Opinion | 15 Ene Recientemente el presidente electo Tabaré Vázquez, tras reunirse con sus futuros colaboradores en el gobierno y allegados, anunció que ha decidido que representantes de la oposición no integren los directorios de los entes autónomos y otros organismos del Estado, que quedarán en manos de personas de su confianza, contrariamente a lo que aconteciera durante la administración de José Mujica, quien convocó a la oposición a nombrar representantes en los organismos del Estado.
Constitucionalmente, Vázquez no está obligado a dar participación a representantes de la oposición en estos organismos, por lo que su decisión se encuadra en el marco institucional del país, aunque ello puede interpretarse como una decisión exclusivista, que deja sin representación a la mitad del país, de acuerdo con los resultados del último acto eleccionario.
A la oposición no le cayó nada bien la decisión de la futura administración de no tenerla en cuenta para integrar la conducción del Codicen, ASSE y el Banco de Previsión Social, y consideraron como muy endebles los argumentos del mandatario electo para justificar su postura.
Es decir que hay evaluaciones que son encontradas en cuanto al tenor de la decisión, porque legalmente Vázquez está en su derecho, pero en cuanto al mensaje a transmitir a la oposición y al país todo, las señales son contradictorias.
No le hace bien al país el gobierno de un solo partido, por más legítimas mayorías que tenga, por cuanto las unanimidades no son positivas como regla general y es pertinente hacer lugar a las voces disidentes, llegar a decisiones que contemplen a las partes y permitan atender el amplio abanico de posibles situaciones y opiniones.
A la vez, Vázquez argumentó que una de las razones por las que no invitaba a la oposición a integrar esos organismos es porque ello no es necesario al haber representantes sociales, lo que es un grueso error de concepto. No es lo mismo una representación social que el representante de una corriente de opinión, desde afuera de los intereses en juego.
En el caso del Codicen, con una enseñanza muy alicaída, el mantener la línea en curso no es un mensaje esperanzador ni nada que se parezca, por cuanto hay una excesiva impronta de injerencia de la representación gremial, que suele plantear propuestas que responden a sus intereses y no al interés general. Y ese es precisamente el aspecto ausente cuando se señala que la oposición y la representación de las organizaciones sociales es la misma cosa, cuando es sabido que ejercer el control no es tarea de las organizaciones sociales, sino de los partidos.