Opinion | 15 Ene El pedido del Poder Ejecutivo a las autoridades de UTE para que, en lugar de un aumento del 3,9 por ciento desde enero, el reajuste prácticamente se duplique y se sitúe en el 7 por ciento, da cuenta de que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se advierte que hay necesidad de hacer caja a través de las empresas del Estado, caso también de la reciente rebaja simbólica de los combustibles dispuesta por Ancap cuando el precio internacional del petróleo ha caído en un pozo.
Es decir que el déficit fiscal que se ha intentado minimizar como factor de distorsión desde el oficialismo en la campaña electoral preocupa seriamente, sobre todo cuando hay de por medio un enlentecimiento de la economía mundial y regional, y las condiciones ya no son tan tan favorables como años atrás.
Además del inminente aumento de las tarifas de UTE, la rebaja que días atrás concretó Ancap, demorada y menor a lo esperado en función de la caída del precio del barril de crudo --que ayer cerró a US$ 46,59 cuando la referencia es US$ 60, con un dólar a $ 24,30-- ha contribuido a disparar un debate a nivel técnico y político sobre el uso de las tarifas por el gobierno para hacer un “ajuste fiscal” encubierto y así sostener el déficit de las cuentas públicas.
Es que por más vueltas que se le de, la rebaja del 2,8% en el precio de las naftas y del 5% en el gasoil en un escenario de verdadero derrumbe de los precios del petróleo es a todas luces insuficiente, y a la vez hay una contradicción entre la anunciada alza de las tarifas eléctricas, del 6,9 y los anuncios de octubre de 2014 del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, aduciendo que el bajo costo de generación eléctrica en un año de abundantes lluvias permitiría incluso una rebaja del 5% en diciembre o enero.
En esta materia no hay nada nuevo bajo el sol, porque las empresas públicas monopólicas han sido tradicionalmente una fuente adicional de ingresos para el Estado, porque son fuente de recaudación rápida, y en el caso de Ancap la mitad del valor corresponde a impuestos, por lo que está a mano una caja fácil para Rentas Generales a fin de tapar agujeros y socorrer a las finanzas públicas cuando el gasto se ha tornado desmedido, por lo menos en forma coyuntural.
De acuerdo a voceros de la oposición, la única justificación para que suba UTE es que “tienen que recaudar para hacer caja para la futura administración”.
“El año pasado el costo de generación fue muy bajo, hay un uso de energías renovables importante, producto de un acuerdo multipartidario y hay un Fondo de Estabilización. Tenemos los combustibles más caros de la región y lo mismo pasa con la tarifa eléctrica, que es cara y que ahora nos desayunamos que en vez de bajar, subirá”.
Estos conceptos son por cierto un buen resumen de situación, cuando ya han transcurrido las tensiones y distorsiones que implica todo acto eleccionario, y el escenario debe sincerarse para dar paso a los ajustes o no que deberá incorporar la administración que se instalará el 1º de marzo, aunque sea del mismo partido político, y por lo tanto los acuerdos deberán hacerse calladamente para no pagar costos políticos.
Pero los hechos hablan por sí solos, teniendo en cuenta los elementos expuestos, y surge claramente la necesidad de recaudar a través de las tarifas públicas. Esto a la vez da cuenta de las pautas en política económica, por cuanto --como es sabido-- los precios congelados de las tarifas contribuyen a contener la inflación y un reajuste significativo tiene el efecto opuesto, es decir “recalienta” los elementos inflacionarios en la economía.
En este sentido, el diputado nacionalista Pablo Abdala ingresó el lunes en el Parlamento un pedido para que la Comisión Permanente legislativa reciba la semana próxima al ministro Kreimerman para que explique la rebaja de los combustibles, que consideró “irrisoria”, dada la caída del petróleo. “Se está procurando generar un colchón fiscal aunque se disfrace de otra cosa”, consideró.
El senador electo del Partido Independiente, Pablo Mieres, comentó que “evidentemente se sigue profundizando la mala práctica de usar las empresas públicas como instrumento de política económica. Ancap está en una situación patrimonial complicada y la baja del petróleo le vino bárbaro para hacer caja” aplicando una rebaja pequeña, comentó. Mieres también percibe que se utilizan las tarifas de UTE para mejorar las cuentas fiscales.
Es que los últimos datos fiscales correspondientes a noviembre pasado indican que el déficit de las cuentas públicas asciende a 3,6% del Producto Interno Bruto. Por su lado, el exministro de Economía colorado, Isaac Alfie, escribió en Twitter la semana pasada que “la nafta debió bajar unos $ 7 más y el gasoil alrededor de $ 10,50 adicionales”. De acuerdo con sus cálculos, el ajuste fiscal ya procesado a través de los cambios en las tarifas públicas y las modificaciones en las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas equivale a 1,35% del producto, según da cuenta El País.
En el 3,6 por ciento de déficit global se inscribe que en 2013 las pérdidas de Ancap llegaron a US$ 167 millones y la mayoría oficialista de su directorio las atribuyó al alza del dólar, las inversiones en la renovación de las plantas de cemento y la construcción de una fábrica de etanol, entre otros motivos.
La baja del petróleo, que no se ha reflejado en el bolsillo de los uruguayos ni en la economía de las empresas, ha sido la oportunidad que vino caída del cielo para recomponer parcialmente estas cuentas, por cuanto cada semana que transcurra sin que se actualicen los precios al público permitirá que el ente recaude millones de dólares adicionales para hacer frente a sus números en rojo, lo que puede hacer porque como empresa monopólica no tiene competencia y puede seguir siendo ineficiente y con tarifas fijadas a su antojo, mientras seguimos teniendo los combustibles más caros de la región y entre los más altos del mundo.
Son precios a pagar, prioridades a determinar, y por cierto que todo indica que --por ahora-- antes que la inflación y la mejora de la economía están las cuentas del Estado, lo que a juicio del Ministerio de Economía es por ahora el mal mayor a combatir.