Opinion | 10 Ene Lamentablemente, por una razón o por otra --en base a los argumentos esgrimidos desde el ente y el gobierno, que fija los lineamientos por decisiones políticas-- desde hace muchos años los uruguayos estamos “habituados” y tal vez resignados, a tener los combustibles más caros de la región y también en uno de los primeros lugares a nivel mundial, cuando además importamos el cien por ciento del petróleo que consumimos. Aunque tenemos una refinería en La Teja, recientemente remodelada, a un costo de más de 800 millones de dólares.
El desplome de los precios del petróleo en las últimas semanas, que hace que el precio de referencia del que compra Ancap esté por debajo de los 60 dólares, es decir la mitad del precio de 110 dólares el barril, no ha permitido sin embargo para el ente trasladar esta rebaja o gran parte de ella al consumidor, sino que en las últimas horas el reajuste a la baja decidido por el ente fue de solo poco menos del 3 por ciento en las naftas y menos del 5 por ciento en el gasoil. En el primer caso determina que el consumidor solo haya recibido una rebaja de 1,20 pesos en el litro, con el petróleo a una cotización que es la mitad de cuando pagaba el valor anterior.
Muy, muy poco, y diríamos que es solo simbólico, aún comprando combustible al por mayor, porque siempre hay una razón para que al consumidor le toquen invariablemente las verdes y siga quedando al margen en las maduras, como es la situación actual.
Hace poco más de un año, más precisamente en setiembre de 2013, a propósito de una situación inversa, es decir un incremento en los valores de los combustibles en nuestro país como consecuencia de un alza en la cotización internacional, señalábamos que “no por haberse anunciado previamente que era inminente un reajuste en el precio de los combustibles, deja de sorprender ingratamente que la suba dispuesta por Ancap haya sido nada menos que de un diez por ciento, un nivel de suba desacostumbrado cuando el gobierno ha subrayado una y otra vez la necesidad de establecer procesos graduales de ajustes cuando es necesario, y que las subas anteriores se ubicaban por lo menos en la mitad del porcentaje dispuesto ahora”.
“Un diez por ciento, para una inflación anual de un dígito, del orden del ocho por ciento, es un valor impactante, y establece una especie de polea de transmisión inicial que se proyecta sobre todos los costos internos, aún de aquellos que naturalmente no adquieren directamente los combustibles de Ancap, por su efecto multiplicador en la economía”, expresábamos.
Estos conceptos son igualmente válidos para el escenario actual, desde que la “gradualidad” que no se aplicó para la suba sí se instrumenta ahora para la rebaja, con mucha parsimonia y pocas ganas, aparentemente, por cuanto en el mejor de los casos, la “verdadera” rebaja, si tenemos suerte, será en febrero, cuando Ancap concretaría las compras a un precio inferior al del último embarque, de acuerdo a lo manifestado a EL TELEGRAFO por el director Juan Gómez, aunque ello no es seguro y dependerá de los parámetros que se den entonces. En su momento, el argumento manejado para que exista el ente refinador de petróleo era que el tener una planta para refinado de combustibles es un factor de independencia, cuando seguimos dependiendo en un cien por ciento de la importación de petróleo, que a la vez nos da más naftas en el refinado de las que consumimos en nuestro mercado y menos gasoil del que se demanda. Por lo tanto estamos importando materia prima para desperdicio, teniendo en cuenta que reexportamos las naftas sobrantes a un valor inferior para poder tener un volumen de gasoil como el que necesitamos, por lo que mal puede hablarse de reducir dependencias si seguimos tan dependientes como siempre, y a la vez no ganamos ni un peso respecto a si importáramos directamente los combustibles que necesitamos.
Lo que sí no debe obviarse es que como ocurre en todo el mundo, los combustibles son una fuente de ingresos para el Estado, que recauda entonces recursos por este concepto, y por lo tanto los precios son artificiales y se obtiene dinero para sostener al Estado y a financiar gastos como los que ha tenido Ancap al margen del negocio de los combustibles, lo que le ha generado fuerte déficit en sus cuentas.
Ergo, no se necesita hilar muy fino para asumir que al establecer solo una rebaja simbólica el ente está generando un ingreso adicional de recursos para enjugar el déficit y --como siempre ha ocurrido-- el consumidor financia con un sobreprecio el costo de estas incursiones financieras del ente que tiene el monopolio en el refinado y comercialización del petróleo.
El Uruguay, como importador del cien por ciento del petróleo que consume, no puede sustraerse a los vaivenes internacionales del crudo, con un dólar que ha subido menos del 15 por ciento desde el último reajuste, pero además el ente tiene altos costos de producción por ineficiencias crónicas, incluyendo el aspecto laboral, con salarios muy altos para nuestro medio e ineficiencias de producción que se amparan en el monopolio para seguir aplicándolas sobre los consumidores, sin que éstos puedan evitarlas.
No puede extrañar entonces que en Brasil el precio de las naftas sea de menos de 29 pesos nuestros, contra los más de 40 en nuestro país, aún después de la rebaja, y que estemos en desigualdad de condiciones en cuanto al gasoil tanto con Argentina como con la región, y que por lo tanto estos valores afecten la competitividad y sean un impuesto y un costo adicional para todas las actividades del país, por vía directa o indirecta.
Es decir que además de erosionar el poder adquisitivo del ciudadano común, también se afecta la rentabilidad de las empresas, incluyendo a las que deben competir con sus exportaciones en el mercado internacional y en el mercado interno con los productos similares que se importan. Esto da la pauta de que en la dicotomía que se plantea ante la rebaja del crudo, se ha priorizado recomponer la caja de Ancap antes que generar un efecto beneficioso en la economía, seguramente porque el déficit del organismo es tan importante que se ha optado por el mal menor para el Estado.