Opinion | 12 Ene El gobierno brasileño, con una balanza comercial con saldo negativo de U$S 3.930 millones por primera vez en 14 años, anuncios de ajuste fiscal con recortes de los subsidios a los bancos públicos, mayores tasas de interés en el Banco de Desarrollo Estatal (Bndes) y duros límites a los beneficios de seguro de desempleo y pensiones, no tiene en su agenda la regulación del mercado de la marihuana. Obviamente que la agenda del gabinete de Dilma Rousseff deberá priorizar sus acciones durante 2015, en tanto será un año con magro crecimiento económico.
Esta “mujer dura, cercada de hombres blandos”, según declaró en 2009, sostiene un marcado perfil técnico de economista que le permite resolver sin dificultades que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.
A pesar de que un grupo de legisladores cariocas destacan que la liberación de las drogas serviría para descomprimir el sistema carcelario, el ministro de Justicia sostiene que alcanzará con la creación de un buen sistema de medidas cautelares como el monitoreo eléctrico, la aplicación de penas preventivas y la construcción de nuevas cárceles.
Con la existencia de estructuras poco acordes y escasa aceptación cultural a la legalización de las drogas, el gobierno del norte prefiere no innovar.
El caso uruguayo comprobó un aumento en el consumo de cannabis que, con regulación o sin ella, se observa desde hace años junto a una baja percepción del riesgo del alcohol. Esta problemática que atraviesa a la sociedad sin distinguir clases sociales, mantiene activa a la Junta Nacional de Drogas, que lanzó una campaña de prevención con énfasis en el aumento de la percepción de riesgo del consumo excesivo de ambas sustancias.
El circuito de promoción se amplió a departamentos del litoral, como es el caso de Paysandú, además de balnearios del Este y la Costa de Oro, con presencia en Carnaval y otras fiestas masivas en el año para sensibilizar a la sociedad y que sea parte de la solución, según sus autoridades.
O sea que, una vez regulado el mercado sin las estructuras sociales ni de atención sanitaria adecuadas a la drogodependencia a nivel nacional, el problema pasa a ser “de todos”, en tanto se refieren a formar parte de “una solución”.
Al presidente electo Tabaré Vázquez le rechina lidiar con un asunto que socava su ética, si se toma en cuenta que impulsó bajo su primer mandato una dura política contra el tabaquismo. Con resultados que se medirán a largo plazo, alcanzará ese lapso de tiempo para comprender que ya existe una importante franja etaria que dejó de consumir marihuana y pasó a probar cocaína. Solo resta que las autoridades abandonen sus escritorios y salgan un poco más a las calles por las noches, se mezclen con los jóvenes y observen su consumo. Eso, que va más allá de las estadísticas, es un ejercicio que deberían llevar a la práctica para comprender que “no estábamos preparados”. De hecho, se han retrasado algunos aspectos de la ley referente a la venta de cannabis en farmacias. Y es solo una de las tantas normas legales que ha costado aterrizar.