Opinion | 17 Ene Tiene razón el gremio Unión Ferroviaria, cuando a través de un comunicado extiende un duro reclamo al gobierno para la recuperación del ferrocarril, en el que advierte que en nuestro país se registran dos descarrilamientos ferroviarios al mes, “producto, en su mayor parte, del caótico estado de las vías”. A la vez de señalar que “los descarrilamientos acarrean gastos de cientos de miles de dólares en reparación de vías y material rodante, y muchos días anuales de suspensión del tráfico por esos trabajos”.
Indica además que “la reconstrucción de las vías con técnicas modernas es una inversión que dura 25 a 30 años con un mínimo mantenimiento. Deberían ser las vías ferroviarias la prioridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, y considera que “continuar gastando millones de dólares en las rutas, que sabemos serán destruidas en poco tiempo por el alto tránsito, sin pensar y aplicar estrategias que frenen este círculo vicioso, es prolongar la agonía de la logística del transporte de cargas que sufre el Uruguay productivo”.
Las reflexiones de los dirigentes gremiales son de recibo, si se tiene en cuenta que el ferrocarril está ausente desde hace años --ya décadas-- en el esquema logístico de Uruguay, pese a que es un medio clave para, por ejemplo, sacar la madera de los montes hacia las plantas de celulosa y los aserraderos, en complementación con el ferrocarril y el transporte fluvial, en el marco de un sistema multimodal bien aceitado.
Poco después de asumir, el presidente José Mujica anunció que tenía un proyecto, o por lo menos una idea, viable para recuperar el ferrocarril, al punto que tenía entre sus objetivos hacer que --en unos seis meses desde iniciado su gobierno-- los trenes de carga pudieran circular a 60 kilómetros por hora en nuestro país.
El punto es que hay lugares donde el tren no circula ni a diez kilómetros por hora, simplemente porque no llega o las vías han quedado abandonadas, porque finalmente no hay ningún plan valedero para recuperar el ferrocarril y lograr inversiones extranjeras para recuperarlo, a falta de recursos del Estado. Pero la Unión Ferroviaria, lamentablemente, también ha sido parte del problema, al oponerse sistemáticamente a determinados proyectos que se propusieron en su momento, porque eventualmente significaban el pasaje total o parcial de AFE a manos privadas o por asociaciones con privados. Consideran que una reconversión de esta naturaleza podría poner en peligro los puestos laborales del sector, donde hay todavía muchos ferroviarios que siguen redistribuidos en otras dependencias o en sus casas, cobrando igualmente.
Para llegar a cristalizar la postergada recuperación y modernización del ferrocarril se requiere también un cambio de actitud, desde el propio sindicato, y asumir que quien invierta en este proyecto, apuntará a que el tren sea rentable, eficiente y con un número de trabajadores acorde a los requerimientos de un servicio moderno, muy lejos del perfil que ha tenido AFE durante décadas, por cierto.