Opinion | 28 Dic La actividad de las pequeñas empresas es un elemento dinamizador, aunque con incidencia dispar, a lo largo y ancho del mundo, pero su desempeño es especialmente importante en países como Uruguay, donde son contadas las grandes empresas a escala internacional. Es así que las pequeñas y medianas economías empresariales son elemento clave en nuestro esquema socioeconómico.
Un elemento de particular gravitación refiere al hecho de que son también las mayores proveedoras de empleo, por cuanto aproximadamente el noventa por ciento de las empresas uruguayas puede encasillarse en la categoría de PYME, que desarrollan actividades en las áreas industrial, comercial y de servicios, con escenarios diversos pero también con el común denominador de problemas que datan desde hace muchos años y que parten de la base de su escaso tamaño.
Uno de los déficit notorios, sobre todo en el caso de las microempresas, parte de la falta de idoneidad o formación en lo que respecta a la gestión de los emprendimientos, desde que el artesano, el herrero, el electricista, el carpintero, debe por lo general desdoblarse y dejar de lado temporalmente tareas propias de su oficio para encargarse de llevar adelante la parte empresarial, que le exige conocimientos en cuanto a gestiones ante determinados organismos e incluso otras empresas, y no siempre con buenos resultados.
En estos casos es vital contar con instrumentos de capacitación y asesoramiento, que en buena medida están encarando en algunas áreas el mismo Estado a través de organismos como la propia Dinapyme, (Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas), incluyendo acciones en apoyo a reconversión de personas que han quedado sin empleo. Aun así estos emprendimientos requieren de un mayor apoyo en asociaciones que los sustraigan del aislamiento y consecuentemente de su desventaja respecto a emprendimientos de mayor tamaño, que tienen otras posibilidades para desenvolverse.
Uno de los elementos a tener en cuenta en toda empresa tiene que ver con los costos operativos y de los insumos, especialmente en aquellas pequeñas empresas que recién asoman a la actividad, del rubro que sea, porque se encuentran ya en competencia por un mercado ignoto, en prácticamente todos los casos, y deben hacer frente al pago de servicios públicos y otras cargas que pesan gravosamente a la hora de enfrentar la ecuación económica.
En su momento se habló en la propia Dinapyme respecto a encarar gestiones para rebajar el costo de tarifas de servicios públicos como los que prestan UTE y OSE, que para estos pequeños emprendimientos resultan más costosos que para las grandes firmas, en desmedro de su rentabilidad. Esta iniciativa debería considerarse seriamente si se tiene en cuenta que se trata de pequeños emprendimientos productivos o de servicios con escaso apoyo, mientras los propios organismos oficiales estimulan con consumos y conexiones gratuitas a beneficiarios de canastas del Mides, que son doblemente subvencionados por el Estado y por todos los uruguayos, a los que en buena medida, quiérase o no, se les inculca que pueden vivir de los demás sin dar nada a cambio.
Pero también la presión tributaria tiene como una de sus consecuencias más notorias e inmediata el pasaje de más empresas al informalismo, que es un mal endémico de nuestro país, pese a que se ha avanzado significativamente al respecto en la última década. Resulta a todas luces muy negativo que en áreas que captan la mayor fuerza laboral del país nos encontremos todavía con altos porcentajes de informalismo, desde que esta irregularidad se manifiesta en forma perjudicial en todo el esquema socioeconómico del país.
Así, conspira contra el sistema previsional y la obtención de recursos por el Estado, pero a la vez perjudica abiertamente a trabajadores dependientes y las propias empresas en infracción, por cuanto los dependientes tendrán con el tiempo serias dificultades y hasta la imposibilidad de acogerse a los beneficios jubilatorios, al Seguro por Desempleo y servicios médicos, entre otras prestaciones del sistema.
Se infiere por lo tanto que con el informalismo todos perdemos, empezando por los que están directamente en omisión pero también los aportantes de siempre al sistema, que se ven recargados en sus aportes para sostenerlo.
Para que se dé este estado de cosas se conjugan una serie de factores, en donde incide especialmente que no se haya logrado avanzar todo lo que sería de desear en diseñar un sistema incluyente que resulte más atractivo para miles de personas que siguen trabajando fuera de la legalidad. Debe tenerse presente que en su mayoría las microempresas y los cuentapropistas lo que obtienen como rentabilidad apenas les da para subsistir y por lo tanto no cuentan con margen para poder estar al día con los aportes. De todas formas, se crea además una competencia desleal entre quienes aportan y quienes no, y es por tanto explicable que haya empresas que hayan considerado que integrarse parcialmente al trabajo en negro les genera una forma de poder competir con quienes a la vez trabajan con menores costos al estar al margen de la legalidad.