Opinion | 17 Ene La opción del gobierno de José Mujica de aumentar significativamente las tarifas de UTE pese a que el ente está generando electricidad a precios muy bajos en relación con otros años --por lo que estaría en condiciones de bajar las tarifas-- y la rebaja simbólica de los combustibles resuelta por Ancap --de poco más de un peso en las naftas-- indica que se ha apostado a recomponer las cuentas de las finanzas públicas por encima de mejorar la relación de costos para las empresas y los hogares, ante el déficit fiscal.
Esta decisión no es neutra, sino que naturalmente se traslada a los índices inflacionarios en el caso de la población en general y al denominado costo país para los empresarios, y por lo tanto afectando una competitividad ya en problemas.
No puede extrañar entonces que los sectores productivos hayan recibido mal las recientes decisiones tarifarias del gobierno y, al igual que la oposición, las vieron como un ajuste fiscal encubierto y una oportunidad desaprovechada para trasladar a la población los efectos de la coyuntura muy favorable en materia de generación eléctrica y el derrumbe del precio del petróleo.
Así, Washington Corallo, presidente de la Cámara de Industrias, dijo a El País que en materia de electricidad “somos el país más caro por lejos en la región. Estamos ante un hecho consumado. Esta no era la expectativa del sector industrial porque la energía eléctrica es muy importante en la estructura de costos de la industria”.
La Cámara de Industrias se reunió con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, quien señaló que tenía “otras ideas” para mitigar el impacto en el sector industrial. “Pero ahora entró de licencia por dos semanas. El ministro es muy inteligente pero hoy no tenemos interlocutor”, señaló Corallo.
Debe tenerse presente que en 2013 los grandes consumidores (que son solamente una parte de los usuarios industriales de UTE) representaron el 17,1% del monto de energía vendido por la empresa eléctrica en ese año. Y supusieron el 26,1% de la cantidad de energía vendida.
La reciente suba de la tarifa de UTE fue de 6,9% en promedio, y fue mayor para la categoría residencial simple y la residencial doble (correspondientes a los hogares) porque llegó a 7,3%. En el caso de la tarifa general (pequeñas y medianas empresas) y grandes consumidores, el alza fue de 6,4%. El industrial Gabriel Murara, exvicepresidente de la gremial, expuso que “tenemos el doble de precio que Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Brasil”.
“Era un buen momento para bajar porque el año pasado fue casi el de mayores lluvias en un siglo y estaban entrando las fuentes renovables y aún con la rebaja de 5,5% del año pasado estábamos carísimos”.
Murara evaluó que “no es de recibo” que el gobierno argumente que las tarifas eléctricas subieron menos que la inflación en 2014. “¿No podemos mejorar y rebajar? ¿No le piden más productividad al sector privado?”, se preguntó. El industrial comentó también que, pese a que se ha discutido en algunas oportunidades, “no hay nada para alentar el consumo los fines de semana en la industria”.
“Uruguay va a tener energía eléctrica y va a tener gas natural, pero el tema serán los costos y ya venimos con un problema histórico que lleva diez años”, sostuvo Murara. Los reclamos del industrial tienen una argumentación sólida, evidentemente, porque ya sea con poca hidraulicidad y justificando las subas en el alto costo de la generación térmica, o como cuando este año y el anterior, hay disponibilidad de agua en los embalses y resulta barato para UTE producir, siempre estamos en las verdes, con altos costos, en algún caso para que UTE no tenga pérdidas y en otro para hacer caja para Rentas Generales. Así, de una manera o de otra siempre se está afectando los costos de las empresas y de la economía doméstica, lo que a la vez realimenta los precios para que seamos un país caro hacia lo interno y lo externo.
Según se ha anunciado, en la segunda mitad del año estarán operativos los primeros contratos entre empresas privadas y generadores de energía eléctrica, también particulares, que la recibirán a través de las líneas de UTE, previo pago de peajes. De esta forma, las empresas ya no estarán tan condicionadas por las necesidades financieras de UTE o las fiscales del gobierno, explicó a El País José Luis Pou, quien ha actuado como consultor en estos proyectos.
Hace más de 10 años que la generación de electricidad está desmonopolizada, pero recién hace dos se fijaron los peajes necesarios para que las transacciones puedan comenzar a realizarse. Los peajes fueron fijados en un nivel que permite que se puedan comenzar a hacer negocios aunque tienen margen para bajar, consideró Pou. La transmisión y la distribución de energía siguen siendo un monopolio de UTE.
Las reacciones de otros sectores a la decisión del Poder Ejecutivo ha sido similar, en definitiva, por cuanto el presidente de la Asociación Rural, Ricardo Reilly, evaluó que la “baja de combustibles fue solamente simbólica. Estamos ante un ajuste fiscal encubierto para la población. Lo que pedimos no es ya que se bajen impuestos sino que se trasladen al consumo las mejoras” que suponen la baja del petróleo y de los costos de generación de UTE. Como consecuencia, se abaratarían fletes y costos. La caída del 60% en seis meses del petróleo debería traspasarse al sector productivo que sufre la caída en los precios de los granos, la soja y los productos lácteos, comentó Reilly.
Y no le falta razón, como así tampoco a quienes reclaman que alguna vez se hagan realidad anuncios como los que formularon en su momento --previamente a las elecciones-- jerarcas de UTE y del Ministerio de Industria, en el sentido de que incluso las tarifas de UTE iban a bajar por mejor disponibilidad de agua y la incorporación de energías renovables, o que por lo menos la caída a más del cincuenta por ciento de los precios del petróleo tuvieran una rebaja realmente en correlación con esta tendencia y no solo simbólica, porque además sería un factor beneficioso de arrastre hacia otros componentes de la ecuación de costos.
Pero a a esta altura, por una razón o por otra, por el déficit crónico en nuestro problemático y paquidérmico Estado, los uruguayos seguimos pagando culpas propias y ajenas, porque los problemas estructurales son muy serios y pueden con cualquier coyuntura, hasta con precios del petróleo regalados, como ahora, sin poder dar respiro a quienes día a día están en el trillo, generando riqueza para el país.