Opinion | 19 Ene El economista Gabriel Oddone, socio de la consultora GPA Ferrere e integrante de Nueva Agenda Progresista, dijo el año pasado en la Expoactiva que en Uruguay “no hay una crisis por venir, pero hay claramente un evento de cambio de ciclo porque el país está transitando una fase de mucha aceleración a una de menor crecimiento. Allí sugirió que la economía uruguaya necesita un “ajuste de precios” para “abaratarse” y anticipó que la situación fiscal “va a permanecer algo fragilizada”. Tales afirmaciones provocaron la reacción del presidente José Mujica, quien en el mismo lugar señaló que Oddone “no se subió a un arado en su vida ni en pedo”.
Varios meses después, más precisamente al cierre de la semana pasada, el mandatario reconoció que “existe cierto margen de prevención fiscal. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre en el horizonte del mundo. Podemos tener afectados en el corto plazo algunos clientes importantes de nuestro comercio exterior, por lo que está pasando en el mundo. Y podemos sentir cierto grado de detracción en las compras”. Así explicó las razones del aumento de las tarifas de UTE por encima de lo esperado y quedaba al descubierto que la visión de los economistas –oficialistas o no-- son coincidentes.
El futuro ministro de Economía, Danilo Astori, defendió el uso de las tarifas públicas como un instrumento de la política económica, tanto para controlar la inflación, impulsar la competitividad o recomponer las cuentas públicas. Y esto va más allá de la viabilidad de los entes. De hecho, el organismo en cuestión demuestra una sólida posición ante las buenas condiciones de generación eléctrica y al descenso del precio del petróleo. Sin embargo, Oddone define esta política como un “esquema de almacén” bajo una modalidad perversa y con resabios de un país inestable de alta inflación. El asunto es que si ese país cambió y las situaciones externas son mucho más previsibles, no deberían existir razones para sostener este marco de precios como impuestos encubiertos que se presentan como resoluciones poco transparentes, en tanto se deciden de acuerdo a los vaivenes económicos.
Si las empresas públicas no se orientan específicamente a la eficiencia, continuaremos asistiendo a desempeños desiguales, con la existencia de gestores con experiencia técnica en algunas y políticos de escaso de relieve –pero con necesidad de impulsar a toda costa-- en otras. Eso influye en el resultado final, porque dará igual una cosa que la otra. De última, paga el pueblo uruguayo el costo de las decisiones que no se alinearon con la política global de austeridad y eficiencia que debió regir en los últimos años.
A la vez, echa por tierra cualquier afán por alcanzar la excelencia y tampoco –de última-- se valoran los buenos gerenciamientos, porque sus tarifas se usarán para controlar los desniveles provocados por otras cuentas públicas.
Ocurre que el “estadito paralelo” no se ha logrado regular. Es más, ni siquiera fue tema durante la última campaña electoral. Habría que hincar el diente por allí y que esos fondos empiecen a pasar por el Parlamento, la Ley de Presupuesto, y que reciban los controles o auditorías de los organismos pertinentes. Esa también es una manera de transparentar y equilibrar las cuentas públicas con un sentido de equidad hacia el propio Estado.