Opinion | 26 Dic Pese a que ha comenzado hace unos años, ante resultados insatisfactorios, UTE desde hace un tiempo está profundizando los denominados planes de inclusión para los sectores de menores ingresos que puedan estar “colgados” del servicio eléctrico, y en este sentido de acuerdo a las autoridades del organismo uno de los objetivos es minimizar las “pérdidas no técnicas” que registra el ente. El sistema está en marcha en Paysandú, para lo que se cuenta con el trabajo de asistentes sociales contratados para hacer la cobertura correspondiente. En base a este relevo se entiende que estos “clientes” se habrán de integrar al circuito formal de consumo con medidores y una tarifa diferencial.
Según dijo a EL TELEGRAFO Luis Margenat, gerente comercial de la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), “en Paysandú estimamos en tres los barrios que deben tener entre 600 y 800 viviendas, los barrios Río Uruguay Norte y Sur, y el barrio Curupí. La idea es trabajar el año que viene con el objetivo de llegar al menos al 50% de cumplimiento en esos barrios con alguna de las modalidades de inclusión que están previstas. Y tanto en Paysandú como en toda la zona norte (cuya gerencia está en nuestra ciudad) tenemos un nivel de pérdidas que no es muy importante, pero hay algunos puntos”. Según el jerarca, mediante estas acciones se podrá reducir “las pérdidas que nos quedan en esas zonas y alguna cosa más que hay que seguir buscando”.
Pero en el marco de estos objetivos, UTE contempla actuar de maneras diferentes, de acuerdo al perfil de quien esté en infracción o cometiendo el delito (porque estar colgado, sin lugar a dudas, es cometer robo de electricidad), y es así que Margenat consideró, al ser consultado sobre si en estos casos de “pérdidas no técnicas”, como enganches o intervenciones ilegales, hay grandes multas, que “en los segmentos de vulnerabilidad económica trabajamos con algunas medidas paliativas para evitar las multas y deudas. Y además tiene un sentido de visión al futuro para trabajar determinadas cosas, dejando incluso algunos montos congelados y viendo el cumplimiento del contrato que tendrá con UTE. Pero en las otras inspecciones entramos fuerte porque si hay irregularidad, se aplica todo el rigor y hablamos de familias pudientes, comercios o industrias”.
“Tenemos un plan permanente en la empresa que se resuelve a nivel comercial, que es el abatimiento de lo que llamamos ‘pérdidas no técnicas’ (las pérdidas técnicas son las que se generan por la propia transformación y distribución de la energía), que están vinculadas a conexiones directas a la red o a intervenciones de los medidores, lo que popularmente se llama fraude. Ese plan es permanente. Nosotros tenemos todo segmentado y trabajamos muy fuerte sobre los clientes de mediano y gran porte, así como sobre otros clientes residenciales”, explicó.
Si bien el foco es combatir el robo, dijo que está de por medio la de la vulnerabilidad socioeconómica, “cuyo foco es incluir a las familias en la formalidad”, en cuyo contexto se ha incluido el cambio de medidores, sacando de circulación los medidores mecánicos, teniendo en cuenta que los de nueva generación no solo tienen una medición mucho más sensible, sino que hay un abismo en cuanto a seguridad, aunque igualmente hay “especialistas” en distorsionar la lectura del consumo.
Luis Margenat explicó que se trabaja “con una filosofía de inclusión social”, esto es tratar de llevar a esas zonas (carenciadas económicamente) la energía eléctrica sobre la base de acuerdos que favorezcan la entrada al sistema formal, ante el objetivo de que los potenciales clientes de esas zonas vayan regularizando su situación. Se trabaja en planes con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con organismos del gobierno central y también con las intendencias para lograr regularizar la mayor cantidad de servicios.
Es así que se ha detectado que hay más de 50.000 “colgados”, en todo el país, de los cuales unos 800 en Paysandú, a los que se suma alguna empresa que está en infracción, y algunos clientes de zonas residenciales que también manipulan medidores para pagar menos en la factura mensual.
Es decir que estamos también ante infracciones y delitos, pero no se utiliza la misma vara ante los “delincuentes” o infractores, sino que a los “colgados” el organismo se les da asistencia social, se les aconseja que no lo hagan más porque parece que “no saben” que está penado por la ley, y a la vez el convenio entre UTE y Mides implica el desarrollo de la ya existente “Tarifa de Consumo Básico” (TCB) a quienes sean titulares de una tarjeta de Uruguay Social del Mides. Es decir, se les da plata y apoyo de todo tipo para tratar de integrarlos a la sociedad, y aunque se los encuentre robando a una empresa del Estado --o sea, a todos los uruguayos, que son quienes pagan los beneficios que esa gente recibe--, aún en reiteradas oportunidades, se les vuelve a perdonar y sin que les cueste nada. Ni siquiera se les retira la tarjeta del Mides, con la cual se les sigue regalando.
Pero al mismo tiempo, a los otros clientes a los que se encuentra falseando la medición, o a las empresas que tal vez traten de subsistir con una factura mensual menos onerosa, se les aplican durísimas multas y todo el peso de la ley.
De la misma forma, miles y miles de usuarios que pagan sus consumo como pueden, pese a sus menguados ingresos económicos, no tienen las mismas prerrogativas que estos clientes de los sectores “excluidos”, y si no pagan en tiempo y forma se les corta el servicio sin más, lo que conlleva que esta “discriminación positiva” no es más que discriminación grosera hacia los sufridos clientes del organismo que perciben magros ingresos respecto al costo que tienen las tarifas.
Y éstos, si se les encuentra en infracción, son tratados poco menos que como delincuentes, algo muy distinto al concepto de “pobrecitos” y los mil y un argumentos para tratar a los residentes de los barrios en los que se roba abiertamente la electricidad que pagamos todos.