobarse en la Cámara Alta sin mayores discusiones”, adelantó.

JUNTAS MÉDICAS
Mientras tanto, los funcionarios policiales adolecen de otra problemática y en esta oportunidad refiere al desempeño de las juntas médicas al momento de evaluar el estado sanitario de un efectivo bajo licencia por enfermedad.
“A nivel nacional, hay más de 600 policías que se encuentran bajo junta médica, de los cuales unos 300 cobran el 65% de su salario. Algunos casos corresponden a daños contraídos durante el servicio o a problemas psicológicos debido al estrés por ejercer su función y que no han tenido un seguimiento de esas patologías a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este último caso, deben pasar por la evaluación de un psicólogo cada tres meses o un traumatólogo al año, según el nuevo protocolo”, consignó Álvarez. En todos los casos, “se debe tratar de capacitar y reincorporar al policía a sus funciones, tal como lo estipula la ley 18.405 y eso no se ha hecho”, agregó.
En Paysandú, esta situación afecta a unos treinta efectivos, quienes “resultaron evaluados por un psiquiatra y la comisión de seguimiento les da el alta, pero ese alta no es considerado por los médicos del Hospital Policial para que el efectivo retorne a su función. Hay un desentendimiento entre los especialistas y las evaluaciones realizadas por la junta médica nacional”. Para el dirigente, “no es necesario que le saquen el arma a un policía afectado psicológicamente, sino que muchas veces necesita un tratamiento con el especialista”.