Opinion | 08 Ene A mediados de diciembre Perú fue sede de otra cumbre sobre cambio climático, la que tras postergaciones en su culminación debido a los términos del acuerdo final, dio lugar a un entendimiento para firmar un documento sobre cómo los países deben hacer frente a este desafío, en el que precisamente el problema radica en como compartir costos, más allá de las medidas a adoptar.
En el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático COP20 organizada por la ONU y realizada en Lima, Perú, los delegados aprobaron un marco para establecer compromisos nacionales que se someterán a una cumbre el próximo año, tras negociaciones que fueron difíciles, debido a las divisiones entre los países ricos y los pobres sobre cómo repartir la carga de compromisos para reducir las emisiones de carbono.
El acuerdo busca compromisos para frenar el calentamiento global y la polución y pide un “acuerdo ambicioso” en 2015 que refleje las “responsabilidades diferenciadas y las respectivas capacidades” de cada nación, así como que los países desarrollados proporcionen apoyo financiero a los países en desarrollo “vulnerables”.
Otros compromisos incluyen promesas nacionales de los estados listos para comprometerse, las que se presentarán en el primer trimestre de 2015, que los países establezcan objetivos más allá de su “compromiso actual”, y que el organismo de la ONU encargado de cambio climático informe sobre los compromisos nacionales en noviembre 2015.
Ocurre que el acuerdo se adoptó horas después de que un proyecto anterior fuera rechazado por los países en desarrollo, que acusaron a las naciones ricas de eludir su responsabilidad de combatir el calentamiento global y pagar por sus impactos. El acuerdo también restauró una promesa a los países más pobres de un esquema de “daños y perjuicios” establecido para ayudar a enfrentar las consecuencias financieras del aumento de las temperaturas. Sin embargo, se debilitó el lenguaje de las promesas nacionales y se cambió el “deberán” por el “pueden”.
A su vez los grupos ecologistas han criticado el acuerdo por considerarlo un compromiso débil e ineficaz, diciendo que debilita las normas internacionales sobre el clima. Sam Smith, director de política climática del grupo ambientalista World Wide Fund for Nature (WWF), dijo que “el texto pasó de débil a más débil y de más débil a realmente muy débil”.
Por cierto que en este esquema de los costos para asumir hay posturas e intereses encontrados, que son los que han obstado hasta ahora para que se pudiera alcanzar un acuerdo real que permita ser optimista en cuanto a los resultados de estas cumbres, porque además los diagnósticos sobre la situación no son coincidentes y mucho menos sobre plazos y desenlaces posibles de continuar las cosas como están. Las opiniones se dividen entre los tremendistas –entre ellos prácticamente todos los grupos ecologistas-- y los decididamente prescindentes que descartan las consecuencias que se han manejado en cuanto al calentamiento global y serios peligros que se abatirían sobre la humanidad. Pero no es menos cierto que debe imperar el sentido común, más allá de los intereses en juego, y que la voz cantante en esta materia debe llevarla la ONU, porque mientras se debate, y por encima de las opiniones de analistas escépticos –que son los menos-- no puede negarse que la altura del mar se eleva, que los niveles de nieve y hielo de los glaciares disminuyen y que la temperatura de los océanos y de la atmósfera sigue aumentando, por lo que el cambio climático es una realidad causada por el hombre, de acuerdo al planteo que llevó a la cumbre el Panel Intergubermamental del Cambio Climático (IPCC).
Por supuesto, en todo el entramado de las negociaciones y la lucha frente al cambio climático, la sociedad civil se presenta como un elemento clave, pero no hay unanimidad de opiniones e incluso de disposición para evaluar y acordar que se puede hacer para enfrentarse al cambio climático.
En este sentido, el informe del IPCC considera que la inacción determinaría efectos irreparables afectando con más fuerza el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la pobreza, y que en esta problemática inciden grupos de interés como los gobiernos, el sector privado, los investigadores y los académicos.
El punto es que precisamente al tratarse de un conflicto de intereses, más allá del análisis científico del escenario ante el que nos encontramos, los costos son la condicionante por excelencia en este proceso, porque además los principales contaminantes del medio ambiente son los países desarrollados, a través de las emisiones de gases producto de procesos industriales, aunque en una u otra medida todos los países tienen su cuota parte de responsabilidad de una u otra forma en esta degradación.En cuanto a las medidas propuestas para hacer frente al deterioro, 830 científicos de todo el mundo a través del IPCC consideran que hay que recortar emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 y un 70 por ciento para 2050, pero para finales de siglo las emisiones deberían ser cero, por cuanto de otra forma los efectos serán graves para el medio ambiente y la seguridad alimentaria y agravaría situaciones de pobreza.
La cantidad de gases de efecto invernadero enviado a la atmósfera alcanzó un nuevo máximo histórico en 2013, según lo reveló la Organización Meteorológica Mundial, y es así que el dióxido de carbono ha aumentado su concentración a un ritmo que no se observaba desde hacía treinta años, y al mismo tiempo los niveles de nieve y hielo siguen descendiendo. Si se consiguieran emisiones nulas para fines de siglo, en forma gradual se podría llevar el aumento de la temperatura a dos grados, y ese es el objetivo que se ha trazado.
Lo que no es nada fácil de lograr, por cierto, porque implicaría sobre todo cambiar el modelo energético, económico y financiero mundial, de acuerdo a estimaciones, lo que aparece como muy difícil de lograr siquiera en el mediano plazo, mientras sigue creciendo la demanda de energía, y mucho menos asumir el desafío de que los países ricos puedan sostener su ritmo de vida con este cambio.