Paysandú, Domingo 11 de Enero de 2015
Locales | 05 Ene El pasado 29 de diciembre, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 19.307, que regula la prestación de los servicios de radio, televisión y otras herramientas de comunicación audiovisual y que refiere a aquellos que proporcionan una oferta estable y permanente de señales de radio y televisión.
La norma detalla quiénes son objeto de regulación, la asignación de frecuencias, derechos de los periodistas, horarios de protección al menor, contenidos, prohibición de monopolios y la publicidad electoral gratuita. El Partido Independiente anunció que al comienzo de la próxima legislatura presentará un recurso de inconstitucionalidad vinculado a dicha ley, en tanto entiende que la asignación de publicidad gratuita --que se hará en relación a los votos obtenidos en la elección anterior-- requiere de una mayoría especial de dos tercios del plenario.
El senador electo, Pablo Mieres, dijo a EL TELEGRAFO que el gobierno actual ha aprobado “una serie de leyes inconstitucionales que probablemente se transformen en un récord y están relacionadas a un manejo poco cuidadoso de la forma, es decir, de la preocupación de cumplir con la normativa. Eso se tradujo en varias declaraciones de inconstitucionalidad que hemos señalado al gobierno al momento de votarlas”.
Mieres anunció que en febrero o marzo presentará “una acción de inconstitucionalidad contra el capítulo correspondiente a la publicidad electoral gratuita” y resaltó que la iniciativa parlamentaria “es hiperreglamentarista y muy estatista, porque reglamenta hasta el detalle la totalidad de los aspectos correspondientes a la expresión de los medios, todo lo contrario a lo que debe ser una legislación sobre medios de comunicación”.
El senador electo recordó que al finalizar el período 2014, el gobierno impulsó una batería de leyes en forma exagerada bajo su mayoría absoluta y precisó que durante 2015 se discutirá la ley de presupuesto. Anunció que el Partido Independiente votará “lo que le parezca bueno para el país y manejará con fuerza las diferencias”.
El presidente del PI, consignó que las mayorías parlamentarias que ostenta el Frente Amplio surgen “del sistema electoral y eso significa que no lo votó la mayoría de la ciudadanía, porque estuvo por debajo del 50% (en octubre), pero la asignación de bancas finalmente se la otorga” y puntualizó que su sector ha sido crítico en el ejercicio de esa mayoría.
ERRORES JURÍDICOS
La Cámara de Senadores aprobó --únicamente con los votos del Frente Amplio-- el polémico proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para solucionar el conflicto salarial desatado en el Poder Judicial. La Cámara Alta aceptó las modificaciones realizadas en Diputados y avaló la iniciativa que estipula un aumento salarial del 8%. Los diversos gremios de funcionarios del Poder Judicial y los fiscales reclaman un incremento que supera el 20%, tras la declaración de inconstitucionalidad de las normas que propiciaron el desenganche salarial de los ministros de la Suprema Corte de Justicia con relación a las remuneraciones de los ministros de Estado.
Según Mieres, en referencia a la solución parlamentaria, “el gobierno está equivocado, hubo errores jurídicos y legislativos que determinaron un resultado, que es el reclamo de los judiciales por un aumento que es ineludible, más allá de ser justo o no. La discusión jurídica es que el Poder Legislativo votó leyes que determinaron un enganche de los salarios y una vez transcurridas las instancias judiciales hay que pagarlo y punto. El gobierno ‘chicanea’ el pago y eso no está bien”, concluyó.
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