Opinion | 14 Ene Hay temas en los que en el Uruguay existe un rezago crónico, con una brecha sostenida y muy difícil de revertir entre demanda y oferta, como es el caso de la disponibilidad de vivienda de interés social, lo que se reedita en cada gobierno y ocurrirá también precisamente durante la administración del que va a asumir el próximo 1º de marzo.
Es que el acceso a la vivienda propia es todavía un desafío muy difícil de afrontar para decenas de miles de familias, porque en muchos casos hay grupos familiares para los que pasan los años y las décadas, y sigue inalcanzable el objetivo del techo seguro ante la brecha entre sus ingresos y el costo de la compra o la construcción de la unidad habitacional de interés social.
Este concepto es válido aún teniendo en cuenta la vigencia de programas y posibilidades que el Estado procura generar, porque no debe perderse de vista igualmente que se están instrumentando programas y líneas de crédito con un componente estatal de subsidios que atienden las situaciones más complicadas desde la problemática social.
Hay evidentemente un mar de situaciones en este común denominador de dificultades de acceso al techo propio, pero también hay una amplia gama de posibilidades, con diferentes grados de subsidios y el adicional del trabajo de los propios interesados por el sistema de ayuda mutua y de autoconstrucción, que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) desarrolla por su cuenta y por convenios con las intendencias departamentales. Tal es el caso de la de Paysandú, en tanto paralelamente existe la posibilidad de integrarse a cooperativas de vivienda para encarar en forma colectiva y con apoyo en fuertes subsidios, la construcción de la casa propia.
Así lo han hecho miles de familias en nuestro departamento, que desde la década de 1970 fundamentalmente han logrado el acceso a la vivienda por esta vía, a lo que debe agregarse la gran obra que ha encarado por más de medio siglo el Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), con más de veinticinco mil soluciones habitacionales en el medio rural desde su creación.
Por lo tanto no puede soslayarse en esta problemática que hay respuestas en marcha, que igualmente siguen siendo insuficientes, porque la brecha es grande y ello se traduce en que la demanda presiona sobre los alquileres, que en nuestro país resultan muy gravosos en comparación con el nivel promedio de ingresos, y lo que se requiere es que la cuota o la inversión en vivienda permita costearse su propia casa en lugar de volcarla a la renta de una unidad habitacional para cualquier núcleo familiar, aunque el problema mayor se plantea para quienes tienen que alquilar y al mismo tiempo intentar construir o acceder a una vivienda propia por el plan que sea.
Y con un déficit estimado en el orden de las 100.000 unidades habitacionales en todo el país, no hay respuestas todavía de una contundencia tal que permitan estimar que en determinado lapso pueda reducirse en la medida de las necesidades este déficit, por mejor intención que se tenga.
Y aunque en un razonamiento primario es de recibo que se asuma que naturalmente, se trata de una falencia que solo se arregla con más viviendas, lo que es cierto, a la vez también hay alternativas complementarias o sustitutivas que refieren a la recuperación o reciclaje de unidades habitacionales que por su estado están desaprovechadas o abandonadas. En una u otra medida, esta problemática comprende a miles de familias que residen en viviendas cuya calidad de construcción no ha sido la mejor, y no disponen de recursos para mantenimiento o acompasar el crecimiento del núcleo familiar, lo que hace que se requiera reparación, remodelación o ampliación.
En este escenario, hay demanda de dinero para solventar estas necesidades que si bien no llega a la magnitud de los requerimientos del acceso a la vivienda nueva, conllevan sí compra de materiales y contratación de mano de obra, acompañado de determinado proyecto si la obra es de mayor envergadura. Y como estamos ante un tema de dinero, de ingresos y de retorno, las soluciones requieren instrumentar créditos accesibles o planes especiales para refacción y recuperación, a plazos y tasas de interés razonables para atender requerimientos de sectores que no tienen posibilidades, sin herramientas de crédito disponibles.
Parte de estas necesidades están siendo atendidas por ejemplo a través de los préstamos que otorga el Mvotma en coordinación con la Intendencia Departamental de Paysandú, como en otros departamentos, y ello ha llevado a que unas cuatrocientas familias hayan tenido acceso a créditos para rehabilitación de vivienda urbana y suburbana, con determinados requisitos de ingresos y necesidades del núcleo familiar, situación legal de la vivienda, entre otros aspectos.
Hay igualmente aspectos pendientes cuando se trata de la solución habitacional, que no solo pasan por recursos para construir, terreno y servicios disponibles, o capacidad de trabajo o tiempo disponible del núcleo familiar en algunas líneas. En el caso de las líneas de autoconstrucción y ampliación, entre otras posibilidades, uno de los mayores obstáculos con que tropiezan los interesados son los requisitos de regularización de la propiedad, por cuanto un gran porcentaje de las viviendas se encuentra en situación irregular.
Ocurre que enmendar estos problemas no solo insume una cantidad considerable de dinero, del que por regla general no disponen quienes están en esta encrucijada, sino que se plantean demoras en trabajos de profesionales y trámites que muchas veces resultan disuasivos para los interesados. Los tiempos se eternizan, hay que seguir pagando el alquiler mientras tanto y, a la vez, los terrenos disponibles suelen situarse en la periferia de la ciudad, con problemas en servicios y a un costo que igualmente resulta prohibitivo por quienes aspiran a lograr la solución habitacional.
Por lo tanto, hasta ahora seguimos ante respuestas parciales, que requieren mayor apoyo en créditos de mayor plazo y alcance, en lo posible con algún grado de subsidio del Estado cuando las circunstancias así lo demanden, aunque siempre en el entendido de que resulta imposible tener una solución a medida de todos los afectados por la problemática.
Ante esto, el nuevo gobierno debería desde ya --posiblemente ya lo esté haciendo-- formular una evaluación y puesta al día del escenario de la vivienda en el Uruguay y los instrumentos disponibles, para reformular políticas en la materia, en lo posible ampliándolas y complementándolas con otras opciones que atiendan una realidad muy diversa y compleja, pero que requiere la máxima atención, porque pasa por atender un derecho inalienable de los uruguayos.