Opinion | 02 Ene El explosivo crecimiento de la forestación en nuestro país ha traído aparejada la disponibilidad de madera en grandes cantidades para las plantas de celulosa, con una superficie implantada que se va aproximando al millón de hectáreas, en un país que hasta la década de 1980 y a impulsos de la Ley de Desarrollo Forestal se encontraba con campos vacíos de árboles, salvo algunos –muy pocos-- bosques autóctonos.
A la vez de materia prima para el abastecimiento de celulosa, las grandes plantas de elaboración de este producto de exportación cuentan con gran volumen de desechos forestales, especialmente aserrín, lo que ha permitido que los grandes emprendimientos complementaran sus instalaciones con la incorporación de plantas generadoras de electricidad en base a la biomasa. Por ello cuentan además con una usina para abastecimiento propio con la posibilidad de vender excedentes eléctricos a UTE.
Pero los proyectos de generadores de este tipo no se limitaron a los grandes productores de desechos, sino que también se plantearon proyectos para construcción de plantas en otros puntos --como es el caso de Paysandú--, mediante usinas que utilizan aserrín como energético pero que venden electricidad en el mercado “spot”, es decir cuando el precio que paga UTE les significa rentabilidad, al hacerlo al valor más caro en que el ente compra la electricidad en el mercado.
El punto es que hay escenarios cambiantes en materia de energía, y no necesariamente lo que servía hace diez años es propicio hoy para que se encare este tipo de inversiones, sobre todo cuando últimamente ha aparecido el ingrediente de un acentuado descenso en los precios del petróleo y con ello del costo de la generación térmica en base a combustibles.
Actualmente en nuestro país, y de acuerdo a lo que da cuenta el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), la capacidad de generación de energía a partir de biomasa asciende a 406 megavatios instalados, lo que equivale al 13% del total en bruto producido en Uruguay. De acuerdo al ministerio la generación de energía se establece dentro de la política energética y se integra a la estrategia ambiental como un instrumento alineado con las reducciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que estamos ante emprendimientos comprendidos en el Protocolo de Kyoto para ser pasibles de subsidios y de apoyo para su desarrollo, por ser de interés ambiental. En suma, la biomasa forma parte de energéticos renovables que permiten la reducción de emisiones del sector eléctrico mediante la sustitución de fuentes fósiles, y en el caso de nuestro país, la idea es articular y compatibilizar “el eje de la política de gestión ambiental con el desarrollo del país”, según conceptos del director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, vertidas en el marco de un foro por el cierre del proyecto “Producción de Electricidad a partir de Biomasa en Uruguay” (Probio).
El jerarca del Mvotma consideró que el desafío para la institución ambiental es “trabajar junto con el sector forestal, productivo y de energía”, y en este sentido indicó que se han instalado varios emprendimientos de cogeneración asociados al aprovechamiento de residuos industriales, básicamente provenientes de la industria forestal y del arroz, en los departamentos de Artigas, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, Treinta y Tres y Colonia, en empresas como la estatal Alcoholes del Uruguay (ALUR) y las transnacionales Bioener y UPM, entre otras. Precisó que el aporte de energía al Sistema Interconectado Nacional en 2013 ascendió al 5,2% del total y la generación eléctrica bruta estimada al 13%, y explicó que como combustible, la biomasa renovable se considera dentro de un ciclo biológico, por lo que el proceso de generación de energía es considerado como de emisiones casi nulas de dióxido de carbono (CO2).
El proceso se explica porque el CO2 emitido por la combustión de la biomasa fue previamente absorbido por la masa vegetal y al ser devuelto al aire queda a disposición nuevamente para la vegetación, lo que representa una ventaja en comparación con el gas natural, el fueloil y el gasoil, y es por lo tanto contemplado específicamente en el Protocolo de Kyoto.
Paralelamente al aspecto fundamental de ser un energético renovable, y como todo emprendimiento que conlleva una inversión de riesgo, el uso de biomasa tiene como efectos asociados un incremento en la demanda de bienes y servicios que puede resultar en una disminución de importaciones, un aumento en la producción local y en la capacidad productiva, así como en la generación de nuevos puestos de trabajo, con el ingrediente nada desdeñable de que cada unidad de energía generada a partir de biomasa implica un ahorro de divisas por importación de combustible.
Aún teniendo en cuenta estos elementos, las acciones para la reconversión a energías renovables en el Uruguay tienen al fin de cuentas un firme liderazgo en la instalación de parques de aerogeneradores, que han dado lugar en los últimos años a fuertes inversiones, y que tienen las ventajas sí de contar con un impulsor como el viento en varios lugares del Uruguay, aunque como contrapartida se trata de una energía que no tiene la disponibilidad de toda la potencia instalada, aunque sí sirve especialmente para mantener reservas de agua en los embalses y reforzar la generación en horarios pico.
En cambio la biomasa sí está en condiciones de proporcionar toda la capacidad instalada, pero en estos momentos hay problemas de abastecimiento de desechos forestales, por cuanto las grandes cadenas forestales los utilizan en sus propias plantas, y hay lugares del país en que ha decaído la actividad de los aserraderos que generan buena parte de estos desechos, por lo que hay plantas que tienen un excesivo costo de flete para transportar estos desechos de gran volumen a sus depósitos, para el secado y uso en el momento adecuado.
Estamos por lo tanto ante un recurso que es muy valedero, que se suma a otros energéticos como el viento y la energía solar para ampliar la diversidad que necesita la matriz energética, pero que en los hechos ha sido algo relegado en la política energética por falta de estímulo en precios.
Todo indica además que con el petróleo en los precios actuales, pese a que se están instrumentando políticas de mediano y largo plazo, han decaído los atractivos para que los inversores se sumen en este tipo de energía, y los que aún están operando, tengan problemas para generar rentabilidad, lo que indica que hay un panorama con luces y sombras para esta energía renovable, y es preciso buscar caminos para potenciarla en nuestro país, por encima de coyunturas, para que sea realmente un elemento que sume diversidad a la matriz.